Es desconcertante que, ante la comunicación o explicación de ciertos hechos por parte de colectivos sociales o ambientales, se tienda a consultar a la parte afectada para contrastar pareceres. Lo que, en principio, parece una buena práctica —y algo deseable— sorprende porque casi siempre se plantea en una única dirección. Se deja espacio a los promotores, empresas o administraciones afectadas por los hechos constatados, pero rara vez se aplica el mismo criterio cuando son ellos quienes lanzan sus notas de prensa o publirreportajes camuflados. En esos casos, no se suele consultar a la ciudadanía ni a los colectivos afectados. Además, …
