La alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE), ha declarado este miércoles en el Juzgado nº1 del Tribunal de Instancia de Teruel en calidad de investigada por un contrato presuntamente irregular con una asesoría jurídica de Cuenca vinculado al Clúster del Maestrazgo.
La causa se inició tras la denuncia presentada por el grupo municipal de Teruel Existe por un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación de servicios de asesoramiento para la gestión de ingresos derivados de los proyectos eólicos previstos en el municipio.
Tras la comparecencia, la abogada de Teruel Existe, Dorinda Aventín, ha asegurado que durante su declaración la alcaldesa “ha reconocido la ilegalidad del contrato que ella misma firmó”, un acuerdo que —según ha recordado— ya fue declarado nulo en vía administrativa por no haberse tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
Solo respondió al juez y a su abogado
Según Aventín, la alcaldesa se negó a responder a las preguntas de la acusación particular y se limitó a contestar únicamente a las planteadas por el juez instructor y por su abogado defensor.
La letrada ha señalado además que el abogado que representa a la alcaldesa es el mismo que el que defiende a la empresa Forestalia, promotora de los proyectos eólicos del Clúster del Maestrazgo.
La acusación también ha apuntado que durante la declaración se habrían evidenciado contradicciones con las manifestaciones realizadas previamente por la secretaria-interventora del Ayuntamiento.
Un contrato a comisión por los ingresos eólicos
El contrato investigado, firmado en 2023, establecía un sistema de remuneración a comisión vinculado a los ingresos que el Ayuntamiento pudiera obtener por los proyectos de energías renovables.
Según la abogada de Teruel Existe, el acuerdo no fijaba un precio cerrado, sino que contemplaba pagos proporcionales a los ingresos derivados de impuestos, tasas o cánones asociados a los parques eólicos.
En ese modelo, el importe total del contrato podría haber alcanzado entre 700.000 y 850.000 euros.
La acusación ha señalado además que durante la declaración no se ha aclarado por qué este contrato no fue publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento, a diferencia del contrato anterior firmado en 2021 por 14.999 euros, que sí fue hecho público.
“Tampoco se ha explicado por qué se decidió sustituir el contrato inicial por este nuevo modelo”, ha señalado Aventín.
Otros ayuntamientos podrían tener contratos similares
Durante su declaración, la alcaldesa explicó que el contacto con la asesoría se produjo en el marco de la asociación Viento Alto, que agrupa a municipios afectados por el Clúster del Maestrazgo.
Según indicó, otros ayuntamientos de esta asociación podrían haber firmado contratos similares para gestionar los ingresos derivados de los proyectos renovables.
La empresa aún debe declarar
Tras la declaración de este miércoles de la alcaldesa de Mosqueruela como investigada, y en la víspera del concejal del Joaquín Gargallo, de Teruel Existe; de la secretaria-interventora municipal Laura Gimeno; y del empresario Fernando Samper, fundador y propietario del grupo Forestalia —detenido la pasada semana en la denominada ‘Operación Perserte’—; el procedimiento judicial continuará en las próximas semanas con nuevas diligencias.
La empresa firmante del contrato con el Ayuntamiento no compareció en la citación inicial del juzgado, por lo que ha sido nuevamente emplazada para prestar declaración. Además, el juez ha solicitado diversa documentación que deberá ser analizada por las partes una vez sea remitida al juzgado.
