La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han explicado esta primera acción unitaria para responder a la sentencia del juicio, que se conocerá en los próximos días.
El independentismo catalán ha celebrado este martes el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, un aniversario marcado por la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra el ‘procés’ y por la ola de criminalización desatada contra el movimiento soberanista. 131 faros encendidos en Montserrat, presentación de las movilizaciones en respuesta a la sentencia, una multitudinaria manifestación en Barcelona y marchas de antorchas hasta la prisión de Lledoners, han sido algunos de los actos de este aniversario en el que el Govern se ha comprometido a «avanzar sin excusas hacia la República Catalana».
El presidente de Òmnium ha afirmado que el macrojuicio sobre el proceso independentista será «un juicio político en el que se evidenciará la vulneración de derechos fundamentales», como el de la libertad de expresión, de reunión, de disidencia política, de la autodeterminación de Catalunya, y lo considera un juicio sin garantías. Por su parte, las defensas de Sànchez, Turull y Rull piden al Supremo que cite como testigos a Felipe VI, Rajoy, Colau y a Puigdemont.
28.684 personas participaron este domingo en las consultas populares celebradas en Donostia, Zalla, Balmaseda, Alonsotegi e Irun, impulsadas por Gure Esku Dago a favor del derecho a decidir. En total, en los cuatro años de estas citas con las urnas organizadas por la plataforma ciudadana, son ya 217.795 las personas que votado en 208 municipios vascos, un tercio de toda Euskal Herria, para «decidir el futuro de este pueblo mediante referéndum». «Las naciones sin Estado tienen derecho a decidir su futuro en libertad», afirmó Joan Tardà, uno de los observadores internacionales.
Miles de personas se concentraron enfrente de la Conselleria de Economía este jueves para conmemorar los hechos ocurridos hace un año y para pedir que se libere a las y los presos independentistas. El mismo día eldiario.es y El Món revelaban los mensajes de odio contra el independentismo de algunos jueces españoles en un foro oficial del Consejo General del Poder Judicial. Todo sucedía unos pocos días antes del 1-O, fecha para la cual organizaciones civiles catalanas han convocado una marcha.
Las reacciones a las operaciones policiales no se han hecho esperar. Las formaciones políticas y entidades soberanistas de Catalunya y CatECP, Podemos e IU han denunciado las detenciones realizadas por la Guardia Civil y los Mossos contra miembros de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR).
La Guardia Civil registra por orden judicial la sede de Òmnium Cultural en Barcelona y el domicilio y el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la conselleria de Presidencia de la Generalitat, que ha asistido detenido a los registros, y tras pasar por dependencias policiales, ha quedado en libertad con cargos