Política

El trifachito de Azcón: 50 días que estremecieron Zaragoza

La coalición PP-C’s que gobierna la capital aragonesa sustentada por Vox combina el apoyo al gran comercio y la cercanía a la gran empresa y sus familias con contradicciones de bulto en Urbanismo y Economía, brochazos de estética ultraconservadora y securitarismo y críticas de letra gorda a “la izquierda” por una delicada situación económica municipal que, en realidad, lleva años mejorando
| 8 agosto, 2019 07.08
El trifachito de Azcón: 50 días que estremecieron Zaragoza
Foto: Ayuntamiento de Zaragoza (AZ)

Estremecer: “Hacer temblar algo”, “ocasionar alteración o sobresalto en el ánimo de alguien”. Ese ha sido, por rechazo para unos y por alborozo para otros, uno de los efectos que con más frecuencia han provocado las primeras decisiones del nuevo gobierno municipal de Zaragoza, que la primera semana de agosto alcanzaba el ecuador de unos tradicionales “cien días de gracia” que no han existido en esta legislatura.

Ni por parte de la coalición PP-C’s que gestiona el ayuntamiento bajo la vigilancia de Vox, en una versión local de lo que se conoce popularmente como “el trifachito” andaluz (“saldrán las medidas que no contradigan nuestro programa”, aseguró el concejal Julio Calvo tras la toma de posesión del alcalde Jorge Azcón), ni por parte de una oposición cuyos concejales comienzan a intuir cuatro años de inestabilidad y de trabajo a destajo para controlar al nuevo gobierno local. Eso, mientras los de Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos se restablecen del tozolón electoral del 26-M y los del PSOE se recuperan del pasmo que provocaron el pacto del trío de Colón y el simultáneo desacuerdo de gobierno (de los socialistas con Ciudadanos) que la cúpula naranja impuso desde Madrid.

La alcaldía de Azcón arrancó con un incumplimiento. En la campaña, tal y como el conservador explicó en ElDiario avanzó como primera medida en caso de llegar a la alcaldía “un plan de choque para acometer la limpieza de Zaragoza” con “limpieza de calles, poda de árboles, una operación asfalto y una operación aceras. Esas son las verdaderas prioridades de los zaragozanos”. No fueron por ahí los tiros, aunque es cierto que, casi dos meses después de llegar al cargo, el alcalde anunciaba un plan de choque con el que FCC se embolsará 278.355 euros por sanear y/o retirar unos 2.000 árboles enfermos.

Sale a menos de 140 euros por árbol, un precio que fuentes del sector consideran muy ventajoso para el ayuntamiento, aunque su portavoz, María Navarro, no tiene claro si apuntárselo como éxito de gestión o atribuírselo a los funcionarios. Será uno de los últimos “extras” que se embolse FCC, a la que en unos meses sustituirá en la contrata de parques y jardines de Zaragoza, Acciona, en una adjudicación (la primera de la era Azcón) que ha causado estupor en medios judiciales tras el juicio del saqueo de Plaza y su cascada de confesiones de corrupción.

Según el concejal de ZeC, Alberto Cubero, esos casi 280.000 euros son “un regalo” a FCC. Coincide con Amparo Bella, de Podemos-Equo, que estima que esa actuación “debería ser asumida por la empresa dentro de sus labores rutinarias de mantenimiento de las zonas verdes”. La edil calificó al alcalde de “mayordomo de las familias adineradas de la ciudad y de las grandes empresas que disfrutan de las contratas de los servicios públicos municipales”, un apelativo que lleva camino de convertirse en sambenito, como el “comandante” que la oposición asignó a Cubero la pasada legislatura.

Los posicionamientos políticos favorables a los proyectos de algunas de esas familias locales como los Soláns de Pikolín, en este caso con el apoyo del PSOE al trifachito, han puesto sobre la mesa las primeras contradicciones de bulto del equipo de gobierno: si los tribunales declaran ilegal el aval urbanístico al proyecto del complejo comercial Torre Village se impulsa una reforma del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que lo ampare mientras se tolera que las obras sigan adelante, pero si el juez rechaza las medidas cautelares que la DGA pide contra la urbanización de los depósitos de Pignatelli, consensuada con los vecinos por el anterior consistorio, lo paraliza el actual. Lo primero es política y dinamización de la economía local. Lo segundo, según explicó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, prudencia.

Romareda sí, Romareda no

No hay sintonía entre los socios de gobierno con otro de los temas que levantan ampollas en la ciudad: la reforma de La Romareda, un recinto municipal que históricamente ha tenido como principal usuario al Real Zaragoza, una entidad que hace ya un cuarto de siglo dejó de ser social para pasar a ser societaria y cuya propiedad controla desde hace unas semanas la familia Alierta, que se ha hecho con la mayoría de las acciones frente a otras como los Yarza.

“Puede hacerse a coste cero para la ciudad”, insisten desde el PP. “No es prioritario”, sostienen en C’s, donde ni Serrano ni la vicealcaldesa Sara Fernández son partidarios de proyectos como la cesión del estadio por 75 años (la ley no permite hoy más de 25) que se planteó hace dos legislaturas ni de la versión que sus socios de gobierno llevaban en el programa electoral.

El plan secreto que corre de boca en boca por la ciudad, y que genera tensiones en el equipo de gobierno, consiste en que el ayuntamiento venda El Cubo, el posmoderno edificio que hasta la reforma del Seminario albergó la gerencia de Urbanismo, para financiar la reforma del estadio, cuya gestión pasaría al Real Zaragoza mientras las estrictas limitaciones a la explotación comercial de los campos que ahora impone la normativa se suplen con la habilitación de otros espacios cercanos. Algunas fuentes vinculan con esta operación la solicitud de derribo del antiguo convento de Jerusalén para ubicar en ese solar un complejo hostelero.

El papel lo aguanta todo, aunque quizás no tanto en vísperas de que esa sociedad anónima deportiva cuyos sucesivos gestores llevan años aspirando a capitalizar el negocio se siente en el banquillo en los próximos meses para responder, como persona jurídica, de sendos cargos de amaño en Valencia y de fraude tributario en Zaragoza, un horizonte penal que, a fecha de hoy, amenaza con hacer naufragar su futuro deportivo y con cercenar su capacidad de contratar con las administraciones. Ahí vuelve a tirar de prudencia el concejal de Urbanismo.

El “discurso apocalíptico” sobre las cuentas

Foto: Ayuntamiento de Zaragoza (AZ)

Los mayores chirridos proceden del área económica, cuya responsable, María Navarro, pasó en apenas unos días de llevar a la comisión de Hacienda un paquete de más de cinco millones de euros en facturas sin contrato que las sustente a arremeter contra “la gestión negligente” de “los gobiernos de la izquierda” por las sentencias de revisión de precios de las grandes contratas, “la mayoría del periodo 2009-2013” (los maravillosos años de aquella Expo a la que nadie ponía pegas), que van llegando y de las que quedan pendientes de pago 35 millones de euros: 17 del autobús, 8,3 para FCC, 1,5 de la grúa (Dornier), cinco de expropiaciones (parte de ellas del pelotazo que el Tiro Pichón dio en los tribunales), “más de siete” de intereses de demora, y más.

Obviamente, la concejala estaba desglosando los 65 que empezaron a cubrirse la pasada legislatura, no los 35 que suponen la “losa enorme” que “pone en jaque la economía” municipal. En ese sentido, y al mismo tiempo que calificaba de “farsa” (por insuficiente) el recurso al Fondo de Impulso estatal por el equipo de gobierno de ZeC, anunciaba sus dos líneas de trabajo para hacer frente a la situación: pedir préstamos, preferentemente al Estado por el bajo interés del dinero oficial, mientras “no queda otro camino que negociar con las contratas para evitar que las reclamaciones sigan creciendo”.

Puro continuismo, aunque rebozado con alharaca para la parroquia, sobre la gestión de ZeC en este apartado, cuyo balance económico incluyó otros aspectos como la reducción de 160 millones de la deuda municipal y la rebaja de la factura anual de intereses de 27,6 a 12,8.

“No utilicen estos recursos [judiciales] como forma de afianzar el discurso apocalíptico que llevan defendiendo desde que llegaron a la alcaldía”, recomendó al equipo de gobierno el portavoz de Hacienda del PSOE, Horacio Royo, quien, sin negar “la evidencia es que estas sentencias complican la situación económica del ayuntamiento”, abogó por “abrir negociaciones transparentes con las empresas” para “crear planes de pago asumibles” por el consistorio.

También recordó que los tribunales dieron la razón en primera instancia a la ciudad “reconociendo un ahorro de unos 35 millones de euros” contra el que las contratas recurrieron ante el Supremo. “Creemos que está más que justificada la decisión de los anteriores gobiernos de litigar en defensa de los intereses municipales”, añadió.

Los recortes comienzan por la cultura

En cualquier caso, y al margen de la ‘rendición’ ante Hacienda en el pleito sobre si 180 millones de la deuda del tranvía deben o no computar a cargo del ayuntamiento, un asunto meramente contable pero fundamental para definir la capacidad de maniobra financiera del consistorio, los recortes han comenzado.

Y lo han hecho a lo grande y por la cultura, área que controla la vicealcaldesa Fernández: Zaragoza se queda sin el festival “A escena”, uno de los principales del panorama estatal y que, además de haber situado a la ciudad como uno de los principales focos españoles de las artes escénicas y de haber dinamizado ese sector de la economía local, contaba con el apoyo del Ministerio de Cultura.

“No hay recursos en este momento para poder afrontar este programa” ni contratos firmados, aunque sí compromisos, dice la versión oficial, lo que deja en el aire las previsiones de las 28 compañías que iban a intervenir en la tercera edición del certamen.

Más Policía para la gran ciudad con menos delincuencia

El otro foco de acción del nuevo equipo de gobierno municipal es el identitario, con episodios de intensidad como la renuncia a pedir que los tribunales esclarezcan más de un centenar de crímenes del franquismo, la mayoría de ellos con alcaldes, concejales y empleados municipales como víctimas, el apoyo de PP y C’s a la propuesta de Vox para estudiar la retirada del Che Guevara del nomenclátor de la ciudad o la recuperación de la presencia de la Policía Local a caballo en actos como las procesiones católicas.

La presencia policial en la capital de la sexta comunidad con menor tasa de delincuencia de España se perfila como otro de los ingredientes básicos del imaginario que la versión zaragozana del trifachito andaluz comienza a proyectar sobre la ciudad en las primeras semanas de su gestión, con decisiones como la recuperación del uniforme de la Uapo (Unidad de Apoyo Policial) o el despliegue en el rastro dominical de Ranillas, algo que algunos sectores vinculan con las preferencias del equipo de gobierno ante la ficticia disyuntiva entre las grandes superficies comerciales y el pequeño comercio. Puro securitarismo, en cualquier caso, y aparentemente ajeno los efectos criminógenos que ese tipo de decisiones puedan generar, un asunto profusamente estudiado por la criminología.

¿Tanta Policía se necesita para garantizar la seguridad en las calles de Zaragoza? Depende de cómo se miren y, obviamente, de qué formación tiene quien lo observa, aunque el cruce de los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior con los del padrón municipal del INE ofrecen alguna pista: la capital aragonesa cerró 2018 con una tasa de criminalidad de 36,14 infracciones por cada mil habitantes al cabo del año (menos de la mitad contra las personas o contra el patrimonio), muy alejada de la que se registra en las otras dos ciudades medianas que le superan en tamaño (59,46 en Valencia y 64,92 en Sevilla), distante también de las dos que le siguen (46,25 en Málaga y 42,34 en Murcia), situada casi en la mitad de la madrileña (74,49) y más de tres veces inferior a la barcelonesa (119,86).

8 agosto, 2019

Autor/Autora

Periodista. @e_bayona


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