El Pleno de las Cortes de Aragón, dónde reside la soberanía democrática del Pueblo aragonés, aprobó este pasado jueves con el voto a favor de PP, PSOE y PAR, y el rechazo del resto de partidos por su ausencia de compromiso con el territorio aragonés, la Ley de Medidas Urgentes de Energía de Aragón. Se trata de un documento que pretende dar respuesta a la anulación el pasado mes de septiembre por parte del Tribunal Constitucional del Decreto Ley 1/2023 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón, y que fue calificado por la Mesa de las Cortes el pasado 20 de noviembre y publicado en el B.O.C.A. el día 26 del mismo mes.
El texto legislativo fue defendido por la consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en un debate en el que también intervinieron los parlamentarios Fernando Ledesma (PP), Marta Gastón (PSOE), Alejandro Nolasco (del ultraderechista Vox), José Luis Soro (CHA), Tomás Guitarte (Teruel Existe), Andoni Corrales (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).
Las ocho agrupaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón habían registrado 327 enmiendas, de las cuales salieron adelante cincuenta y dos. El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno “incorpora buena parte de las disposiciones del Decreto Ley de 2023 anulado por el Tribunal Constitucional, aunque ajustándolo a las objeciones de constitucionalidad planteadas por el Estado español en su recurso”, señalan desde el PP.
“Una ley al servicio de grandes multinacionales y fondos de inversión extranjeros”
A criterio de la Plataforma 13 de Marzo - Aragón por la racionalidad energética, que apoya la introducción de las energías renovables en el tejido industrial existente, la nueva ley “se orienta claramente a facilitar un exclusivo ‘autoconsumo industrial’ o, dicho de otra manera, a posibilitar la conexión de centrales eólicas y fotovoltaicas ubicadas en Aragón con grandes empresas electrointensivas, como son los centros de datos, las gigafactoría de baterías u otras industrias (como el hidrógeno mal llamado verde), que puedan ir surgiendo”.
“Resulta paradójico que el apoyo y la facilitación de la evacuación de la energía con líneas directas se fundamente en el progreso y que esto se presente como un avance, cuando se está poniendo el territorio de Aragón y sus valores en manos de especuladores y fondos extranjeros que se van a llevar el valor añadido a otros países. Para más escarnio, se presenta esta hipoteca del territorio y el expolio de sus valores naturales como la mejor defensa de un aragonesismo más que discutible·, enfatizan desde la Plataforma.
La ley aprobada tiene varios apartados y, si bien, para esta Plataforma, el que hace referencia al autoconsumo particular o a las comunidades energéticas “va en la dirección del modelo de transición energética por el que se apuesta, no por ello hay que dejar de resaltar que la ley se queda muy corta al no regular criterios y derechos para facilitar la implantación pues, de hecho, lo hace a partir de criterios demasiado genéricos, sin resolver las dificultades reales de conexión a las redes de distribución y la eliminación de las trabas que se están poniendo para ello”.
Pero el apartado que resulta “un auténtico coladero” es el capítulo IV y todo el desarrollo que hace de lo que denomina líneas directas. La Plataforma 13 de Marzo considera que “esta demanda es en realidad una imposición de las empresas desarrolladoras de proyectos que buscan dar salida a todos aquellas instalaciones que se han quedado sin posibilidad de evacuación. De esta forma se facilitará la comercialización de los megavatios que se llegarán a producir en las mismas que, de otra forma, se quedarían sin construir”, explican.
“Esto no es algo inventado por nuestra Plataforma: cierta empresa ya lo anunciaba en la prensa en los días previos a la tramitación de la ley, ofreciéndolo como la salida a las centrales que se habían quedado sin conexión por la oposición de la Generalitat a las mal llamadas líneas de evacuación, que, en realidad, pretendían constituir una red de transporte eléctrico privada”, recuerdan desde la Plataforma 13 de Marzo.
Una ley tramitada con urgencia, sin la participación de los colectivos afectados, sin posibilidad de debatir las más de 300 enmiendas presentadas y con la premura de tiempo con la que se ha presentado “da idea de la falta de voluntad para buscar una implantación de las renovables justa, equitativa y acorde con el territorio”, recalcan.
Esta ley “no se debería haber presentado ni aprobado antes de tener el Plan Energético de Aragón, que se está debatiendo públicamente estos días, ni tampoco antes de contar con una Ley del Paisaje, como se anunció en la investidura de Jorge Azcón como presidente del gobierno. De esta forma estas otras normas legales quedarán condicionadas y sometidas a una ley con tintes poco democráticos: las prisas para favorecer a algunas empresas han pesado más que el sentido común”, aseveran desde la Plataforma 13 de Marzo.
“De hecho, esta ley es gemela de la Ley 1/2023, presentada en última estancia por el gobierno anterior del PSOE y que fue rechazada por el Tribunal Constitucional por sus formas y por invadir competencias estatales”, recuerdan. “Por el bien del sector energético y del cumplimiento de la legalidad, es esperable y deseable que vuelva a ocurrir lo mismo pues, en cualquier caso, trabajar al servicio de intereses particulares es mal camino”.
La Plataforma 13 de Marzo - Aragón por la racionalidad energética “va a seguir proponiendo un modelo energético vinculado a la ciudadanía, democrático, basado en el autoconsumo, al servicio del tejido productivo de cercanía y en comunidades energéticas. Y consideramos que las distintas administraciones y gobiernos, que deben estar al servicio de los ciudadanos, no deberían nunca facilitar la especulación con un bien básico, que constituye un derecho humano”, concluyen.
