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Jordi Cuixart acusará al Estado español de vulnerar los derechos fundamentales en el “juicio político” del ‘procés’

El presidente de Òmnium ha afirmado que el macrojuicio sobre el proceso independentista será "un juicio político en el que se evidenciará la vulneración de derechos fundamentales", como el de la libertad de expresión, de reunión, de disidencia política, de la autodeterminación de Catalunya, y lo considera un juicio sin garantías. Por su parte, las defensas de Sànchez, Turull y Rull piden al Supremo que cite como testigos a Felipe VI, Rajoy, Colau y a Puigdemont.
| 15 enero, 2019 10.01
Jordi Cuixart acusará al Estado español de vulnerar los derechos fundamentales en el “juicio político” del ‘procés’
Jordi Cuixart. Foto: Óminum

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusará al Estado español de vulnerar derechos fundamentales en el escrito de defensa del macrojuicio contra el 1-O: “No presentamos un escrito de defensa, presentamos un escrito de acusación ante el Estado”.

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, junto a las y los abogados Gemma Calvet, Magda Oranich, August Gil Matamala, Carme Herranz y Olivier Peter, y acompañado de otros juristas.

Mauri ha afirmado que el macrojuicio sobre el proceso independentista será “un juicio político en el que se evidenciará la vulneración de derechos fundamentales”, como el de la libertad de expresión, de reunión, de disidencia política, de la autodeterminación de Catalunya, y lo considera un juicio sin garantías.

Ha insistido en que el Estado español “ha suspendido los derechos políticos democráticos para preservar su unidad y ha enviado un mensaje claro: la unidad de España está por encima de los derechos más básicos”.

Para Mauri, esto no solo afecta al independentismo, sino a toda la ciudadanía de los diversos territorios del Estado, y ha sostenido que “en una democracia madura la unidad del Estado no se puede blindar a costa de amputar derechos”.

Por su parte, la jurista Gemma Calvet ha asegurado que el Estado está vulnerando el derecho a la libertad de expresión y convirtiendo su ejercicio “en un delito”. “La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox quieren incriminar conductas amparadas en la libertad de expresión”, como actividades que difunden opiniones favorables al independentismo.

Magda Oranich ha argumentado que la causa del Tribunal Supremo contra el proceso independentista es una “amenaza directa a un derecho esencial como el derecho a reunión pacífica y manifestación”. Ha afirmado que la justicia del Estado ha utilizado la acusación contra los dirigentes soberanistas “como un castigo por haber desafiado el ‘status quo'”, y ha acusado al poder judicial de abusar de la prisión provisional.

Por último, August Gil Matamala ha denunciado que durante la instrucción se han cometido vulneraciones de garantías procesales, de manera que será “un juicio sin garantías que vulnera el derecho fundamental a un proceso equitativo”.

Las defensas de Sànchez, Turull y Rull piden al Supremo que cite como testigos a Felipe VI, Rajoy, Colau y a Puigdemont

Por otra parte, las defensas del expresidente de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sánchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull creen que Felipe VI debe comparecer por su discurso tras el referéndum del 1-O, donde advirtió de que, ante la situación “de extrema gravedad”, los “legítimos poderes del Estado” debían asegurar “el orden constitucional”.

Respecto a Carles Puigdemont la defensa quiere que declare para que pueda acreditar, entre otros aspectos, los intentos de diálogo que la Generalitat ofreció al Gobierno hasta la “extenuación”, en el marco del proces. En su escrito no especifica la forma en que puede comparecer, aunque la única vía posible sería a través de videoconferencia. Esto es así porque en caso de que Puigdemont pise territorio español sería detenido de inmediato ya que contra él sigue vigente una orden de detención dictada por el juez instructor Pablo Llarena.

Sobre el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, creen que su declaración puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos. También justifican la petición de que declare Colau “al ser pública y notoria su participación en las actuaciones del día 1 de octubre de 2017 así como el 20 de septiembre del mismo año”.

Por último, los expresidents de Catalunya Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont, así como los presidents del Parlament, han pedido al Supremo que los líderes soberanistas sean puestos en libertad antes del juicio y han firmado un comunicado en el que piden garantías para el derecho de defensa de los inculpados, que consideran “entorpecida”, durante la vista del procés.

15 enero, 2019

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