La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha vuelto a registrar la sede de Forestalia en Zaragoza, así como su oficina en Madrid y el domicilio de su presidente y fundador, Fernando Samper, en el marco de la investigación judicial por una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos, con posibles irregularidades en la tramitación del Clúster del Maestrazgo.
La denominada ‘Operación Perserte’ se ha saldado con doce registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza— y con seis personas detenidas, entre ellas Fernando Samper. El empresario ha sido puesto en libertad tras prestar declaración ante el juez. También han sido detenidos Eugenio Domínguez, persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), su mujer, un conocido notario madrileño y dos testaferros —los hermanos Pérez Águeda— por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación alcanzaría a una veintena de empresas del sector de las energías renovables, especialmente vinculadas al macroproyecto eólico del Maestrazgo, que ya fue denunciado ante la Fiscalía de Aragón.
No es la primera actuación policial en esta causa. En diciembre de 2025, otra unidad de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), ya practicó registros en la capital aragonesa, entre ellos la sede de Forestalia, dentro del procedimiento que investiga posibles irregularidades en adjudicaciones vinculadas al Gobierno de Aragón y al Ministerio para la Transición Ecológica.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. De acuerdo con los indicios recabados hasta el momento, Eugenio Domínguez habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales. Estas actuaciones habrían beneficiado presuntamente al grupo empresarial Forestalia en el sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en Teruel y en las comarcas del sur de Aragón.
La investigación sostiene que el ex alto cargo del MITECO habría actuado a cambio de una contraprestación económica. Para canalizar esos fondos y ocultar su origen, las personas investigadas habrían utilizado varias sociedades interpuestas y la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo análisis.
En relación con los proyectos examinados, la causa analiza también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a la avifauna y a los quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.
La operación ha sido desarrollada por la UCOMA bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias.
Según adelantó El Periódico de Aragón, en una información firmada por Alberto Arilla y Sergio H. Valgañón, los agentes accedieron a primera hora —en torno a las 7.30— a la sede central de Forestalia, situada en el Coso 33, junto a la plaza de España. El despliegue policial se extendió también a otras dependencias de la empresa en la calle 4 de Agosto. En el entorno del Coso permanecieron agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), mientras que en las inmediaciones del domicilio de Samper, en la zona de la avenida de la Academia General Militar, se observaron vehículos del Seprona y turismos sin distintivos.
Denuncias sociales y judiciales sobre el despliegue renovable
La investigación se produce en un contexto de creciente contestación social y jurídica en Aragón en torno al modelo de implantación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos. La Plataforma 13M – Aragón por la Racionalidad Energética presentó recientemente una denuncia en la que sostiene que “no existe garantía jurídica de plena legalidad en el despliegue de renovables”, señalando posibles irregularidades en la tramitación de expedientes, el fraccionamiento de proyectos y la evaluación ambiental.
La plataforma reclama la paralización cautelar de nuevos desarrollos mientras se esclarecen las investigaciones en curso, una exigencia que añade presión política y social a un proceso judicial que continúa bajo dirección de los juzgados y del que, por el momento, no han trascendido nuevas imputaciones derivadas de esta fase de registros.
Por su parte, Paisajes de Teruel, integrante de la Plataforma 13M, lleva años denunciando posibles irregularidades en la tramitación ambiental del Clúster del Maestrazgo y el modelo de implantación de macroproyectos renovables en el territorio, al que acusan de priorizar intereses empresariales frente a la protección ambiental y el equilibrio rural.
