Este miércoles, 29 de abril, se presenta en el zaragozano Centro Joaquín Roncal (a las 18:30) el informe ‘Aragón bajo la inercia bélica’. El documento, al que AraInfo ha tenido acceso anticipado, es una publicación promovida por las plataformas ciudadanas ‘Aragón por la Paz’ y la ‘Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras’, en colaboración con el prestigioso Centre Delàs d’Estudis per la Pau. El documento lleva la firma de Davi Montesinos, integrante de Delàs y doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo.
Precisamente, el reciente pacto entre PP y Vox para investir a Jorge Azcón estipulaba, dentro de su apartado dedicado a la economía, el compromiso de “continuar con el impulso del Hub de Defensa de Aragón para posicionar a nuestra Comunidad Autónoma como un referente de la industria de la defensa y seguridad, así como de los sectores aeronáutico y aeroespacial”. Eso sí, más allá de su voluntad lobista en favor de la industria de guerra, no está de más advertir que el grueso de los fondos que sostienen los nuevos desarrollos del complejo militar-industrial aragonés, y el sostenimiento de los existentes, proviene principalmente del Ministerio de Defensa del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.
Analizar el impacto
El informe, que protagoniza esta información, pretende poner el foco, como indica su subtítulo, en los “riesgos, dependencia e incoherencias del hub militar aragonés”. Este informe analiza el impacto de la consolidación del hub militar en Aragón, evaluando sus riesgos, contradicciones y alternativas desde una perspectiva de economía de paz. Las conclusiones se fundamentan en el análisis de la estructura empresarial, la dependencia del gasto público, la coherencia normativa y la necesidad de adoptar paradigmas de seguridad alternativos al militarismo.
Un portaaviones terrestre
“La distribución espacial de estas capacidades no es aleatoria, sino que dibuja una geografía del riesgo y la dependencia”, diagnostica el texto. Señala que el complejo militar-industrial aragonés “se articula como un cinturón estratégico” alrededor del área metropolitana de Zaragoza y se prolonga hacia Huesca. Este marco de militarización territorial y arquitectura militar contemporánea es denominado por el autor del estudio como un “portaaviones terrestre”.
“Al igual que un portaaviones naval proyecta capacidad militar a gran distancia combinando plataformas logísticas, sistemas de armas e infraestructuras de mando y control, el territorio aragonés concentra una combinación similar de capacidades en tierra firme: fabricación de armamento, campos de maniobras, nodos logísticos estratégicos y una creciente infraestructura digital vinculada a la defensa”, apunta Montesinos. Esta apuesta supone que Aragón se convierta en “una plataforma territorial integrada en las cadenas globales del complejo militar-industrial y en la proyección estratégica del Gobierno de España en misiones militares o de alianzas como la OTAN”, explica el documento.
Esta dinámica de militarización de la economía alcanza también al sur de Aragón. El informe recuerda que “el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), instrumento histórico de compensación por la despoblación, está siendo reorientado hacia el sector de la defensa”. El hito más significativo, citado por el documento, es “la creación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) en el aeropuerto de Teruel, con una inversión de 42 millones de euros del Ministerio de Defensa y tecnologías duales orientadas a la interoperabilidad con la OTAN”.
La militarización del territorio va mucho más allá de las propias instalaciones militares. “Implica la integración progresiva de industrias, infraestructuras logísticas y redes digitales en la arquitectura operativa de la defensa”.
Entre otros ejemplos, cita como representativo de esta dinámica el desembarco de GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Pese a que sus plantas de fabricación se encuentran en Asturias y Sevilla, “la compañía ha establecido en Zaragoza un centro estratégico de ingeniería y operaciones comerciales, aprovechando las sinergias del hub militar aragonés para centralizar el mantenimiento y la evolución tecnológica de programas clave como el vehículo blindado 8x8 Dragón, e integrando capacidades locales en la cadena de suministro de General Dynamics”.
El hub militar aragonés, describe el autor, “ha dejado de ser un simple polo de producción para convertirse en un nodo de coordinación logística y desarrollo tecnológico de la defensa terrestre” a nivel estatal.
Centros de datos y economía de guerra
La guerra moderna ya no depende solo de la potencia de fuego, sino del control de la información en tiempo real. En este contexto, las infraestructuras digitales —centros de datos, redes y servicios en la nube— se han convertido en piezas estratégicas dentro del ámbito militar.
El informe ‘Aragón bajo la inercia bélica’ señala que “la superioridad ya no se mide únicamente por la potencia de fuego convencional, sino por la capacidad de procesar y distribuir información en tiempo real”. En Aragón, la presencia de centros de datos de Amazon Web Services en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro ilustra esta transformación. Aunque su uso declarado es comercial, su arquitectura es compatible con aplicaciones militares, como ocurre en otros contextos donde esta empresa colabora con el Pentágono y agencias de inteligencia.
El documento advierte del carácter de “infraestructura invisible” de estos centros, que no generan el mismo rechazo social que las instalaciones militares tradicionales, pero tienen una relevancia equivalente en las operaciones actuales. Además, subraya el riesgo de que recursos locales se orienten a estos fines: “la militarización digital implica que recursos locales críticos —suelo, energía y agua— sostengan la arquitectura de vigilancia y combate de potencias extranjeras”.
En conjunto, el informe apunta a una creciente integración de Aragón en redes tecnológicas con potencial uso militar, lo que abre un debate sobre la soberanía tecnológica y el destino de los recursos públicos.
Vulnerabilidad económica y subordinación
Una de las principales conclusiones del texto es que la economía aragonesa vinculada al sector militar depende en gran medida de grandes empresas y estrategias de carácter transnacional. Como ejemplo, el informe cita la presencia de multinacionales como Rheinmetall Expal, GDELS-Santa Bárbara o Teltronic. Esto convierte nuestro territorio en un nodo subordinado a intereses externos y limita el desarrollo de una industria propia y autónoma.
Esta concentración de recursos y talento en el sector de la defensa, señala el documento, resta dinamismo a sectores civiles más estables y sostenibles.
Dependencia estructural del gasto público
El trabajo elaborado por Montesinos concluye que el hub militar “no opera bajo la lógica del mercado”, sino que depende de contratos estatales garantizados (como los Programas Especiales de Armamento), lo que perpetúa la necesidad de gasto militar estatal para la supervivencia económica de Aragón.
Esta dependencia genera presión política para mantener altos niveles de inversión militar, en detrimento de sectores sociales como sanidad, educación o transición energética.
Incoherencia normativa
Como ya señaló ‘Aragón por la Paz’ en su campaña contra el hub militar aragonés, el informe también apunta la existencia de una evidente contradicción entre el impulso institucional al complejo militar-industrial y el espíritu de la Ley 8/2023 de Cultura de la Paz en Aragón, que obliga a fomentar la desmilitarización y la resolución pacífica de conflictos.
El apoyo a la industria de defensa, incluyendo subvenciones y promoción institucional, choca con los compromisos legales y éticos asumidos por las instituciones aragonesas.
Riesgos éticos y de corresponsabilidad
Empresas del hub aragonés suministran armamento a zonas de conflicto, situando a Aragón en una posición de corresponsabilidad ética sobre las consecuencias humanas de los conflictos armados. Entre estos conflictos en los que la industria aragonesa y la de ámbito estatal participa, el informe señala como ejemplo la guerra en Ucrania o el genocidio en Palestina y otras agresiones militares de Israel contra los estados de su entorno.
El documento destaca que un modelo económico basado en la industria militar vincula el bienestar local a la perpetuación de la guerra y la inestabilidad internacional, lo que supone una evidente contradicción en sí misma que abordará el autor más adelante proponiendo un cambio de paradigma.
Necesidad de paradigmas alternativos de seguridad
El enfoque de seguridad basado en la capacidad militar es incompatible con los paradigmas de seguridad humana y compartida, que priorizan la protección de las personas y las condiciones de vida digna. Una visión que no es nueva y que, como recuerda el trabajo que analizamos, ya fue validada por el ‘Informe sobre Desarrollo Humano: Nuevas dimensiones de la seguridad humana’ del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994.
El informe propone reorientar las políticas públicas que hoy impulsan el hub militar aragonés hacia actividades económicas que supongan la garantía de los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo sostenible.
Recomendaciones del informe
El apartado de recomendaciones plantea una transición hacia una economía desmilitarizada basada en la reorientación de recursos, capacidades y políticas públicas. En primer lugar, propone redirigir la inversión en I+D hacia usos civiles, condicionando las subvenciones a su utilidad social.
Como ejemplo, se cita el Plan Lucas impulsado en los años 70 por trabajadores de la industria aeroespacial británica, que demostraron la viabilidad de reconvertir la producción militar en bienes socialmente útiles. Este enfoque se refuerza con los casos de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, donde un gasto militar mínimo favoreció el desarrollo de industrias civiles altamente competitivas.
En segundo lugar, se plantea la reconversión de empresas con capacidades logísticas e industriales en Aragón hacia ámbitos como la transición ecológica o la ayuda humanitaria. Se señala como referencia reciente la experiencia de la fábrica GKN en Florencia, donde los trabajadores diseñaron un plan alternativo con amplio respaldo social aprovechando las intenciones de la propiedad de desmantelar la factoría.
El texto también formula demandas al Gobierno de Aragón, cuestionando su implicación en el hub de defensa por posibles incompatibilidades legales y éticas.
El informe concluye que “Aragón puede, y debe”, aprendiendo de los ejemplos citados, “dejar de ser un eslabón de la industria armamentística y convertirse en un referente de seguridad humana real y sostenible”.
Se reclama, “en caso de continuar promoviendo estas iniciativas”, la implementación de mecanismos de control en materia de derechos humanos, evaluaciones previas del impacto de las inversiones y la desvinculación de proyectos relacionados con vulneraciones en terceros países.
La Universidad de Zaragoza
Por otro lado, se advierte sobre la colaboración entre el sector de defensa y la Universidad de Zaragoza, al considerar que puede contradecir los principios recogidos en el artículo 3 de los estatutos de la institución (Decreto 1/2004), que establecen entre sus objetivos la promoción de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. A pesar de ello, señala el informe, “la Facultad de Economía y Empresa ya organiza conjuntamente con la Academia General Militar el Foro de Economía, Sociedad y Defensa, en el que estudiantes resuelven retos planteados por empresas armamentísticas”. El informe insta a la Universidad a velar por la coherencia entre sus compromisos estatutarios y los acuerdos que suscribe con el complejo militar-industrial.
Voluntad política
En conjunto, el documento plantea que Aragón se enfrenta a una decisión estratégica: consolidarse como nodo de la industria militar o avanzar hacia un modelo económico centrado en la sostenibilidad, la diversificación y la seguridad humana, defendiendo que esta segunda opción es viable y depende de la voluntad política.
