Parece que las dilatadas negociaciones de PP y Vox para conformar el nuevo gobierno aragonés tenían más impacientada a Amazon que a los propios aragoneses. Es lo que se deriva del primer acuerdo oficializado por el ejecutivo de Azcón, que acepta la solicitud de la tecnológica sobre confidencialidad de la información de los proyectos ejecutivos de los centros de datos del proyecto Ampliación Región AWS Europa en Aragón. Esta decisión se acordó el pasado lunes, al mismo tiempo que la aprobación de forma parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que había ‘pedido a la carta’ la multinacional de Bezos.
El primer consejo de este nuevo gobierno deja muy claro, desde el minuto uno, su posicionamiento en favor de la opacidad de las multinacionales tecnológicas frente al derecho de transparencia pública de los aragoneses. Azcón asume como prioritarias las dos argumentaciones esgrimidas por Amazon: “La protección de soluciones industriales propias y ventaja competitiva, y el riesgo de seguridad y resiliencia frente a usos maliciosos (infraestructura crítica)”.
El ejecutivo ha hecho suya la clasificación propuesta por Amazon sobre qué información debe ser no confidencial en base a las argumentaciones. Entre los documentos que se declaran opacos para la ciudadanía se encuentran memorias descriptivas, pliegos de condiciones generales o listados de planos. En cuanto a los anejos de memoria, también declaran confidenciales algunos tan relevantes como estudio geotécnico, urbanización de la parcela, eficiencia energética, gestión de residuos y, estudio de seguridad y salud.
Lo sorprendente de este acuerdo es que en el mismo se reconoce que la normativa aragonesa de ordenación del territorio no contempla confidencialidad de la información contenida en los PIGA, sin embargo afirma que la ley estatal de transparencia “faculta al solicitante a determinar de los datos que a su juicio gocen de confidencialidad”.
Asimismo, el acuerdo también reconoce que esta misma ley orgánica fija “el derecho de todas las personas a acceder a la información pública”. Sin embargo, subraya que la misma legislación pone unos límites en favor de Amazon: “Los intereses económicos y comerciales” y, “el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”. Con esta argumentación, en esta primera medida del gobierno de PP-Vox, claramente, no existe ‘prioridad nacional’ alguna.
El acuerdo fue presentado el pasado martes en rueda de prensa por Octavio López, consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, y Raquel Campos, directora general de Planificación Estratégica y Logística.
El consejero fue reiterativo en la absoluta atención y esmero que tiene el ejecutivo aragonés a lo solicitado por la tecnológica. Para hacer entender el nivel de sumisión de Azcón y Vox a Amazon en la expansión de sus centros de datos, López llegó a expresar a los periodistas: “Sé que es complejo, pero que tengan ustedes claro que el gobierno se adapta como un guante a las demandas concretas, específicas y en procedimientos y en plazos que nos plantea la empresa”. Parece que la diligencia en atención a las necesidades de los aragoneses será para futuros consejos de gobierno.
