El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel investiga a la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE), tras la denuncia presentada por Teruel Existe por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de servicios jurídicos por parte del consistorio.
La denuncia, admitida a trámite el pasado 26 de enero, se refiere a la firma el 7 de noviembre de 2023 de un contrato de asesoramiento jurídico con la empresa Servicios Tributarios de la Administración Local SL, con sede en Cuenca, relacionado con el Clúster del Maestrazgo.
Según la formación denunciante, la contratación se habría realizado sin procedimiento de licitación ni publicidad, sin expediente administrativo previo y sin consignación presupuestaria inicial. Además, sostienen que el contrato fue aprobado mediante decreto de alcaldía cuando, por la cuantía del servicio —104.565,83 euros—, la competencia correspondería al pleno municipal.
Los denunciantes también señalan que posteriormente se habrían realizado ajustes presupuestarios para intentar dar cobertura al gasto ya comprometido. En el procedimiento consta además un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que considera que el contrato sería nulo.
La clave del caso: un contrato ligado a los parques eólicos
La denuncia sostiene que el contrato de asesoramiento jurídico estaba vinculado a la gestión de tributos municipales derivados de los proyectos de energías renovables previstos en el municipio dentro del denominado Clúster del Maestrazgo.
Según explica la abogada de Teruel Existe, Dorinda Aventín, el acuerdo contemplaría que la asesoría percibiera un 15% de los ingresos que el Ayuntamiento obtuviera por impuestos y tasas vinculados a estos proyectos.
Los denunciantes señalan además que ya existía un contrato previo firmado en 2021 por 14.999,99 euros, una cuantía situada justo por debajo del límite legal para la contratación directa. Posteriormente se habría firmado un segundo contrato en 2023 con la misma asesoría, del que deriva la factura de más de 104.000 euros actualmente en cuestión.
Fernando Samper comparece como testigo
Dentro de las diligencias previas abiertas por el juzgado, el magistrado ha tomado este martes declaración en calidad de testigos al concejal del Ayuntamiento de Mosqueruela Joaquín Gargallo, de Teruel Existe; al empresario Fernando Samper, fundador y propietario del grupo Forestalia; y a la secretaria-interventora municipal Laura Gimeno.
Samper fue detenido la pasada semana en la denominada ‘Operación Perserte’, la investigación de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción ambiental relacionada con la tramitación de proyectos de energías renovables.
Durante su comparecencia, el empresario declaró como testigo desvinculándose del contrato investigado y afirmó desconocer los detalles de la asesoría jurídica y de su relación con la alcaldesa. No obstante, reconoció haber mantenido reuniones con alcaldes de municipios afectados por los proyectos de energías renovables impulsados por su empresa.
Al término de la sesión, el concejal de Teruel Existe en Mosqueruela, Joaquín Gargallo, señaló que la formación ya detectó irregularidades en el acuerdo meses atrás. “Desde septiembre percibimos que este contrato carecía de fundamentos y podía ser considerado nulo. Estamos ante un contrato ilegal y corresponde ahora dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse”, afirmó.
La alcaldesa defendió el despliegue de renovables en Mosqueruela
La alcaldesa Alba Lucea está citada a declarar este miércoles a las 10:00 horas ante el juez en calidad de investigada. Los hechos investigados se remontan a 2023, en un contexto de fuerte controversia política y social en torno al despliegue de proyectos eólicos vinculados al Clúster del Maestrazgo, uno de los mayores desarrollos de energías renovables proyectados en Aragón.
La alcaldesa de Mosqueruela defendió públicamente el desarrollo de estos proyectos eólicos en el municipio. En enero de 2024 afirmó que el apoyo a las energías renovables formaba parte del programa electoral con el que el PSOE obtuvo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento y que estas instalaciones supondrían ingresos importantes para el municipio y para propietarios particulares.
En ese contexto, el equipo de gobierno socialista acusó al concejal de Teruel Existe en el consistorio de trasladar información errónea sobre los proyectos eólicos y de mantener un discurso que, a su juicio, “solo pretende dividir al municipio”.
Sin embargo, parte de las denuncias impulsadas por esta formación han acabado derivando en diversas investigaciones judiciales actualmente en curso sobre la tramitación de proyectos de energías renovables en el territorio.
Teruel Existe exige responsabilidades políticas
En paralelo a estas diligencias judiciales, Aragón-Teruel Existe ha reclamado responsabilidades políticas ante las informaciones que están saliendo a la luz sobre presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables vinculados a Forestalia.
El portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha recordado que la investigación judicial sobre el Clúster eólico del Maestrazgo tiene su origen en la denuncia presentada por Teruel Existe en enero de 2023 por un presunto delito ambiental relacionado con este macroproyecto.
“Es un tema muy serio. En cualquier país europeo una situación como la que estamos conociendo habría supuesto ya la dimisión de determinados responsables políticos”, ha afirmado Guitarte, quien considera que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “debería haber dimitido ya” por haber mantenido en su cargo al subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, implicado en la investigación.
El dirigente ha advertido de que si se demuestra que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) se obtuvieron de forma fraudulenta, todas las autorizaciones derivadas de ellas podrían ser “nulas de pleno derecho”, incluida la aprobación del Clúster del Maestrazgo por parte del Consejo de Ministros.
Por este motivo, Aragón-Teruel Existe mantiene su petición de paralizar la ejecución del proyecto mientras se resuelve el procedimiento judicial y reclama revisar también el resto de autorizaciones que Forestalia pudiera haber obtenido mediante procedimientos similares tanto ante el Ministerio para la Transición Ecológica como ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Asimismo, la formación ha anunciado que propondrá en las Cortes de Aragón repetir la comisión de investigación sobre el despliegue de energías renovables, al considerar que la anterior fue “un paripé pactado entre PP, PSOE y PAR”. También ha reclamado la puesta en marcha de la Agencia Aragonesa Anticorrupción aprobada por las Cortes de Aragón hace ocho años y todavía pendiente de activarse.
