Un vendaval de pasta: las eléctricas ya venden fuera de Aragón casi la mitad de la electricidad que generan en el país

Mientras la ciudadanía sigue soportando las consecuencias ambientales y sanitarias de la quema de combustibles fósiles y sin que las instituciones asuman la gestión de una hidráulica que cubre más de la cuarta parte de las necesidades de Aragón

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Foto: CC.

Antaño, cuando en Aragón soplaba el cierzo hacía un frío que pelaba. Eso sigue pasando. Pero no solo: ahora también corre un viento que forra de dinero a las compañías eléctricas, a las de siempre del oligopolio y a las nuevas y emergentes que explotan con las llamadas renovables varios de los recursos naturales de un país que se ha convertido en una creciente bicoca para ese sector por su carácter excedentario de energía.

El mapa energético de Aragón, que en realidad se reduce al eléctrico, ha sufrido en los últimos tres años una drástica mutación con el cierre de la empresa más contaminante del territorio, la central térmica de carbón de Andorra, fuera de servicio desde 2020, y el despliegue de las renovables.

Especialmente de la eólica, a la que hay que añadir el desplome de la generación de electricidad mediante la quema de gasóleo en las factorías de ciclo combinado y el freno al crecimiento de la cogeneración, con el encarecimiento de los hidrocarburos tras los confinamientos pandémicos como motivo principal en los dos últimos casos.

El panorama pone sobre la mesa el papel de Aragón como exportador de energía a los territorios del Estado español y, al mismo tiempo, plantea tres debates sobre los que las instituciones pasan de puntillas en el mejor de los casos, puesto que lo habitual es obviarlos:

¿Debe el país soportar una mayor presión de ocupación territorial con el despliegue de las renovables cuando se va camino de producir el doble de energía de la que se necesita y visto el rechazo que ese desarrollo está generando en el llano y la montaña?

¿Es necesario seguir utilizando técnicas contaminantes de producción de energía como los ciclos combinados y la cogeneración y soportar sus consecuencias ambientales y de salud cuando hay sobrantes, valga la redundancia, de sobra?

Y, por último, ¿van a ser subastadas de nuevo las concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando en lugar de aprovechar la oportunidad de crear con ellas como principal activo un empresa pública de electricidad capaz de abaratar el recibo de la luz de familias y empresas y susceptible de ser utilizado como herramienta estratégica para atraer empresas y reordenar el territorio?

Cuando el excedente comienza a resultar excesivo

Los datos por territorios que ofrece en abierto Red Eléctrica, el operador público que gestiona la malla de transporte de la electricidad en todo el Estado ofrecen pocas dudas acerca de cómo ha ido evolucionando el balance eléctrico de Aragón.

En solo dos años, las empresas energéticas que operan en el territorio, con Endesa y Acciona como líderes en las tecnologías tradicionales (agua, carbón, gas y gasóleo) y con Forestalia en el ramo de las renovables (sol y viento), han pasado de generar 15,3 millones de Mwh (megawatios.hora) a 19,2 (+25%), aunque, en realidad, la producción se ha duplicado si el foco se abre un poco más y se llega a cuatro años atrás, cuando en 2017 la central térmica de Andorra se encontraba a pleno rendimiento y superaba holgadamente los 4,5 millones de Mwh.

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Esa energía no se vende en su totalidad a los precios que diariamente marcan las pujas en el mercado mayorista. Debido al sistema de tarifas, quienes están sujetos al PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor), hogares en su inmensa mayoría y segundas residencias en buena parte, pagan estos días su electricidad hasta un 70% por encima de ese nivel en algunas horas del día y en ninguna de ellas por debajo, mientras que el precio del mercado libre se mueve en una horquilla de los doce a los 55 euros por Mwh.

Quizás sea, o no, la expectativa de negocio que ofrecen esas tarifas la que haga que compañías energéticas históricas como Naturgy o Repsol pujen en las subastas de renovables, en las que el precio puntúa más cuanto menor resulta, con ofertas de menos de 30 euros y la que anime a las empresas que poseen centrales de ciclo combinado a activarlas con frecuencia para mantener la estabilidad del sistema, algo que tiene como efecto secundario el encarecimiento generalizado del recibo.

En todos esos años la demanda de energía eléctrica de familias y empresas ha permanecido prácticamente estable en una horquilla de 10,11 a 10,8 millones de Mwh, con lo que el excedente de energía ha comenzado a crecer de manera constante: los 6 y los 7,5 millones de 2017 y 2018 cayeron a 4,5 en 2019, cuando Endesa comenzó a reducir la actividad en Andorra, que cayó a la mitad en un ejercicio (de 2,9 1,4) para quedarse en un registro prácticamente testimonial al año siguiente, cuando comenzó el repunte con las renovables.

De hecho, el volumen de energía excedentaria (que excede o sobrepasa la cantidad establecida o necesaria) se ha duplicado prácticamente desde entonces al pasar de esos 4,5 millones de Mwh de 2019 a los 7,9 del primer año de la pandemia y a los 8,7 del pasado.

¿Cómo se ha llegado a ese escenario?

Para llegar a esa situación han confluido varios escenarios entre los que destaca el crecimiento y la aportación de las renovables, que va a seguir aumentado de una manera exponencial si acaban por ser construidos y conectados a la red los 2.438 aerogeneradores (en 266 parques) y las 235 plantas solares para los que se pidieron permisos en 2021 y de cuyos proyectos alertaba hace unos días Ecologistas en Acción en un informe centrado en la explotación eléctrica del Alto Aragón.

Todo apunta a que la aportación de Aragón al sistema eléctrico estatal, que el año pasado se situó en el 7,3%, va a crecer. Y eso abre suculentas perspectivas para las compañías eléctricas que operan en un Estado que también es excedentario y cuyos vecinos están sedientos de electricidad de bajo coste como la eólica, la solar y la hidráulica vista la deriva de las cotizaciones del petróleo y el gas en los últimos meses.

La producción de energía eléctrica en Aragón se ha duplicado con creces en tres años al pasar de los 4,34 a los 10,25 millones de Mwh entre 2018 y 2021, mientras la de fotovoltáica se multiplicaba casi por siete al crecer de 0,28 a 1,92.

La primera de ellas depende para operar del viento, un elemento que, aunque de comportamiento imprevisible, no parece que vaya a decrecer en el país, y menos con las turbulencias meteorológicas que va desencadenando el calentamiento global.

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Paralelamente, el cierre de Andorra empujaba a la baja a las energías que queman combustibles fósiles, aunque con matices, ya que si se elimina esta tecnología la suma de la menguante aportación de las centrales de ciclo combinado con la de las plantas de cogeneración ha caído algo más de un 20%, aunque más por el menor recurso a esta última desde que comenzó la escalada de precios del petróleo y sus productos derivados y asociados, entre los que se encuentra el gas, que por otra cosa: la cogeneración lleva cinco años aportando en Aragón entre 2,82 y 3,08 millones de Mwh, mientras que la de las centrales de gas se redujo a 0,93 tras los 2,2 de 2020.

Esos registros, con la demanda en el entorno de los diez millones de Mwh, plantea algunas cuestiones acerca del sobredimensionado, y creciente a pesar de ello, sistema eléctrico aragonés, como las dudas sobre la idoneidad de soportar las emisiones de las centrales de tecnología fósil cuando sobra la de fuentes verdes, o viceversa: ¿para qué destrozar el territorio si deteriorando el aire y manteniendo valles inundados casi llegamos? ¿la eólica es lo que se consume en el país para exportar la electricidad más sucia tras soportar su huella ambiental y de salubridad o es al revés?

Una herramienta pendiente para distribuir la riqueza

En cualquier caso, conviene dejar claros algunos aspectos fundamentales a la hora de aproximarse al sistema eléctrico aragonés. Uno consiste en que no se trata de algo autónomo, sino que se integra en el español y ese, a su vez, en el europeo; y no es que sea aragonés, sino que Aragón es el territorio en el que, y desde el que, operan empresas de varias nacionalidades: aragonesas, españolas y de varios Estados de occidente, a través de fondos de inversión principalmente en este último flanco.

Tampoco es, obviamente, un sistema territorial ni municipal, por más que los datos y la coyuntura económica y legal estén confluyendo en un escenario, más que de oportunidad, de necesidad.

En los próximos 39 años, hasta 2061, van a caducar las concesiones de la totalidad de las centrales hidroeléctricas construidas sobre los ríos aragoneses. Las últimas, todas en ese año, serán las principales: las de Mequinensa y Ribarroja en el Ebro, Mediano en el Cinca, Canelles y el salto reversible de Moralets en el Noguera Ribagorçana, Eriste en el Ésera y Anzánigo en el Galligo.

La de Yesa no va a revertir porque no existe. No, ni la dictadura franquista que mando construirlo ni ocho gobiernos democráticos consecutivos se han preocupado por paliar el destrozo ambiental y social que supuso la construcción del gran pantano del río Aragón aprovechando la infraestructura para generar energía.

Aunque varios de ellos sí han avalado una obra de recrecimiento que sigue careciendo de central hidroeléctrica, que ha engullido más de 400 millones de euros y que, por lo que se va sabiendo, puede que finalmente ni siquiera vaya a poder ser utilizada para regar.

Sí han revertido ya, en cambio, otras doce centrales que explota como titular la propia CHE a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica, cuya atribulada titular, Teresa Ribera, debe anunciar este martes las medidas para abaratar el pvp de la energía, decida si algún ente del sector público debe hacerse cargo de ellas o si su explotación sale de nuevo a subasta en lo que sería una antológica bicoca capaz de reducir a la categoría de anécdota disparates energéticos previos como el de aquel almacén de gas llamado Castor.

Por lo pronto, y por tratarse de instalaciones completamente amortizadas después de más de medio siglo de explotación, a la CHE, que aplica un austero plan de mantenimiento externalizado, le sale el kilowatio hora a un céntimo, lo que pone el Mwh a diez euros, hasta 54 veces por debajo de los precios medios que ha llegado a alcanzar este mes de marzo la electricidad en el mercado mayorista.

Solo con esas doce centrales, el organismo de cuenca produjo entre enero y septiembre luz suficiente para abastecer a media demarcación de Teruel o a las capitales de las comarcas del norte y del sur de Aragón.

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En los últimos cinco años, las centrales hidroeléctricas han generado en Aragón entre 2,64 y 3,88 millones de Mwh que equivalen a algo más de la sexta parte de la producción del territorio y a algo más de la cuarta parte de la demanda; es decir, a la posibilidad de disponer de una herramienta para reducir a precio de coste una parte importante del recibo de la luz de los y las aragonesas o, también, de disponer de una fuente extra de recursos para financiar servicios públicos; siempre, claro, que alguien tome la iniciativa para crear un instrumento público, con forma de empresa o de organismo, que permita distribuir la riqueza del país entre quienes lo habitan.

 

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