La Plataforma unitaria contra las minas de potasa en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón echa a andar

Agrupados por un problema común, vecinos y vecinas de diferentes localidades aragonesas y navarras realizaron una primera reunión conjunta para aunar fuerzas contra los proyectos mineros que se pueden desarrollar desde la Sierra del Perdón hasta Los Pintanos, pasando por todo el valle del río Onsella.

Restos de uno de los sondeos ya realizado por Geoalcali en Undués de Lerda. Foto: Miguel Ángel Conejos (AraInfo)

Un grupo de veinticinco vecinos y vecinas de localidades como Pintanos, Bagüés, Undués de Lerda, Ruesta, Lobera d’Onsella, Galar y Zangoza, se dieron cita en esta primera reunión que pretende generar un frente común de lucha en contra de la implantación de los diferentes proyectos mineros que pretende ejecutar la empresa Geoalcali.

La principal preocupación de todas las personas presentes es la falta de información por parte de las instituciones sobre unos proyectos que pueden cambiar el medioambiente, el entorno y los modos de vida. "Una información que cuando ha llegado ha sido bajo el sesgo de la propia empresa, que se ha limitado, en las diferentes charlas que ha realizado, a alabar las bondades económicas de estos proyectos mineros", afirma Marta López, miembro de la Plataforma.

"Unas supuestas bondades que en ningún caso deben ocultarnos los desastres ecológicos que este tipo de explotaciones generan", añade. En este sentido, la Plataforma recuerda que las explotaciones de potasas en Catalunya "han generado problemas de salinidad habituales en la cuenca del Llobregat, con la práctica inutilización del río Cardener". Los ahora nuevamente amenazados pueblos de la Sierra del Perdón también conocen las consecuencias de las minas de potasa. Dolinas y hundimientos, salinización y sismicidad, asociada bien a la explotación o a la dejadez en el cese de la misma.

La Plataforma nace con dos objetivos concretos. Primero "borrar con trabajo de divulgación la sensación, sobre todo en la parte aragonesa, de que estos proyectos 'ya están hechos", y segundo, "comenzar acciones institucionales y legales para exigir el máximo de información sobre unos proyectos que son tremendamente agresivos con el territorio".

 

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