Las ciudades de Teruel, Uesca, y Zaragoza, acogieron este pasado miércoles, 23 de marzo, sendas concentraciones de protesta bajo el lema “Contener los precios, proteger el empleo”, para reclamar a las administraciones públicas “medidas urgentes que contengan la escalada de los precios”. Los sindicatos CCOO y UGT, junto a entidades vecinales de las tres ciudades -FABZ, OSCAXXI, AVVTeruel-, y la UCA han sido las organizaciones convocantes de las concentraciones.
La ciudadanía zaragozana se concentró desde las siete de la tarde junto a la Diputación de Zaragoza. “En el mes de febrero, el IPC se sitúo en Aragón en el 8,5% debido a la constante escalada del coste de los carburantes, gas, electricidad y su efecto en otros bienes de primera necesidad. La situación empieza a ser insostenible para gran parte de la ciudadanía aragonesa que ve con preocupación una situación que sino se toman medidas urgentes, empeorará”, explicaban.
La situación está afectando a más del 70% de la población de la ciudad de Zaragoza, así lo aseguraba Manuel Arnal, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, “el alza de los precios está haciendo mucho daño a las economías más vulnerables. Salíamos de la pandemia con un nivel de renta en los barrios populares bajísimo. Está situación está provocando una dualidad de rentas entre unas muy altas y otras muy bajas”, dependiendo de la zona de la ciudad de Zaragoza. Arnal aseguraba que los barrios de las Fuentes, Delicias o San José “son los que más han sufrido y están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, la pandemia y ahora de la guerra de Ucrania”.
El representante de la Unión de Consumidores y Consumidoras -UCAragón-, José Ángel Oliván, señalaba que la subida de precios “viene de lejos” y que “el sector eléctrico ha arrastrado al conjunto de la economía”, a lo que añadía que “cuando un mercado fracasa y unas empresas se muestran insensibles, lo único que cabe esperar de un gobierno es que intervenga precios y mercados, y los ponga al servicio del conjunto de los ciudadanos”.
A la misma hora en la Plaza Zaragoza de Uesca se señalaba a las compañías eléctricas como las responsables directas del constante incremento del precio de la energía. El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, aseguraba -en Zaragoza- que las empresas de energía “están aprovechando el momento para ganar muchísimo dinero. Las seis empresas energéticas que cotizan en el IBEX ganaron unos 3.800 millones en 2019, unos 3200 en el año 2020 y 10.200 millones, el año pasado. No estamos dispuestos a afrontar como sociedad, estos costes mientras oigamos el año que viene que las empresas energéticas han ganado miles y miles de millones”.
Por todo ello, las organizaciones convocantes reclaman “un cambio del sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad y topar el precio máximo del megavatio en la subasta, porque lo que no puede ser es que estemos pagando la generación de energías que están costando a tres euros el megavatio a 200, 300 o 600 euros”, condicionadas además por el incremento del precio del gas ruso que suministra un porcentaje bajísimo a los hogares aragoneses.
Pina hacía un llamamiento a la cohesión social “tenemos que elegir la forma de salir de esta crisis. Si lo hacemos como en 2008 con recortes o austeridad o protegiéndonos entre todos, como lo hicimos durante la pandemia”.
Y, algo más tarde, a las ocho de la tarde, la ciudad de Teruel tomaba el relevo con una concentración en la Plaza del Torico donde se recordaba que las empresas “están haciendo un verdadero negocio especulando con la energía”.
Por su parte, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, animaba -en la concentración de Zaragoza- a la ciudadanía aragonesa para que participe en estas movilizaciones, y así “obligar al gobierno a que actúe rápidamente”. Alastuey señalaba “los escenarios en los que hay que trabajar para contener los precios de la electricidad y carburante: el primero es la Unión Europea, desvinculando el precio del gas del de la electricidad”. El segundo de los agentes es el gobierno del Estado español “controlando los precios de la energía eléctrica en su vertiente doméstica como en la de transporte. Tiene que luchar contra la especulación, estamos pagando la gasolina a precios que se supone que tendrán dentro de unos meses en el mercado mayorista”.
