Estos días de pandemia nos fijamos que el colectivo de personas mayores es quien más lo sufre y padece, incluso con su vida. Lo lógico es que las personas con múltiples patologías sean las más afectadas. Lo que, para la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, "escapa de lo razonable" es que gran parte de los casos sean en residencias de personas mayores.
En Aragón, según datos del Gobierno, tres de cada cuatro fallecimientos por coronavirus se han producido en este tipo de residencias. Residencias que, en su mayoría, son de gestión público-privada (gestión indirecta o concertada) o totalmente privada. "La situación derivada de la pandemia no ha hecho sino sacar a la luz pública una situación de la que ya se venía alertando: el creciente negocio del cuidado de mayores y sus riesgos", explican desde la Plataforma.
En opinión de este colectivo, "grandes empresas y fondos buitre han encontrado el entorno idóneo para la inversión en este sector: tendencia de envejecimiento poblacional, una legislación laboral y de dependencia que favorece la explotación de sus trabajadoras, unas redes comunitarias y familiares cada vez más escasas y la puesta a disposición de dinero público para el negocio de servicios geriátricos". Así, en los últimos años, se ha podido ver la progresiva concentración en el sector mediante el cierre de operaciones de venta de geriátricos por parte de estos grupos empresariales.
"El 65% de esos centros se nutren de dinero público"
El negocio geriátrico facturó más de 4.350 millones de euros en el Estado español entre 2015 y 2017. Los cinco grupos empresariales que encabezan este mercado son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol. "Algunas de las residencias más afectadas durante estos días pertenecen al gigante geriátrico español DomusVi, ahora controlado por un fondo de inversión británico, que nacía de la fusión de Geriatros y Sarquavitae, previamente comprados por otro fondo de inversión galo, PAI Parteners". En el Estado español esta multinacional cuenta con 138 residencias que le reportan un volumen de negocio de 530 millones de euros. "El 65% de esos centros se nutren de dinero público", matizan.
"Aunque este grupo iba acumulando denuncias de familiares, previas a la pandemia, por falta de calidad en la asistencia, estas eran ignoradas. En tiempos de pandemia, estas denuncias se han visto multiplicadas por la falta de información y de medidas de protección del personal. Las más de 150 muertes de ancianos por coronavirus en ocho de sus residencias, ha obligado a que cinco de sus centros hayan sido intervenidos por las autoridades en cuatro comunidades autónomas", detallan desde la plataforma.
Este grupo cuenta en Aragón con tres grandes residencias: DomusVi Fontibre, DomusVi Zalfonada y Centro Asistencial Santa Ana de Utebo. Este último, una residencia de propiedad pública gestionada en un primer momento por Sarquavitae y ahora perteneciente a DomusVi, fue inaugurada en abril de 2014 por la entonces presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quien la describía como “un buen ejemplo de la colaboración público-privada”.
Desde su inauguración hubo protestas, por parte de residentes y familiares, por problemas con la frecuencia del transporte público y la falta de comunicación con las personas residentes. En 2017, más de 35 internos denunciaban la falta de personal y limpieza. Posteriormente, se sumaba a las denuncias la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) por registros indebidos y vaciados de las habitaciones de las personas residentes sin estar ellas presentes.
"Precariedad" en el empleo y "opacidad" en la información
Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón aseveran que "el ahorro en costes de personal de esta y otras empresas, que se traduce en una pérdida en la calidad en la asistencia, se ha demostrado un hecho durante la crisis". "Las ofertas de empleo precario, por parte de estas residencias, se suceden durante estos días en un intento de solventar un problema que venía de antes. Sin embargo, la opacidad en la información en torno a la situación en los centros y la falta de control de las mismos nos sigue inquietando", subrayan.
El pasado jueves, el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, declaró que el Ejecutivo no es partidario de intervenir residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus, sino de reorganizar los recursos para redistribuir a los y las usuarias. "Algunas preguntas nos asaltan respecto a estas declaraciones: si, previamente a la pandemia, estas residencias, y para muestra un botón, ya acumulaban quejas por falta de personal y limpieza ¿en qué situación se encuentran ahora?; ¿Qué tiene que pasar para que una residencia sea intervenida?; Si en varios territorios del estado varias residencias de este grupo han sido intervenidas, ¿no sería conveniente un mayor control en residencias de los mismos propietarios?", se preguntan.
Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón exigen que, en el tiempo que dure la pandemia, se garantice "la seguridad de nuestros mayores y de quienes cuidan de ellos en las residencias, extremando las medidas de control, intervención y transparencia por parte de los responsables públicos". "Una vez todo esto pase, solo una prestación y gestión plenamente públicas de los servicios socio-sanitarios, podrá garantizar que nuestros mayores no sigan pagando con su dignidad o su vida mientras otros se llenan los bolsillos", concluyen.
