El glifosato es el principio activo del Roundup, producto comercializado por Monsanto desde 1974 (hay otras marcas desde 2000, al caducar la patente). Es un herbicida de amplio espectro no selectivo y sistémico de la multinacional Bayer, que adquirió Monsanto en 2016. El activo químico evita que la planta afectada produzca proteínas necesarias para su crecimiento, lo que la conduce finalmente a la muerte. Por este motivo, Bayer también comercializa plantas transgénicas resistentes al glifosato, de modo que puedes fumigar una plantación entera y mueren sólo las plantas “no productivas”.
Hasta aquí todo parece normal o beneficioso. Pero, como nos tienen acostumbrados las multinacionales, sus productos tienen mucho beneficio económico para la empresa pero, también, enormes costes sociales y medioambientales.
En cuanto al medioambiente, el glifosato mata todas las plantas que no están modificadas genéticamente para resistirlo. Por tanto destruye toda la flora silvestre y, con ella, la fauna asociada y, consecuentemente, el equilibrio medioambiental: animales e insectos como abejas y otros polinizadores (informe de Pesticide Action Network Europe de marzo de 2023), totalmente necesarios para la producción agrícola. Además, y como es lógico, ciertas plantas están desarrollando resistencia al glifosato, desplazando la riqueza vegetal y exigiendo mayores cantidades de glifosato para los cultivos, en una carrera con final muy previsible. Las aguas fluviales acaban siendo contaminadas, afectando a la fauna piscícola. ¿Puede ser este el motivo de su acelerada degradación?
Por otra parte, hace más de una década conocimos la lucha de la población argentina de Rosario para intentar alejar las plantaciones de maíz de sus viviendas. Desde que se comenzó a usar glifosato para fumigar con avionetas los campos agrícolas, los cánceres y malformaciones natales se habían multiplicado exponencialmente. Consiguieron la prohibición de fumigar a menos de 500 metros de las casas. Un parche que no soluciona el problema.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó en 2015 el glifosato como «probablemente carcinogénico para los humanos». Esta clasificación se basaba en estudios que habían encontrado una asociación entre la exposición al glifosato y un mayor riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin. Monsanto acusó a IARC de basar sus conclusiones en política y no en buena ciencia.
A raíz de ello, algunos países prohibieron o restringieron su uso, como Vietnam, países del Golfo, México, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Chequia. Y muchas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, etc. En 2017, antes de la ola reaccionaria de PP y Vox, 150 municipios se habían declarado libres de glifosato (entre ellos, Madrid, Barcelona o Zaragoza). Se empleaba (y vuelve a emplear) en los jardines que usan nuestros hijos y mascotas, aceras, alcorques, viales, vías férreas, etc.
Sin embargo, como ya ocurriera con otros productos químicos como el Teflon de Dupont, el DDT prohibido en los 70 pero del que aún hay rastro en nuestros organismos o el lindano, activo durante décadas y que impide que Zaragoza pueda beber agua de calidad del río Gállego, contaminado por Inquinosa en los años 70 (o el mismo tabaco. Hay películas sobre la temática como “Goliath -glifosato-, “Aguas oscuras” -Teflon, PFAS- o “Erin Brockovich” -cromo hexavalente-), las empresas realizan estudios propios que determinan la toxicidad de sus productos, los esconden y publican estudios alternativos desmintiéndolo (siempre hay algún científico más aficionado al dinero que a la ciencia), muchas noticias pagadas en prensa y mucha presión política sobre gobernantes. El objetivo es sembrar dudas y el resultado es que el producto sigue comercializándose durante muchos más años.
Como consecuencia de ello, “otros organismos reguladores de salud”, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en julio de 2023 han concluido que no hay evidencia científica de que el glifosato represente un riesgo significativo para la salud humana cuando se utiliza según las instrucciones adecuadas. “el nivel de riesgo no justifica la prohibición, siempre que el uso del pesticida se acompañe con medidas que los atenúen en la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente, aunque el informe admitió que algunas cuestiones no pudieron ser evaluadas. “Es necesario seguir investigando" sentenció la EFSA, a pesar de que reconoce que no disponen de “todos los datos”.
Según el Grupo de Trabajo Medioambiental estadounidense (EWG, por sus siglas en inglés), populares marcas de cereales y barritas de avena contienen excesivos niveles de glifosato. "Nuestra visión es que los estándares del gobierno establecidos por la EPA suponen un riesgo real para la salud de los estadounidenses, en particular los niños, que son más sensibles a los efectos de químicos tóxicos que los adultos".
Bayer-Monsanto acumula varias sentencias judiciales en su contra en Estados Unidos para compensar las enfermedades producidas por el glifosato. En 2014, el jurado de California falló en favor de Dewayne Johnson y el tribunal ordenó una compensación por 289 millones de dólares. Varias sentencias más han ido en la misma dirección, tres más sólo en octubre (2023). A pesar de que Bayer niega que el glifosato sea cancerígeno, ha reservado 16.000 millones de dólares para cubrir futuras demandas (un 25 % del coste de compra de Monsanto).
En 2020, Bayer acordó un pago de 9.600 millones de dólares para los demandantes de un caso colectivo en California, que puso al descubierto los “Monsanto Papers”, documentos de comunicación interna que revelaban la promoción de opiniones positivas, junto con el ocultamiento de información y bloqueo de investigaciones acerca del herbicida y sus efectos nocivos.
En esta tesitura, Europa se enfrenta a una nueva prórroga de diez años del uso del glifosato (ya se prorrogó en 2017 y en 2022), cuya autorización caduca el 15 de diciembre de 2023, que no ha sido aprobada (ni negada) en la primera votación, por las discrepancias entre países y partidos políticos. Por un lado se encuentran países como Alemania (no el partido liberal) y Francia a favor de la prohibición o España (PP, PSOE y VOX, y con la oposición de Sumar) a favor de la prórroga.
En este interin, se han ido publicando nuevos informes que relacionan directamente el uso de glifosato con la aparición de enfermedades. En Bolonia se ha presentado el Estudio Global de Glifosato (GGS) que relaciona directamente el consumo de glifosato aún en cantidades “seguras” con la aparición de leucemia y mortandad temprana.
El GGS ya demostró en 2022 la toxicidad del glifosato para la microbioma del suelo y de los animales (y humanos) por su efecto bactericida, lo que altera sustancialmente el equilibrio bacteriano.
En Sri Lanka, un estudio de la Universidad de Duke, ha comprobado que el glifosato, contrariamente a lo que se suponía y que garantizaba la empresa, perdura hasta 7 años en agua y 22 en el suelo al reaccionar con otros minerales y está relacionado, con mucha probabilidad, con el aumento de incidencia de casos de insuficiencia renal, especialmente en la infancia. En zonas de agua dura y donde se fumiga con glifosato, como en zonas de Sri Lanka, hasta un 10 % de los niños de 5 a 11 años presentan signos de daño renal de aparición temprana. Aragón debería estar muy preocupado.
En Argentina, uno de los países con mayor uso de glifosato agrícola, un informe del Proyecto PIS alerta de la presencia de glifosato y otros agrotóxicos en la orina de personas que viven en las ciudades. Se descarta, por tanto, la creencia de que el glifosato se adquiría sólo por inhalación. También por ingestión de agua contaminada y de comidas tratadas con él.
Otro estudio argentino del proyecto Sprint ha detectado restos de glifosato en el 100 % de las muestras fecales tomadas en Necochea, además de otros plaguicidas. Esta cifra contrasta con el 70,5 % detectado en Europa, dice el mismo informe. Sin embargo, y a pesar de que en Argentina se emplean menos tipos de productos agrotóxicos, la concentración es mayor por las menores exigencias legales en la limitación de las cantidades a emplear.
El pasado septiembre, un estudio encargado por el grupo de Los Verdes en la Eurocámara y elaborado por la Red de Acción en Plaguicidas de Europa alertó de que aguas superficiales de una decena de Estados miembros de la UE están contaminadas con el herbicida glifosato. En España, según Ecologistas en Acción, el 34,6 % de los puntos de muestreo de aguas superficiales estaban contaminadas por el herbicida, en base a los datos de su informe “Nadando en glifosato” publicado en 2022. El peor dato de contaminación se registró en el río Guadiana, con 308,10 microgramos de glifosato por litro, 3.000 veces superior a lo que permite la ley.
Otros informes señalan que las importaciones de productos agroganaderos, y gracias a los acuerdos de libre comercio, se saltan las normativas sobre limitaciones de agrotóxicos nacionales, especialmente las europeas. Es decir, el agricultor europeo debe cumplir unas normas de seguridad alimentaria que no se exigen a las importaciones procedentes de países grandes consumidores de agrotóxicos como Estados Unidos o Canadá.
El contraataque no se ha hecho esperar. La Alianza para la Agricultura Sostenible (ALAS), entidad que aglutina a las principales organizaciones profesionales agrarias (cuando vean la palabra sostenible en un grupo con intereses económicos, les están engañando) mantiene, basándose en el estudio mencionado de la EFSA que "La evidencia científica arroja que el glifosato contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la UE en términos de lucha contra el cambio climático al permitir que los agricultores adoptemos prácticas de agricultura regenerativa, como la agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y mejora la calidad del agua".
Agricultores que emplean herbicidas que matan todas las plantas, practicando agricultura “regenerativa”, absorbiendo CO2 y luchando contra el cambio climático; matando la biodiversidad, la mejora y contaminando el agua, mejoran su calidad. La cuadratura del círculo.
Consecuencia de ello es que en los pueblos nadie osa oponerse al uso del herbicida. “Siempre lo hemos usado y no ha pasado nada”, dicen, sin recordar que sus abuelos sólo usaban productos orgánicos en sus campos. “Los ecologistas no tienen ni idea de cultivar”. ALAS va más lejos asegurando que, sin glifosato, los precios de los alimentos subirán (al no tener sustituto); pero no exigen a Europa un control de precios agroganaderos que evite la especulación intermediaria de fondos buitre y cadenas de distribución, principales causantes de la subida de precios al consumo. De hecho, esta postura de ALAS, aliándose con los grandes capitales internacionales que los ha hecho totalmente dependientes del glifosato y los transgénicos, secuestrados, se parece mucho a un síndrome de Estocolmo.
Sabine Grataloup, cuyo hijo nació con malformaciones causadas por el uso de glifosato en Francia, como reconoce el Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), hace un llamamiento a los eurodiputados: "Saquen sus narices de las cifras, de los balances económicos y de las estadísticas... Si toman la decisión de mantener el glifosato en el mercado europeo, están tomando la decisión de que habrá estas víctimas, son responsables de este sufrimiento y de estas futuras víctimas". Si es así, deberían ser juzgados en el futuro.
Gergely Simon, responsable de productos químicos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN Europe), una ONG que trabaja por unas prácticas agrícolas sostenibles y la reducción del uso de plaguicidas en Europa, subraya que los riesgos no deben subestimarse en ningún caso. "Numerosos estudios demuestran que la exposición al glifosato puede estar relacionada tanto con el autismo infantil como con la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, creemos que el hecho de que la EFSA haya declarado que no existe un protocolo estandarizado para sacar conclusiones sobre la neurotoxicidad del glifosato debería ser un área crítica de preocupación, lo que significaría que el glifosato no podría autorizarse tal y como está actualmente".
La segunda votación en el Parlamento Europeo, en apelación, se producirá este mes de noviembre. El resultado previsible es que no habrá mayoría cualificada suficiente para aprobar la prórroga o rechazarla. Esto, aunque lo parezca, no es una victoria de las posturas anti-glifosato. Todo lo contrario. Finalmente, la propia Comisión Europea, quien presentó la propuesta de ampliación de la prorroga por 10 años, será la encargada de decidir en diciembre y, si no hay presión social, aprobará su propia propuesta.
El Estado español debe votar en contra de la propuesta de prórroga, como han pedido 150 organizaciones ambientalistas, del sector agrario y de consumidores, por prevención y por salud.
El glifosato acabará siendo prohibido como lo fueron todos los agrotóxicos cancerígenos anteriores. Y, como aquellos, seguirá comercializándose hasta que la sociedad o la ética política dejen de tolerarlo. Mientras tanto, la contaminación de aguas y tierras seguirá aumentando con efectos para décadas sobre fauna y flora. Mucha gente seguirá enfermando y muriendo, mientras se llenan las arcas de las grandes empresas productoras, especialmente Bayer. Es la crónica de otra muerte anunciada.
