40 años de Estatuto, 40 razones para su reforma

A Aragón le sienta bien el autogobierno, siempre que el autonomismo no le frene. Repasamos 40 años de luces y sombras en la aplicación de nuestra máxima norma jurídica.

40 años de Estatuto

A nuestro país le sentó francamente bien la transición de la dictadura franquista a la monarquía borbónica, pues Aragón recuperó buena parte de sus instituciones democráticas y de autogobierno, y volvió a transitar la senda de la autoestima, el camino de reconocerse entre iguales, de quererse sin censuras, del orgullo de sentirse aragonesa y aragonés y por tanto universalista, de la ilusión de construir un futuro de libertad, justicia, igualdad, y fraternidad para y desde Aragón.

En el balance de estos 40 años encontramos una clara discontinuidad entre los primeros años, el tiempo de la ilusión y los proyectos aragonesistas y de economía democrática, con las últimas décadas, tiempos más oscuros de involución españolista y economía liberal.

En esos primeros años de desarrollo de las instituciones democráticas aragonesas, cuando todo estaba por construir o reconstruir, todo parecía posible. Se recuperaron instituciones históricas y centenarias como la Diputación General de Aragón o el Chusticia d’Aragón, elegíamos -por fin- democráticamente a nuestras gobernantes, se estudiaba aragonés y catalán en las facultades de Educación, se comenzaba a legislar con la igualdad entre mujeres y hombres como premisa, se recuperaban fiestas populares y tradicionales prohibidas durante la dictadura, se construían colegios y se adecentaban hospitales, (re)comenzábamos a ver a nuestras personas mayores como chent sabia, podíamos transitar por Europa como una ‘ciudadana’ más, o se aprobaban leyes como la del Banco de Tierras -nunca puesta en práctica- para extender ‘el espíritu democrático’ a todos los sectores de la vida, incluida la economía, entre otros muchos ejemplos.

Sin embargo, tras décadas de autonomía -o soberanía política tutelada- y desarrollo estatutario, y aunque el balance es positivo -pues obviamente la comparación entre la dictadura franquista y la monarquía borbónica no se sostiene- las frustraciones y decepciones comenzaron a tener entre la ciudadanía aragonesa casi más peso que la ilusión, gracias al mal gobierno al que nos han acostumbrado desde las instituciones más importantes del país.

En 40 años nuestras sucesivas gobernantes no han tenido tiempo de cerrar el ciclo de transferencias de competencias desde el Estado español hacia la administración aragonesa, se han estancado en la construcción y mejora de la red de colegios públicos, y casi abandonado la red hospitalaria pública, y todo ello marcado por la ideología ‘dominante’ de los partidos mayoritarios que poco a poco y ‘a lo mego pichorras’ han ido abandonando el ideal republicano de democracia directa y participativa, de libertad, justicia, igualdad, y fraternidad, para abrazar los principios de las democracias liberales, reaccionarias en lo social y ultracapitalistas en lo económico.

Un nuevo Estatuto votado por todas las generaciones como impulso de futuro

En 40 años de estatutico la sociedad aragonesa ha pasado de la ilusión de construir a la melancolía de resistir. El Estatuto de Aragón necesita una reforma urgente que actualice su texto al siglo XXI, que avance en el autogobierno político y económico, y en proteger legalmente los derechos humanos. Aragón necesita gestionar directamente los vectores implicados en su desarrollo social, político y económico: su Hacienda, sus Relaciones Laborales, Transporte, relaciones con la UE, Energía, etc. Y crear herramientas útiles para el siglo XXI: una Hacienda Foral, una Banca Pública de Aragón, una Empresa Pública de Energía, una Red pública de Telecomunicaciones, un Instituto Luzia Dueso para fomentar las relaciones culturales con otros países, etc, proyectos que ilusionen a la sociedad aragonesa, que hagan país ‘sin que nadie quede atrás’.

Nuestro país necesita actualizar su Estatuto -máxima norma jurídica en ausencia de una constitución propia- y aprovechar esta necesidad para abrir un proceso de debate social que culmine aprobándolo en referéndum con el mayor consenso posible.

Un debate social que permita a la sociedad aragonesa ilusionarse con un proyecto de futuro que contemple el cambio de modelo económico necesario para afrontar la crisis climática organizando un decrecimiento ordenado y sensato.

Foto: Rocío Durán (AraInfo)

La economía circular según el manual de Lambán: de los pantanos a los molinos

El nuevo Estatuto que necesita Aragón debería incluir la imposibilidad legal de usar el territorio aragonés para el extractivismo salvaje y colonial. Medidas legales del mayor rango jurídico que impidan que las gobernantes ejecuten políticas liberales que destruyan el medio natural, su diversidad y sus gentes, y que impidan que la riqueza de nuestro territorio se esquilme por empresas que se llevan los beneficios y nos dejan su basura.

Una norma legal que limite el ultraliberalismo de gobernantes como Javier Lambán, que además de coquetear con el negacionismo del ‘cambio climático’ carece de un proyecto para Aragón. Ante la falta de ideas innovadoras, o simplemente sensatas, el gobierno liderado por Lambán confunde el concepto de ‘economía circular’ -modo somarda on- y lo interpreta como una vuelta-circular hacia el pasado -off-, y por eso ejecuta políticas extractivistas similares al franquismo, por economía circular también debe entender repetir los fracasos olímpicos que empezaron con el de Chaca 92. 

La política industrial, energética, turística y económica de Javier Lambán reproduce el mismo esquema que el franquismo: explotar lo público, lo común, para el beneficio de unas pocas familias ‘del régimen’ destrozando a su paso el medio natural y vaciando nuestras comarcas.

Durante la dictadura franquista fueron los pantanos (que aún colean hasta la actualidad) quienes inundaron valles, desplazaron poblaciones enteras, y arruinaron comarcas y familias a mayor gloria y lucro de la oligarquía madrileña. En la actualidad las políticas de Lambán destrozan valles como los de Castanesa, o la Canal Roya, para el beneficio de las empresas turísticas del sector de la nieve, y castran el desarrollo de todo el territorio aragonés inundándolo de macroparques eólicos y fotovoltaicos para ‘regalar’ la producción eléctrica y los beneficios a otros países y multinacionales. También son grandes empresas las que extraen gigantescos beneficios de las granjas de tocinos -otra de las apuestas del lambanato- y nos dejan literalmente la mierda y los purines, y a cambio de su trabajo y gran esfuerzo, a las ganaderas y ganaderos lo justico para vivir. A este paso, al año que viene, tendrá que nacer La Bullonera, en su versión folk-innovadora-circular, ya lo contarán las del Andalán.

Es imprescindible una reforma estatutaria que ponga límite legal a estas barbaridades desarrollistas, y es urgente una moratoria en la concesión de nuevos permisos para macroparques de renovables. Es urgente que la sociedad aragonesa proponga y reclame el buen gobierno que el talento de su gente, su inteligencia colectiva, su proverbial empatía social, o su legendario compromiso con la libertad y contra la tiranía, merecen. Es urgente para Aragón y para el planeta.

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