Entre los términos municipales de Alberite, Bureta y Magallón se encuentra el Parque Eólico San Juan de Bargas, que en sus dos ‘zonas’ suma 56 macro molinos de entre 52 y 56 metros de altura con una potencia nominal acumulada de 44.800 kw, estos molinos son responsables directos de la alta mortalidad de especies en peligro de extinción.
José Antonio Pinzolas, miembro de ANSAR y de la Plataforma 13M, explica que el primer ejemplar (macho) de búho real “fue encontrado el día 2 de enero y la hembra fue localizada el 4 de enero cuando fue a comprobarse si la pareja había iniciado la puesta de huevos, pues estas rapaces comienzan el ciclo reproductor muy pronto”. Con una longitud de entre 56 y 75cm y un peso de 2 a 4kg (dependiendo sea macho o hembra) es la rapaz nocturna más grande de la Península Ibérica. Su alimentación se basa en el conejo, con una abundante población en la zona de este lagomorfo. “Esta pareja de rapaces nocturnas, que eran extremadamente beneficiosas para la agricultura, se ha perdido para siempre. Existen posibilidades de que esta zona vuelva a ocuparse, pero ¿cuánto tardarían en morir de nuevo los nuevos inquilinos?”, se pregunta Pinzolas.
“Pero no solo encontraron la muerte la pareja de búhos reales (Bubo bubo), también se localizaron otros 18 cadáveres de aves en 3 días, entre los que se encontraba un milano real (Milvus milvus), especie en peligro de extinción”, recalca Pinzolas.
En los informes oficiales de 2021 y 2022 del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Gobierno de Aragón se señala que “casi el 50% de los ingresos de la provincia de Zaragoza han sido a consecuencia de colisiones contra aerogeneradores, y supone que, el 90% del total de ingresos por colisiones contra aerogenerador durante los años 2021 y 2022 en todo Aragón proceden de estas zonas. Lo que coincide con la distribución actual de estos parques eólicos en nuestro territorio”, así, “está claro, los molinos son los culpables de tan alta mortalidad”, enfatiza el miembro de ANSAR.
“Se supone, que cuando hay datos tan preocupantes de mortalidad y sus causas son conocidas, se debería de articular alguna solución para evitarlas. Pero nada de eso se está haciendo. Todo lo contrario”, lamenta Pinzolas.
Se siguen autorizando parques eólicos o solares en zonas de alta biodiversidad, en zonas sensibles y donde sobreviven las últimas poblaciones de aves esteparias, especies catalogadas vulnerables como la ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga ortega (Pterocles orientalis), cernícalo primilla (Falco naumanii), algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción, como la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax) y la alondra ricoti -en castellano- o rocín -en aragonés- (Chersophilus duponti).
Actualmente también existe un protocolo para evaluar e identificar los molinos más letales para la fauna alada (aves y murciélagos) “y en su caso, tomar las medidas oportunas para que no vuelvan a matar. Este protocolo que entró en vigor a primeros del año 2023, a día de hoy, nadie lo está haciendo cumplir”, asegura Pinzolas.
“Es triste y desolador pensar que después de 20 años en el parque eólico San Juan de Bargas no se haya hecho nada para evitar la muerte de aves y murciélagos. Este parque eólico empezó a funcionar en 2005, por lo que pronto su vida útil va a terminar, y entonces ¿que va a pasar? Lo eliminarán definitivamente para liberar ese espacio para la vida salvaje o se repotenciará. Pronto lo averiguaremos”, se cuestiona el naturalista.
“Se supone que las administraciones públicas velan por el medio ambiente, algo que en principio es de todos”, explica Pinzolas, y recuerda que “además el artículo 45 de la constitución dice”:
- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
- Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
- Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
“Como otros tantos artículos de la constitución, son papel mojado porque no se cumple”, concluye Pinzolas.
