Las principales organizaciones ecologistas de nuestro país, junto con entidades del Estado, han reclamado la anulación definitiva del Clúster eólico del Maestrazgo, en Aragón “ante las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”. Consideran que estos hechos “no solo comprometen la legalidad del proyecto, sino que también minan la credibilidad del despliegue de energías renovables”.
Las organizaciones aragonesas ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, junto con las entidades de ámbito estatal, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF, han manifestado su “profunda indignación” ante unas irregularidades que actualmente se encuentran bajo investigación y han solicitado “el fin definitivo del proyecto”. A su juicio, esta situación “refuerza las advertencias que la sociedad civil lleva años trasladando sobre el posible incumplimiento de los estándares ambientales exigidos”.
Las Declaraciones de Impacto Ambiental otorgadas han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones graves sobre espacios de la Red Natura 2000 y especies protegidas como el quebrantahuesos.
Además, las organizaciones alertan de que no se trata de un caso aislado. En Aragón existen otros proyectos eólicos y fotovoltaicos judicializados, en distintas fases —tramitación, construcción u operación— “que evidencian malas prácticas en la planificación renovable”. Según denuncian, estos proyectos han sido aprobados en zonas de alta biodiversidad “tras procesos con irregularidades como la fragmentación de proyectos para eludir evaluaciones estatales, la ausencia de estudios sinérgicos o acumulativos, cambios de uso en suelos incendiados, deficiencias en la evaluación ambiental o modificaciones sustanciales no evaluadas”.
Irregularidades que comprometen la integridad de la transición energética
Las entidades firmantes subrayan que estas posibles irregularidades comprometen la integridad de la transición energética. En un contexto de inestabilidad internacional y dependencia de combustibles fósiles, recalcan que el despliegue de energías renovables “es urgente”, pero debe hacerse de forma “ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con el objetivo de frenar la emergencia climática y avanzar hacia la soberanía energética.
En este sentido, reclaman “garantías adicionales que eviten prácticas especulativas o irregulares” que puedan poner en cuestión la credibilidad de un modelo energético que debe ser democrático, suficiente, eficiente y 100% renovable. También advierten de que estas prácticas alimentan el rechazo social hacia las energías renovables y dan argumentos a los discursos contrarios, perjudicando a las iniciativas que sí cumplen con la legalidad.
Las organizaciones ambientales exigen además, con carácter urgente, una planificación territorial para el despliegue de energías renovables que establezca la exclusión vinculante de las zonas de mayor valor ambiental. Consideran imprescindible priorizar espacios artificiales o de baja sensibilidad ecológica.
Asimismo, valoran positivamente “el compromiso del Gobierno de presentar antes del 20 de junio una propuesta para definir las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR)”, pero reclaman que este proceso garantice “una amplia participación ciudadana y blinde la protección ambiental”.
En relación con las ZAR, plantean varias condiciones clave: excluir todas las áreas de sensibilidad ambiental media a máxima, incluidos corredores ecológicos y zonas esenciales para la conectividad y la conservación de especies vulnerables, definir con mayor claridad conceptos como corredores ecológicos o zonas degradadas, priorizar el uso de suelos artificiales como cubiertas industriales, aparcamientos, infraestructuras, vertederos, explotaciones mineras, polígonos industriales y áreas logísticas, y favorecer especialmente los proyectos con mayor participación ciudadana.
También reclaman introducir mecanismos obligatorios de participación ciudadana reforzada en los proyectos de mayor tamaño desde fases tempranas, que vayan más allá de la declaración responsable prevista en el Real Decreto-ley 7/2026. Estas medidas deberían garantizar procesos participativos reales y no limitarse a la mera información a propietarios de terrenos y administraciones locales antes de solicitar autorizaciones.
Asimismo, las organizaciones recuerdan que muchas de estas medidas no son nuevas, sino reivindicaciones históricas que, de haberse aplicado “podrían haber evitado casos como el del Maestrazgo”. Por ello, insisten en que el despliegue de la transición energética “no puede quedar únicamente en manos del mercado” y que es necesario prohibir y perseguir las malas prácticas, al tiempo que se hacen obligatorias las buenas prácticas.
Finalmente, defienden que es posible desarrollar un modelo de energías renovables ágil y compatible con la protección del territorio, la biodiversidad y las comunidades locales. Para lograrlo, apuntan como claves una ordenación territorial participada y con retorno al territorio, la coordinación con la planificación de redes eléctricas, el impulso de las comunidades energéticas y el autoconsumo, así como la aplicación de medidas de reducción de la demanda basadas en la suficiencia y la eficiencia energética.
