CGT Enseñanza exige una auditoría externa que evalúe la situación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la DGA al considerar que incumple la normativa y que su precariedad tiene graves consecuencias para el funcionariado docente.
“El Gobierno de Aragón no protege a sus trabajadores y trabajadoras e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención de riesgos laborales”, así de contundente se ha mostrado Héctor Almazán, secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de CGT Enseñanza, al comienzo de la rueda de prensa que CGT Enseñanza ha dado para denunciar la presunta situación ilegal en la que se encuentra el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la DGA. Almazán ha explicado que la DGA dispone de “un servicio de prevención propio formado por personal médico y de enfermería especializado en el mundo del trabajo y técnicos de prevención de riesgos laborales, pero con recursos claramente insuficientes, ya que según el Real Decreto 843/2011, de obligado cumplimiento, cada 2.000 trabajadores debe haber una unidad básica sanitaria, que constará a jornada completa de un médico del trabajo y un enfermero del trabajo. Y ya que hay más de 18.000 docentes en Aragón, debería haber como mínimo nueve unidades básicas sanitarias, constituida cada una de ellas por una médica y un enfermero, cuando la realidad es que hay dos médicas y seis enfermeras, es decir, dos UBS completas de las nueve que debería haber”.
“Siendo esto ya suficiente para denunciar esta situación, la realidad aún es más grave”, señala Héctor Almazán, ya que “ese personal no se ocupa solo de los y las 18.000 docentes, sino también de los 12.000 funcionarios y funcionarias de la administración general de la DGA, es decir, un total de 30.000 funcionarias, para lo que según la normativa debería haber 15 UBS, y no solo dos. A lo que deberíamos añadir que se trata de 30.000 funcionarios distribuidos muy dispersamente geográficamente, al haber 1.800 centros de trabajo (incluidos los casi 700 centros educativos), lo que, evidentemente, dificulta su atención”.
Almazán compara la dotación del Servicio de Prevención de la DGA con la de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios: “Para que se vea la precariedad de la que estamos hablando, decir que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de un médico por cada 1.000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones; o el Servicio de Salud de Aragón, con 27.000 trabajadores aproximadamente, dispone de 17 médicos. Somos conscientes de la escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además dificultades en la cobertura de estas plazas y que el personal médico se vaya a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales, por ejemplo al Ayuntamiento de Zaragoza”.
Para finalizar su intervención, Almazán señala que “este servicio de prevención contaba antes del recorte de este gobierno con tres médicas exclusivamente para educación; ahora no hay ninguna. El trabajo lo tienen que hacer las dos médicas que hay para todo el personal de la administración pública, es decir, antes había cinco médicas, tres de ellas solo para educación, ahora solo dos. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo o las bajas por embarazo de riesgo, por ejemplo”.
A continuación, José Luis Ruiz, secretario de Acción Jurídica de CGT Enseñanza, ha comentado las funciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que están en el Decreto 201/2018: “No vamos a enumerar todas porque no acabaríamos, pero sí que queremos mencionar las más relevantes, como es la asistencia diaria de primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores que lo necesiten en el Pignatelli; la evaluación de riesgos de centros, puestos, condiciones de trabajo, ruido, riesgos psicosociales; la formación en PRL a todo el funcionariado; las adaptaciones de puesto de trabajo; las evaluaciones de embarazos de riesgo; los informes de evaluación de riesgos o de discapacidades; la asistencia a diferentes comités; las campañas de vacunación; el diseño de los protocolos de los reconocimientos médicos y gestionar los mismos una vez realizados, tanto los aptos como los no aptos, así como realizar las adaptaciones derivadas de los mismos; la gestión de los accidentes de trabajo, así como la actualización de enfermedades profesionales, y muchas más que no podemos reflejar aquí”.
Patricia Ariza, portavoz de CGT Enseñanza, ha explicado las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado: “Esta escasez de recursos lleva a que no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y siempre con lo más urgente. También a que se dilaten los plazos para numerosos procesos, desde la formación en acoso laboral, donde pueden pasar meses desde que un docente denuncia hasta que se reúne la comisión, a las resoluciones de adaptaciones de puestos de trabajo. Está habiendo procesos que duran varios cursos, o las evaluaciones de prevención de riesgos laborales en los centros, que tardan también tres o cuatro cursos hasta que se terminan, o la gestión, por ejemplo, de las situaciones de embarazo de riesgo”.
Por todo ello, José Luis Ruiz ha finalizado la rueda de prensa solicitando una auditoría externa “para que determine si el Gobierno de Aragón está cumpliendo con la normativa vigente o está incumpliéndola y, por tanto, no protegiendo y poniendo en peligro la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Además, exigimos que se dote de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones, y añadimos que se sume a esas funciones la realización de los reconocimientos médicos, actualmente externalizados a más prevención, ya que ver presencialmente a sus ‘pacientes’ es esencial para dar un servicio de calidad. Y es que, si diseñan los reconocimientos según el puesto y las características de la persona, y son quienes, una vez realizado el reconocimiento, gestionan su resolución y las medidas a adoptar, parece lógico y positivo que sean también quienes realicen esos reconocimientos”.
