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La hora de la verdad del caso Plaza: 13 confesiones de saqueo, cinco beneficiados y solo dos condenas de prisión real

Trece de los 25 acusados confiesan que se corrompieron en las obras de la plataforma logística y otros cinco quedan exonerados tras admitir que se lucraron con las corruptelas en un pacto global que, tras asumir Acciona el pago de parte del dinero malversado, exculpa a otros tres imputados y únicamente deja a las puertas de la prisión al exgerente Ricardo García Becerril y al exjefe de la UTE José María Jordán, con penas de dos años y un día
| 11 diciembre, 2018 07.12
La hora de la verdad del caso Plaza: 13 confesiones de saqueo, cinco beneficiados y solo dos condenas de prisión real
Banquillo de los acusados en una sesión del juicio. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

La Policía y la Fiscalía Anticorrupción estaban en lo cierto: la plataforma logística Plaza fue saqueada por un grupo de ejecutivos y técnicos de la UTE que la construyó, empleados públicos y empresarios. El grueso de los sospechosos confesó este lunes en bloque su participación en la trama de corrupción, que abrió un boquete multimillonario, de al menos 64 millones de euros que serán recuperados por la empresa pública.

Las acusaciones sostienen que la malversación alcanza los 147, si bien el cálculo de la cifra definitiva del latrocinio queda en manos del equipo que dictará el laudo al que Acciona, la empresa que lideraba la UTE que ejecutó las obras, y el Gobierno de Aragón, principal perjudicado como accionista mayoritario de la empresa pública, acordaron someterse en el acuerdo que desatascó el pacto judicial que ha dado carpetazo al grueso del caso.

Dos tercios de los ocupantes del banquillo salieron virtualmente condenados, la mayoría por lo criminal como autores del saqueo y unos pocos en la vía civil como partícipes a título lucrativo de la trama, de la sala de vistas número 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza tras ratificar los pactos cerrados por sus defensas con la Fiscalía Anticorrucpción, Plaza, la DGA y la Abogacía del Estado.

Los acuerdos, que comenzaron a hilvanarse el septiembre y que se encarrilaron con el acuerdo económico entre Acciona y la comunidad autónoma, se cerraron el domingo por la noche en una serie de reuniones celebradas en un céntrico hotel zaragozano y en las que no participaron todos los abogados: faltaban, al menos, los del exviceconsejero de Obras Púbicas Carlos Escó y los de los empresarios Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias, que seguirán en el banquillo junto con Marimar Jaso y Francisco Joven. Son los cinco únicos que defienden su inocencia y van a por la absolución.

Solo sobre dos de los trece condenados recaerán penas de prisión que conllevan su ingreso en la cárcel: Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza con los gobiernos PSOE-PAR de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, y José María Jordán, exjefe de la UTE liderada por Acciona que ejecutó las obras a cuenta de las arcas autonómicas, los cuales aceptaron sendas penas de dos años y un día de cárcel como autores de un delito continuado de malversación.

Las condenas

El primero de ellos, junto con otros delitos de prevaricación, falsedad, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que iban a suponerle otros 33 meses y medio de prisión y multas por valor de 682.831 euros (además de seis años y medio de inhabilitación para empleos y cargos públicos) que  no tendrá que cumplir ni que pagar, ya que le serán conmutados por 771 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

El segundo añade a la confesión de la malversación la de los cargos de prevaricación, cohecho y falsedad por las que acepta cinco años y nueve meses de inhabilitación y multas de 100.270 euros, además de un año y cinco meses de prisión que se le conmutará por otros 3.060 euros de multa.

El resto de empleados de Plaza y de la UTE que pactaron sus condenas tampoco tendrán que ingresar en prisión. Miguel Ángel Bretón, sustituto de Jordán al frente de la unión temporal de empresas, saldará su delito continuado de falsificación de documentos mercantiles con multas que suman 2.880 euros; Miguel Ángel Pérez, director de la obra, tendrá que poner 540, y Nico Groeneveld, responsable de la consultora que debía supervisar los trabajos, deberá poner 19.182 por prevaricación, falsedad, malversación y cohecho, mientras que José Luis Rodríguez Cachafeiro, José Luis Bellido y Alejandro Viñuales liquidarán sus cuentas con la justicia si desembolsan, respectivamente, 1.890, 794 y 4.800 euros.

A la lista de confesos se le añaden cuatro empresarios que admitieron haberse dedicado de manera continuada a pagar mordidas y a falsificar documentos, principalmente facturas. Se trata de Miguel Ángel Cantero (diez meses de prisión que no deberá cumplir y multas por 296.350 euros), Francisco Hernández (cárcel sin ingreso y multa), José Luis Margalejo (prisión sin entrar y multa) y Enrique González (21 meses nominales y 67.972 euros de multa).

Cierra la lista Carolina García Plante, una de las hijas de García Becerril, que aceptó una multa de 2.485 euros y 45 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

La Fiscalía Anticorrupción retiró los cargos contra su hermana Patricia y la madre de ambas, Elena Plante, con lo que la defensa del padre logra uno de sus objetivos clave, que era evitar el ingreso en prisión de las tres.

Las dos últimas quedan como beneficiarias a título lucrativo de la trama, situación en la que también se encuentran la empresaria María Luisa Roca y Maguitel, empresa de Manuel Colonques, uno de los propietarios de Porcelanosa.

La ausencia de este último, que plantó al tribunal por consejo de su abogado (según dijo este) al haber acordado con el ministerio público la retirada de los cargos y el pago de una indemnización de 636.680 euros aunque se encontraba en Zaragoza, provocó una reprimenda del presidente de la sala, el magistrado Javier Cantero, al letrado. “Debe respetar las formalidades. Si no, nos retiramos nosotros y si siguen ustedes el juicio”, ironizó, para dejar claro que “el acusado es él, y no tiene la capacidad de decidir si viene o no”.

Recuperar el botín

La duración de las condenas, en un asunto en el que las arcas públicas sufrieron un quebranto de entre 64 y 147 millones de euros, no mantiene grandes diferencias, en proporción, con las que se dan en los juicios a delincuentes comunes: entre 3.500 y 4.000 delincuentes son condenados cada año en España a penas de más de dos años de prisión por delitos contra el patrimonio, según indica la Estadística de Condenados del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Eso supone el 6,7% del total, uno de cada quince; en este caso, dos de veinte a falta de que otros cinco sean juzgados. Aunque, obviamente, las magnitudes de los botines habituales se quedan a años luz, por escasas, de las que se manejan en el juicio por el saqueo de Plaza.

En este caso, las bajas penas se producen en uno de los escasos asuntos de corrupción en los que los tribunales logran recuperar una parte importante del botín cuya apropiación atribuía la investigación a los acusados.

En este sentido, está garantizado, a falta de conocer el resultado del laudo arbitral, el pago por parte de Acciona de 50 millones de euros a los que se suman los casi quince que suman los bienes decomisados durante las pesquisas: los 415.180 euros que García Becerril tenía ocultos bajo un colchón en su ático de Salou, ese mismo piso y varias propiedades inmobiliarias de la familia; una casa, cinco plazas de garaje y dos trasteros de Cantero y varios cientos de miles de euros de procedencia ilícita localizados en las cuentas de varios de los acusados.

“Queríamos dar una respuesta penal apropiada para el resultado de la causa”, explicó el fiscal anticorrupción José Grinda, para quien “no sería proporcional que alguien entrara en prisión para un puñado de años por delitos cometidos hace tantos años”. De ahí, explicó, el hecho de haber aplicado en los pactos una atenuante muy cualificada de confesión.

“Si Jesús Andreu (exgerente de Plaza) y Francho Mayayo (empleado de Acciona) no hubieran denunciado los hechos hace cinco años, el saqueo habría quedado impune”, añadió Grinda.

¿Qué queda por juzgar?

El banquillo del caso Plaza, suspendido de nuevo por una semana para que Anticorrupción rehaga la petición de pruebas, lo que dará lugar a una nueva suspensión para que las defensas pidan las que consideren necesarias, quedó formalmente reducido ayer a cinco acusados, todos los cuales defienden su inocencia y reclaman su absolución.

Los cinco acusados se enfrentan a solicitudes de condena mucho más elevadas que las pactadas por sus compañeros que pactaron las suyas.

Así, la Fiscalía reclama siete años y medio de prisión, 470.000 euros de multa y una indemnización de seis millones para Esco por malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación y seis años de cárcel y la misma sanción económica para Miguel Ángel Floría. En este caso, ambos parten de salida, en caso de condena, con una eventual atenuante de dilaciones indebidas, ya que la propia Anticorrupción admitió en la vista que este fleco podría haber sido separado de la causa para ser enjuiciado de manera autónoma y eso nunca ocurrió.

El caso de Agapito Iglesias es más complejo. Se enfrenta a una petición de cinco años y de meses de prisión y 82.000 euros de multa por cohecho y falsedad por, presuntamente, pagar a la guardería que regentaban las hijas de García Becerril mordidas que se camuflaban simulando la contratación de informes.

Sin embargo, su defensa sostiene que la supuesta falsedad con la que arranca el delito, ya que este no existiría si los informes fueran adecuados, está prescrita. Por otra parte, la exoneración de las hijas del exgerente deja al empresario virtualmente sin compinche para ese presunto compadreo. Y por otra, Colonques atribuye, en su acuerdo con la Fiscalía, a García Becerril una conducta similar, por lo que la “modificación sustancial” de los cargos de la que este lunes hablaron las acusaciones podría dejar al constructor soriano en una situación de indefensión jurídica.

“Nuestra conformidad no afecta a nadie más”, señaló José María Gimeno, abogado de la familia García Becerril. No obstante, otros letrados daban por hecho que la exoneración del cohecho a Carolina y Patricia abre un nuevo horizonte para el expresidente del Real Zaragoza, que hasta ahora, como Esco, ha salido absuelto en todas las ocasiones en las que se ha sentado en el banquillo.

Cierran la bancada de los acusados pendientes de juicio Francisco Joven, que se enfrenta a peticiones de cinco años y diez meses de cárcel y 304.500 euros de multa por cohecho y falsedad, y Marimar Jaso, seis años y 84.500 euros de multa. Ambos están acusados de cobrar a través de sus empresas facturas hinchadas o por trabajos inexistentes de la UTE. La segunda sostiene que no era la responsable de la sociedad cuando tuvieron lugar los hechos, una versión que en su día estaban por admitir los propios investigadores de la UDEF.

11 diciembre, 2018

Autor/Autora

Periodista. @e_bayona


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