Según informa el ‘Grupo por los Derechos Civiles 15M de Zaragoza’, "la condena de prisión se verá suspendida a cambio de no cometer delitos durante un período de tiempo de unos dos años". La sentencia ha determinado una pena de 4 meses de prisión, 180 euros de multa y 90 euros de indemnización por resistencia y delito leve de lesiones. Los hechos se remontan al año 2022, como denunció la ‘Plataforma Social Rastro’ y como recogió AraInfo en la información ofrecida por nuestra compañera Rocío Durán en noviembre de ese mismo año.
Para el grupo de defensa de los derechos civiles, "los denunciantes han conseguido su objetivo y se condena a un vendedor ambulante por intentar sobrevivir". Con esta sentencia, "el abuso se ha consumado con una declaración ante el juez de unos policías que decían totalmente lo contrario que el acusado, pero su palabra, una vez más, vale más".
"Para quienes defienden el control policial, la represión y el castigo a quien intenta ganarse la vida como buenamente puede, todo en orden. Para quienes defendemos los derechos humanos y la justicia social para todo el mundo, es un pequeño desastre más que debemos denunciar como debería hacerse contra cualquier realidad de abuso de autoridad o violencia policial", añaden desde el colectivo.
Aunque condenado por resistencia y lesiones leves, Félix ha sido absuelto del delito de atentado. "La credibilidad que la justicia da a las declaraciones policiales, en esta ocasión, no llegaba como para creerse que una persona con un 52% de discapacidad y que camina con muletas hubiera sido capaz de agredir tan gravemente a un policía". Pero pese absolución del delito más gravoso, "ahí queda la condena, una más, para que sigan sentando precedente", se lamentan.
La actuación policial, y la posterior sentencia judicial, en ningún caso suponen solución alguna a una situación provocada, en última instancia, en la negación sistemática de la garantía y satisfacción de los derechos básicos de la ciudadanía. "Por supuesto, el problema de la reivindicación de más licencias en el Rastro, de la desigualdad social y de la pobreza siguen sin resolverse". El grupo de defensa de los derechos civiles lamenta que la única conclusión para la poder judicial, una vez más, es "que la policía tiene razón".
