Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado nueve preguntas parlamentarias dirigidas a todos los departamentos del Gobierno de Aragón para que expliquen públicamente cómo piensan aplicar la llamada “prioridad nacional” incluida en el acuerdo entre PP y Vox, al que la formación aragonesista vuelve a referirse como “el pacto de la vergüenza”.
Las iniciativas, impulsadas por los seis diputados y diputadas de CHA —Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal, Verónica Villagrasa y Mascún Ariste—, se debatirán previsiblemente en el pleno del viernes 29 de mayo y buscan aclarar qué consecuencias prácticas tendrá este criterio en ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo, administración pública o ayudas agrarias.
El portavoz parlamentario de CHA, Jorge Pueyo, advierte de que “la ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobierno de Aragón pretende convertir el acceso a derechos y servicios públicos en una carrera de obstáculos dependiendo del lugar de nacimiento, de las creencias o del tiempo que alguien lleve viviendo y trabajando aquí”.
Pueyo recuerda además que “ONG, entidades sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos e incluso representantes de la Iglesia católica” ya han alertado del riesgo de introducir “criterios discriminatorios incompatibles con los principios básicos de igualdad y dignidad humana”.
CHA subraya también que PP y Vox votaron en contra en el anterior pleno de iniciativas que defendían principios como la igualdad ante la ley, la universalidad de los servicios públicos o la cohesión social, y exige ahora que cada consejero y consejera detalle cómo piensa trasladar la “prioridad nacional” a su área de gestión.
Entre las preguntas registradas figuran cuestiones sobre la aplicación de este criterio en ayudas sociales y servicios públicos, sus posibles efectos en la universalidad y equidad de la sanidad pública, las consecuencias sobre becas, escolarización, universidad e investigación, o su impacto en vivienda pública, empleo y ayudas agrarias. CHA también quiere que el Ejecutivo explique cómo piensa compatibilizar este planteamiento con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
“Aragón siempre ha sido una tierra de acogida, convivencia y derechos, y no vamos a permitir que se normalicen discursos que señalan y dividen a la sociedad”, concluye Pueyo.
