Este viernes se ha reunido por primera vez, y previsiblemente última, la comisión de investigación sobre la prórroga, por cuatro años, del contrato del autobús urbano de Zaragoza concedida por el Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP) a la concesionaria Avanza con un valor de más de 400 millones de euros. "Ha sido una farsa, una pantomima", ha afirmado al término de las comparecencias la portavoz del PSOE, Lola Ranera. "Nos encontramos con un gobierno con total falta de transparencia. En una comisión de investigación que no da luz a absolutamente ninguna de las preguntas que teníamos", ha añadido la portavoz de ZeC, Elena Tomás.
Esta comisión de investigación, que se constituyó el pasado lunes, está integrada por los concejales del grupo municipal del PSOE, Chema Giral y Alfonso Gómez; la portavoz del grupo de ZeC, Elena Tomás; el portavoz de Vox, Julio Calvo; y por el PP, la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, y el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, que además la preside.
Veto de PP y Vox
Así, a las 8.00 horas de este viernes han comenzado las comparecencias con la actual alcaldesa Natalia Chueca, quien en el anterior mandato fue la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad y por tanto quien decidió la prórroga. También han acudido María Altolaguirre, titular de la asesoría jurídica municipal entre 2019 y 2023; la portavoz socialista, Lola Ranera; y Luis García Mercadal, coordinador de Servicios Públicos en la pasada legislatura.
Un total de cuatro comparecientes "de los hasta veinte que propuso Zaragoza en Común" y que han sido vetados por el PP, y también por Vox que "votaron en un principio por esta investigación, pero ha quedado demostrado que no tenían ningún interés en saber el porqué se había hecho la prórroga del contrato a Avanza", ha denunciado Elena Tomás. Desde las filas del PSOE también han levantado la voz por este bloqueo. Entre los comparecientes pedidos por el PSOE, y que han sido vetados, se encontraban el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la actual responsable de movilidad y encargada de firmar la prórroga del contrato, Tatiana Gaudes. "¿Qué esconde el PP con esa prórroga?", ha advertido Lola Ranera.
Tomás: "Una comisión que nace muerta"
Elena Tomás ya anunció que esta comisión "nace muerta", alertando de que "está pasando algo muy grave en el Área de Movilidad, no funciona bien, hemos destapado un problema y ahora no hay voluntad de saber". A ZeC le preocupa que Avanza "no está dando un buen servicio a la ciudadanía" y que el Gobierno de Chueca "no está haciendo nada". "No se pone en contacto con la contrata, ni hace una valoración por el servicio que dan", ha añadido Tomás para recordar que la multinacional "está ganando mucho dinero por el combustible", por "la dejación de funciones de la consejera Tatiana Gaudes" y por "la protección a Avanza de la alcaldesa".
"Ni siquiera están planteando la reordenación de las líneas de autobús, que llevan hablando de ello continuamente pero no lo están haciendo", y, además, "han perdido 7,4 millones de euros porque se olvidaron de pedir la bonificación al Ministerio", un "error" reconocido por la propia Chueca, ha recordado Tomás. "Una gestión pésima de Gaudes, heredada de la actual alcaldesa Chueca", ha zanjado la portavoz de Zaragoza en Común.
Ranera: "Me voy con más dudas de esta comisión, incluso habiendo sido compareciente"
"Me voy con más dudas de esta comisión, incluso habiendo sido compareciente", ha lamentado Lola Ranera. La portavoz del grupo socialista ha indicado que la oposición "aprobamos esta comisión de investigación en el pleno del Ayuntamiento, con los votos de Vox, porque había muchas dudas en la opacidad de este expediente. Hoy, tenemos más dudas porque no comparece quien tiene que comparecer, como la consejera Gaudes". "¿Quién ha ganado aquí?", se pregunta Ranera.
Por su parte, el concejal del PSOE Chema Giral ha denunciado que "esta comisión de investigación que tenía un plazo de duración de tres meses, el Gobierno de Natalia Chueca se la ha ventilado en un solo día". "En un solo día es imposible analizar las causas verdaderas que han llevado a Chueca a conceder la prórroga", ha añadido para advertir: "¿Qué esconde el PP con esta prórroga?".
Este jueves, desde el PSOE afirmaron que el gobierno de Natalia Chueca con el apoyo de Vox "no quiere clarificar cuál es el motivo por el que se adjudica de manera directa la prórroga a la empresa Avanza". "Hemos requerido cierta información que no ha sido traslada en tiempo y forma para realizar nuestra labor en la comisión de investigación", añadieron.
Enfado de las entidades sociales
Por si esto fuera poco, ante "la negativa de la mayoría del Ayuntamiento de Zaragoza" a permitir que las entidades sociales pudieran intervenir en esta comisión de investigación, Unión de Consumidores de Aragón (UCACARAGÓN) y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) realizaron este jueves una rueda de prensa para "dar a conocer aquello que no nos dejan comunicar en la comisión de investigación".
"Consideramos que nuestra opinión es relevante en un tema que afecta directamente a la ciudadanía", afirmaron los presidentes de UCARAGÓN, José Ángel Oliván, y de la FABZ, Manuel Arnal al comienzo de su intervención en la que analizaron "desde el punto de vista de las personas usuarias" el "manifiestamente defectuoso" desempeño de Avanza durante los diez años que "ha disfrutado de duración de su contrato" y el "proceso de toma de decisión que llevó a acordar la prórroga de la contrata".
"En el mes de diciembre de 2022, cansados ya de un conflicto laboral de más de 600 días UCARAGON y FABZ hicieron llegar un documento a los grupos municipales en el cual se solicitaba la rescisión del contrato con Avanza. Desde entonces nada ha hecho cambiar nuestra opinión al respecto, pero parece que no conseguimos convencer a los grupos de gobierno que decidieron no sólo no sancionar a la empresa, sino que la premiaron con la prórroga de su contrato por un periodo de cuatro años", criticaron en la rueda de prensa.
Sobre el mal desempeño de Avanza, han dado como ejemplos el "mal clima laboral que se ha traducido en numerosos paros que han perjudicado notablemente la calidad del servicio"; la "mala gestión del material", con "autobuses ardiendo", las quejas de las personas usuarias "respecto a la climatización" o "defectos en frenadas y sonorización", y la "necesidad de prorrogar la vida de autobuses de más de 16 años porque la empresa no había procedido a su sustitución". También han puesto sobre la mesa el "oscurantismo en los mecanismos de control ciudadanos" y la "mala gestión de la información" pues "los tiempos de llegada a las paradas rara vez se corresponden con la realidad", los cambios de ruta "no se notifican a las y los usuarios de forma útil y todo se resuelve con la APP que la misma empresa reconoce que tiene un bajo nivel de seguimiento".
Respecto a la prórroga, UCARAGÓN y FABZ han recordado que una vez constituida la nueva corporación municipal tras las elecciones del 28 de mayo, el nuevo equipo de gobierno "nos sorprendió con el anuncio de la necesidad de prorrogar la contrata del autobús con la empresa Avanza". "Dos eran los principales argumentos, en primer lugar, esta prórroga venía obligada por las inversiones que la empresa había tenido que acometer para poder cumplir los requisitos necesarios para la obtención de unas sustanciosas ayudas europeas a la electrificación y la amortización de las inversiones obligaba a prorrogar por cuatro años el contrato; en segundo lugar, se consideraba que no había tiempo material para llevar a cabo el proceso de licitación de un nuevo concurso para la concesión de dicho servicio, sin poner en riesgo la llegada de estos fondos a nuestro Ayuntamiento", han continuado.
En este sentido, UCARAGON y FABZ, tras acceder al expediente correspondiente que dio lugar a la prórroga, afirman que "ni la prórroga viene obligada por las ayudas europeas, ya que las inversiones son previas a la propia existencia de dichas ayudas, ni se cumplen la condiciones que marca el reglamento europeo para poder prorrogar la concesión". En segundo lugar, sostienen que el equipo de gobierno de Natalia Chueca "argumenta la dificultad de poder acometer el proceso de licitación en el plazo necesario". Un argumento que les resulta "altamente chocante", pues "un proceso de licitación, por complejo que resulte, tendrá un tiempo estimado de duración, llamémosle 'TET' (tiempo estimado de tramitación)".
"Lo que parece lógico es que los servicios técnicos del Ayuntamiento comiencen el proceso cuando el tiempo hasta el final del contrato se acerque al TET. Estamos hablando de un contrato a diez años, por lo que hay tiempo suficiente para tramitar con la calma necesaria. No sabemos cuál es el TET de esta licitación, pero si sabemos que existe. Por lo tanto, resulta sorprendente que un informe del propio Ayuntamiento argumente la falta de tiempo para completar su tramitación. En varias partes del expediente se alude a un TET de dos años. Uno de preparación y otro de licitación. Lo cual nos lleva a mediados del año 2021 como año de necesario inicio del proceso. Por otra parte, en el mismo expediente se alude a que la normativa de las ayudas PRTR exige que el proceso de licitación se hubiera iniciado antes de 2022. Es decir, en el año 2021. Pero ese año no se inicia ningún trabajo, sino que más bien al contrario se modifica el contrato con AVANZA para acometer unas fuertes inversiones en electrificación del servicio. Modificaciones que se plasman en la modificación del contrato de 8 de agosto de 2021. Es decir, el mismo año en el que deberían haberse iniciado los trabajos de licitación", abundaron.
"Lo que ahora le toca explicar a la alcaldesa es la razón de que le ha llevado a prorrogar a Avanza, pero esta vez la auténtica, no la cortina de humo con la que ha intentado engañar a la ciudadanía"
Como conclusión, a UCARAGON y FABZ "todo esto nos lleva a pensar que no hubo nunca ninguna intención de iniciar un proceso de licitación" y que "más bien al contrario y antes de ninguna exigencia de las ayudas PRTR se modificó el contrato para que llegado el momento se pudiera aplicar la excepción que marca el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo". Sin embargo "olvidaron la principal objeción que marca dicho reglamento: la prórroga no puede hacerse sobre un contrato que adolece de no nacer de una licitación equitativa".
Así, UCARAGON y FABZ remarcaron que durante todo este tiempo, los dos gobiernos sucesivos de Zaragoza -Jorge Azcón y Natalia Chueca- "nunca pronunciaron ni una sola palabra sobre una posible licitación". "No entramos a valorar si la decisión de prorrogar es legal, eso lo dirán los jueces. Ni juzgamos el valor de la decisión tomada. La mayoría de la corporación es libre de tomar las decisiones que crea oportunas. Pero creemos que, si en 2021 se había decidido prorrogar la concesión, los zaragozanos teníamos todo el derecho a conocerla y poder ponerla en relación con la calidad del servicio que estamos recibiendo de esta empresa. Todo esto aderezado por una permanente negativa a acometer la necesaria reordenación de líneas que cada vez más dudamos que llegue algún día. Sobre todo, porque debería haber precedido a la concesión de las nuevas marquesinas. Y ya tenemos contrata de marquesinas y no tenemos reordenación. Lo que ahora le toca explicar a la alcaldesa es la razón de que le ha llevado a prorrogar a Avanza, pero esta vez la auténtica, no la cortina de humo con la que ha intentado engañar a la ciudadanía", concluyeron.
