Las entidades sociales reclaman dotación presupuestaria suficiente para la Ley de Economía Social de Aragón

El proyecto de Ley de Economía Social de Aragón continúa con su tramitación parlamentaria en las Cortz d’Aragón, donde las entidades sociales reclaman que la Ley se apruebe “con una asignación presupuestaria suficiente para garantizar su puesta en marcha”, en un sector que suma 5.600 organizaciones que dan empleo a 20.500 personas.

Ley

En el turno de audiencias legislativas de este pasado martes, 22 de marzo, han participado diez entidades sociales y asociaciones aragonesas que han presentado ante los diputados y diputadas sus apreciaciones ante el desarrollo del texto normativo, entre las que destaca la petición de asignación presupuestaria suficiente para garantizar su puesta en marcha.

En la sede de la soberanía popular -Cortes de Aragón- la presidenta de la Red de Economía Alternativa y Solidaria -REAS Aragón-, María del Carmen Martínez, explicaba que “somos una red de empresas, organizaciones y personas que, junto a Mercado Social y Coop57 Aragón, aglutinamos a más de 100 entidades en Aragón. Nuestro objetivo es desarrollar la Economía Solidaria en Aragón. Nuestras diferentes líneas de trabajo se basan en los principios y valores de la Carta de la Economía Solidaria (Equidad, Trabajo, Sostenibilidad Ambiental, Cooperación, Sin fines lucrativos, Compromiso con el entorno), que promueve unas relaciones socioeconómicas que actúan desde el respeto y cuidado del entorno, favorecen un modelo solidario y colaborativo, y sitúan a las personas y sus necesidades por delante del beneficio o la rentabilidad”.

Valoración de REAS Aragón del Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón:

  • Se inicia en mayo de 2018 cuando contestamos a la consulta pública sobre la realización de esta Ley, agradeciendo que el Gobierno de Aragón tomase partido por la Economía Social aragonesa. Entonces manifestamos que no necesitábamos otra ley, que la actual ley estatal 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, nos ofrecía un marco suficiente de actuación.
  • Ahora mantenemos la misma postura, más si cabe, sabiendo que la Ley Estatal se encuentra en fase de modificación, lo que implica que la Ley Aragonesa que se va a aprobar, tendrá diferencias considerables con la estatal y ya nacerá inadaptada a los nuevos tiempos.
  • Aun no siendo partidarios de una ley, hemos estado participando activamente en el Grupo de Trabajo constituido para su realización y sentimos que la pandemia provocase que la elaboración del borrador fuera menos participativa.

Aportaciones de REAS Aragón para la mejora del Anteproyecto:

  • Que el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, que se contempla en la Ley, cuente con más participación de las entidades y, sobre todo, con una coordinación ágil con los agentes representantes de la Economía Social y Solidaria de Aragón, que contemple un presupuesto, que se establezcan indicadores que puedan medir su desempeño, herramientas para su monitorizaje y que sea un plan que se evalúe periódicamente y que coordine fehacientemente a los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón que se van a ver implicados, Educación, Trabajo, Empleo, Fomento, Reto Demográfico, Transición Energética, Digitalización, Mujer, etc…
  • Esta Ley de Economía Social, necesita aprobarse con presupuesto propio que garantice los medios suficientes para: primero, fortalecer las estructuras que ya existen de fomento de la economía social y, segundo, para dotar al Plan de Impulso antes mencionado.

La experiencia de REAS Aragón les está indicando “que hay mucho que avanzar”, por ejemplo en:

  • El Registro de Cooperativas, dependiente del INAEM, tendría que garantizar que el periodo de inscripción de una cooperativa nueva fuera ágil y no se dilatara durante meses como puede llegar a pasar ahora en determinadas épocas.
  • Que se fomente el modelo cooperativo para poder alcanzar cifras de constitución como al menos en nuestra vecina Comunidad Foral de Nafarroa que en el 2020 tenían 65 nuevas cooperativas frente a las 21 de Aragón.
  • O dejar de escuchar en algunos foros “el modelo cooperativo es muy complejo y no se recomienda para emprender”.
  • Pedimos que se realice un Convenio con la entidad representativa de la Economía Social Aragonesa, Cepes Aragón, para el desarrollo del Plan de Impulso, como se están llevando a cabo con buenos resultados en otros territorios: Nafarroa, Galiza, Murcia, o Catalunya.
  • Solicitamos que se incluya a la Economía Social de Aragón, a través de su entidad representante, como agente social en el Consejo Económico y Social de Aragón, ya que entendemos que no participar en este órgano va en detrimento de la sociedad aragonesa.
  • Proponemos que se incluya una modificación dentro de las Disposiciones Adicionales, a la actual Ley de Cooperativas de Aragón en el título III Asociacionismo Cooperativo, art 93, donde habla de las Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, para que adecuándose a la realidad territorial de Aragón recoja una fórmula transitoria y favorecedora de la creación de uniones de cooperativas. Para su redacción y concreción nos ofrecemos a trabajar conjuntamente.
  • Finalmente proponemos que se evalúen las acciones realizadas en el marco del art. 99 de la actual Ley de Cooperativas de Aragón, dedicado al fomento del cooperativismo, ya que consideramos que con dicha ley se podría haber avanzado más en esta figura esencial de la Economía Social y Solidaria.

“Y todo porque creemos que la Economía Social y Solidaria es un medio al servicio de la sostenibilidad de la vida, donde las personas y el medio ambiente están por encima de cualquier otro interés”, concluían.

Por su parte, y en representación de la Asociación de Economía Social Aragonesa -CEPES Aragón-, su presidente, Adrián Serrano, recordaba que “en Aragón existen más de 5.600 entidades de economía social, que dan empleo a 20.500 personas”, y valoraba positivamente “el esfuerzo de los legisladores para impulsar la ley de Economía Social”, que ha considerado como “la primera piedra para crear un ecosistema de economía social en Aragón”.

El director gerente de la Fundación Aragón Emprende, Pedro Pardo, precisaba que “el articulado del proyecto de Ley reconoce a las entidades que estén en un catálogo de entidades de economía social”, y ha solicitaba una fecha “para que este catálogo se ponga en marcha” y evitar así “que se reconozca en la ley a empresas que no tienen que ver con el emprendimiento y la economía social”.

El representante del Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral -OADI- y director de la Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas, Jesús Gaspar, defendía la ley en proyecto calificándola de “innovadora, participada, solidaria y necesaria”. Gaspar ha dicho que “en la casa de todos, esta ley es nuestro ADN y es una norma bien articulada que se mejorará”.

En su breve turno -las entidades disponían de 8 minutos para explicar su posición- Ramón Royo, vicepresidente de la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual -ARADIS-, se centraba “en la participación y el consenso entre la administración y las entidades afectadas por la ley”, y pedía “que en la terminología de la norma figure la palabra inclusión en vez de la palabra integración y se hable de centros especiales de empleo de iniciativa social”.

Desde la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción -AREI-, su directora María Luisa Esteve valoraba “positivamente el proceso participativo, a través de la constitución de los grupos de trabajo de la economía social, que han favorecido un proyecto de ley del que todas las empresas sienten formar parte”, Esteve también reclamaba “dotar a la ley de mayor dinamismo y flexibilidad”, y remarcar en el texto legal “lo que es economía social y lo que no lo es”.

También, Paloma Arroyo, directora de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, expresaba la posición de este colectivo, afirmando que “la promulgación de esta ley es positiva para Aragón”, aunque echaba en falta “que en la exposición de motivos se reconocen doce plataformas de referencia, en las que faltan las cooperativas de trabajo asociado”, por ello Arroyo solicitó “medidas concretas para un proyecto que es demasiado amplio y poco concreto”.

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