Ha pasado un mes desde que se llenasen las calles más céntricas de Madrid pidiendo la absolución de las 6 de Xixón y esperando que el recurso de casación al Tribunal Supremo fuese admitido, a día de hoy está en la sala de admisión del Tribunal Supremo, pero la fiscalía ha emitido un informe desfavorable para impedir que siga adelante, ahora falta que el supremo resuelva si lo admite o no.
En este punto, los plazos pueden ser desde días o hasta dos meses, la situación de las 6 compañeras de Xixón depende de si el Tribunal Supremo admite el recurso a trámite, donde podría esperar un año para emitir un fallo, favorable o no.
En el caso de no admitirlo, la situación de las 6 de Xixón se vuelve muy crítica ya que volverían a caer en las manos del juez y antiobrerista Lino Rubio Mayo, la sentencia sería firme y la acusación y la fiscalía podrían pedir la ejecución de la sentencia, por lo que el juez tendría un plazo para ejecutarla de 10 días desde que se solicita.
Las seis sindicalistas
En 2017, una trabajadora de la pastelería La Suiza de Xixón acudió al sindicato de CNT en busca de asesoría y apoyo en una situación de abuso patronal y acoso, con el impago de alrededor de 80 horas extraordinarias al mes, la imposibilidad de disfrutar de vacaciones y cargas excesivas de trabajo durante el embarazo de la trabajadora, lo que se tradujo en un riesgo de aborto que desembocó en la correspondiente baja médica. Junto a todos estos abusos, la compañera denunciaba un trato insoportable por parte del empleador, que incluía comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo.
El sindicato inició una campaña de concentraciones que como explica son “las herramientas sindicales a nuestro alcance para defender los derechos de la trabajadora afectada”. Señalan, no obstante que todas estas acciones se desarrollan “con firmeza” en la defensa de la trabajadora pero sin que se produzca intervención policial. “Pese a la normalidad de las acciones de protesta, comienzan a producirse identificaciones policiales de diferentes compañeras de CNT Xixón y, finalmente, se producen varias detenciones y se tramitan las denuncias correspondientes”, aseguran desde el sindicato.
El proceso judicial consecuente se abre con el intento de imputación de una treintena de personas, militantes del sindicato, pero también de otras personas que habían ido a apoyar a la trabajadora de La Suiza. Finalmente resultaron imputadas ocho personas.
La trabajadora afectada en el conflicto original interpuso asimismo una denuncia por acoso sexual, que fue archivada ante la justificación judicial de no existir carga de prueba suficiente.
Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 1 de Xixón, en sentencia emitida en junio de 2021, condena a las ocho activistas procesadas a un total de 25,3 años de prisión: tres años y medio de prisión para 7 de ellas y 8 meses para otra, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Además la sentencia establece una indemnización a la pastelería La Suiza de 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario.
En la cárcel en cuestión de días
La Fiscalía en su informe afirma que debe ser inadmitido por carencia de fundamento y por ir contra los hechos probados. Sin embargo, desde CNT recuerdan que “por eso se recurre, porque los hechos probados no corresponden a la realidad”.
Porque el único interés al comenzar el conflicto sindical era y es la defensa de los derechos de una trabajadora: “Pero los hechos probados son únicamente la versión del empresario, aludiendo a que fue sometido a una tremenda presión que obligó a cerrar el negocio. Un negocio que estaba anunciado en un portal inmobiliario para su venta mucho antes del inicio del conflicto”.
CNT se pregunta, “qué presión puede padecer una persona con tantos contactos, que después de cada manifestación enviaba a la policía para identificar a las participantes en la protesta incluso días después. Quién se cree que este empresario se ha visto obligado a un cierre forzoso y como consecuencia abocado a presentar una solicitud de declaración de concurso voluntario, un empresario que contrata como abogado a Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.
Además, desde el sindicato subrayan que las concentraciones fueron en un 90% comunicadas y aprobadas por delegación de gobierno y las que no se comunicaron tampoco fueron ilegalizadas ya que en el total de ellas hubo presencia policial y nunca hubo intervención por su parte.
“En un territorio como Asturies estan acostumbradas a un sindicalismo para los hombres para los sectores donde son mayoría, donde por cultura siempre se ha tenido presencia, sectores como la minería, el metal, la naval…”, y añaden, “el sindicalismo también es nuestro, de las mujeres; y las mujeres también nos defendemos y nos posicionamos y esto al patriarcado y al capitalismo le duele mucho, nos han subestimado pero las mujeres siempre hemos estado ahí, en las huelgas y en los tajos, pero nuestro y nuestras compañeras han hecho lo que haría cualquier obrera con apoyo mutuo y organización pero que varias mujeres soliciten reunión y negocien en un conflicto no se ha asumido y se ha perseguido”.
