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La política comercial que nos toca sufrir: control policial en el Rastro y plena libertad a TorreVillage

El nuevo Ayuntamiento de Zaragoza no ha esperado ni el "periodo de gracia" para ejecutar una nueva política comercial, incrementando el control policial en el Rastro y pronunciándose a favor de una modificación "a la carta" del PGOU que facilitaría la futura apertura del mega centro comercial TorreVillage
| 5 agosto, 2019 07.08
La política comercial que nos toca sufrir: control policial en el Rastro y plena libertad a TorreVillage
Furgonetas de la Policía Local de Zaragoza en el Rastro el domingo 5 de agosto. Foto: Pablo Ibáñez

Sobre el segundo domingo de julio se cernía la amenaza de lluvia intensa. La AEMET pronosticaba un 25% de riesgo de lluvia, y el riesgo se tornó en realidad. Sobre las 11 de la mañana, solamente una hora después de su apertura al público, la intensa lluvia dejaba casi prácticamente vacíos los mercados ambulantes zaragozanos (el de primera mano y el Rastro) situados en el parquin sur de la Expo. Yo había acudido a realizar unas cuantas compras, e hice como la mayoría de compradores y compradoras: abandoné el recinto haciéndome un hueco entre la fila de coches que se agolpaba en la salida y que ralentizó la evacuación del recinto hasta límites casi de pérdida de la paciencia.

Pero la lluvia no era la única amenaza que se cernía sobre el mercado ambulante de Zaragoza aquel día, y que también se hizo realidad. Y al igual que fui testigo de la lluvia, fui testigo de un espectáculo bochornoso.

El 3 de julio Carmen Herrarte, concejala del Ayuntamiento de Zaragoza por Ciudadanos, había anunciado «un aumento inmediato de la seguridad y el control en el mercado ambulante y en el Rastro, así como por luchar contra la instalación de puestos ilegales». El domingo 14 de julio, instantes antes de empezar la lluvia, presencié varias carreras de personas que, ante la presencia policial, no podían ponerse a vender por no tener licencia. Iban con sus mantas y mochilas a cuestas, repletas de género que querían poner a la venta, mirando de lado a lado y corriendo entre la gente en cuanto observaban la presencia de agentes de la Policía Local de Zaragoza.

También los vi a ellos, agentes uniformados siguiéndoles y agachándose entre los puestos para ver donde estaban los que les evitaban por miedo a multas e incautación del género. Miraban a ver por donde iban, a la vez que se reían de la situación. Como quien juega al escondite. La diferencia es que la situación era real, no era un juego, y las consecuencias para quienes escapaban de la policía si eran «pillados» eran muy serias, por mucha maldita gracia que les haga a algunos.

Todo terminó con la caída repentina y abundante de la lluvia. Se cumplían pues las dos amenazas que se cernían sobre el mercado ambulante, la lluvia y el control policial. Como apunte, señalar que mientras una de estas personas con la mochila repleta de género se resguardaba de la lluvia, observé cómo una mujer se acercaba a él y, tras revisar su género, le hacía una compra. Eso me hizo ver que la demanda existe.

El siguiente domingo, el 21 de julio se repitieron las mismas escenas. Pero el culmen llegó el último domingo de julio, día 28. El dispositivo policial fue más allá y en esta ocasión, a diferencia de lo que describo anteriormente, el dispositivo se hizo a luces de todo el mundo. En domingos anteriores, únicamente periodistas y ciudadanos y ciudadanas socialmente comprometidas nos parábamos a observar el bochornoso espectáculo mientras afanosos y afanosas compradoras seguían rebuscando entre bragas, calzoncillos, calcetines y todo tipo de enseres a bajo precio. El último domingo de julio, en cambio, la policía se apostó a la entrada del rastro e inspeccionó cada uno de los vehículos que entraba en el recinto.

Ya es público y notorio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido a ejecutar un «aumento inmediato de la seguridad y el control en el mercado ambulante y en el Rastro».

Lo que pasó el domingo 28 en el Rastro

Desde las 7.00 horas de la mañana se estableció un control policial a la entrada del recinto. La policía comprobó que los y las vendedores y vendedoras que iban en los vehículos que accedían al recinto contaban con los papeles «en regla», y si no era así, se paralizaba su entrada. Esto les pilló por sorpresa y provocó una importante y latosa fila de vehículos. Sus ocupantes, vendedores y vendedoras, deseaban entrar al recinto para empezar a montar su puesto. Según diversas fuentes, a las 10.00 horas de la mañana había gente que no había podido organizar su negocio, el jaleo fue tremendo y el dispositivo tuvo afecciones importantes para vendedores con y sin licencia.

La presión se mantiene hasta ahora

Cuando parecía que la cosa no podía ir más allá, el Ayuntamiento de Zaragoza rizó el rizo. Solo unos días después del control de accesos en el parquin sur, el Ayuntamiento hacía entrega de una notificación amenazando con la suspensión del mercadillo de segunda mano que todos los meses se organiza en el CSC Luis Buñuel. La Plataforma Social Rastro organiza este mercadillo, concretamente los primeros sábados de cada mes. La actividad está dentro de la Campaña por Nuevas Plazas en el Rastro y “en apoyo de iniciativas de reforma, mejora, impulso y ampliación del Rastro”. Finalmente, la actividad se desarrolló con normalidad y el sábado 3 de agosto no fue nadie a pedir papeles o autorizaciones, algo que, según la organización de la actividad, no es necesario gracias al convenio firmado entre Ayuntamiento y CSC Luis Buñuel.

Rastro

Mercadillo de segunda mano organizado en el CSC Luis Buñuel el sábado 3 de agosto. Foto: Pablo Ibáñez.

Este último domingo 4 de agosto no hubo controles de acceso a los vehículos que entraban en el recinto antes de la apertura al público, por lo que desde las 10 de la mañana todos los y las vendedores y vendedoras con licencia tenían preparados sus puestos. Pero, como ha pasado en domingos anteriores, la Policía Local de Zaragoza ha vuelto a tener una presencia importante, con varias furgonetas y coches patrulla, y de nuevo la persecución hacia los y las vendedores y vendedoras sin licencia se ha mantenido. Además, este domingo 4 de agosto, activistas de la Plataforma Social Rastro han desplegado una pancarta blanca en señal de protesta por este incremento de la presión policial sin aportar una solución alternativa.

A su vez, el Ayuntamiento de Zaragoza promete nuevos puestos en el Rastro: ¿descoordinación entre PP y Ciudadanos o estrategia coordinada?

En la visita de principios de julio que Carmen Herrarte hizo al Rastro, no solo anunció un incremento del control y vigilancia, sino que anunció la ampliación de 30 nuevos puestos del mercadillo de segunda mano para aumentar su ocupación «ante las peticiones de nuevos puestos que está recibiendo». Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, la Consejería de Economía, Innovación y Empleo ya ha comenzado a trabajar en la elaboración del concurso para estos nuevos puestos y serán licitados en los próximos meses.

Según la Plataforma Social Rastro, aseguran que hay muchas plazas vacantes y que ha habido mucha gente que ha acudido al Ayuntamiento de Zaragoza a interesarse por ellas y, sin embargo, no han podido tener acceso a las mismas. Estamos hablando de plazas que, según me afirman desde la plataforma, «las quieren muchos y muchas, ya que el coste es asumible y la voluntad de quien vende sin licencia es poder realizar la actividad con licencia».

Por un lado hablan de ampliación, y por el otro de ocupar lo ya existente. La verdad es que, si esto es cierto, es una cuestión que se escapa a mi comprensión.

Pero lo que es contradictorio e inverosímil es que, si hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de ampliar los puestos del mercado para que más vendedores y vendedoras tengan acceso, ¿cuál es el sentido de, paralelamente, aumentar el control, la vigilancia y la persecución? Sin duda, algo se me escapa, por lo que decido preguntar para intentar averiguar qué se me escapa.

Por un lado, desde Ciudadanos me confirman la existencia de demanda sobre estas plazas, pero no pueden darme respuesta a la pregunta de porqué a la vez que se anuncia una ampliación de plazas, se incrementa la presión policial en los mercados ambulantes. Además, me aclaran que la Policía Local y el órgano que emitió la instancia que supuso una amenaza de suspensión de la actividad del sábado en el CSC Luis Buñuel, corresponden a áreas del Partido Popular.

Por otro lado, desde el Partido Popular, a la pregunta de si hay coordinación entre ambos partidos sobre qué hacer con el Rastro, la respuesta es que «la coordinación es máxima, el Gobierno actúa de manera conjunta y no hay ninguna contradicción, lo que se busca es la mejora del Rastro a través de la propuesta de ampliación y la mejora de la seguridad». Ante mi insistencia en que es algo contradictorio, siguen diciendo que no, y que «es algo complementario, no contradictorio».

Y finalmente, desde Zaragoza en Común lo tienen claro, y hablan de «persecución» iniciada por el Gobierno de PP-Ciudadanos hacia los vendedores y vendedoras ambulantes del mercadillo de segunda mano. «Primero, se les ha impedido acceder al Rastro de los domingos, lo que ha provocado además molestias para otros vendedores y para potenciales clientes». La concejala Luisa Broto, con gran acierto, defiende que «el Ayuntamiento está para solucionar problemas, no para crearlos, y menos a las personas más indefensas».

Lo que dice las normativa de los mercados ambulantes

Según la web del Ayuntamiento de Zaragoza, el Mercado Almozara «Venta Ambulante» está compuesto por 453 puestos. Es el más concurrido y conocido, y su lugar de emplazamiento ha variado a lo largo del tiempo. Tras la Expo del 2008 se llevo a su actual ubicación tras haber estado en el entorno del Pabellón Príncipe Felipe, aunque siempre estuvo en el entorno de la Romareda, cuando recibía la denominación mercado de Venta Ambulante de la «Romareda».

Y el Mercado Almozara «El Rastro», el de segunda mano, está ubicado al lado del otro, en el mismo parquin sur de la Expo, y es el que antes estaba en las inmediaciones de la plaza de toros de la ciudad. La propia web del Ayuntamiento dice que «el numero de puestos del Rastro de Zaragoza queda fijado actualmente en 275, en la actualidad están utilizadas 204 plazas». La normativa del mercadillo de segunda mano establece que «corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones. La convocatoria se realizará en el mes de diciembre de cada año, si existieren puestos vacantes. Excepcionalmente podrán convocarse adjudicaciones cuando el número de puestos vacantes exceda de diez».

Son 71 plazas vacantes, a menos que el dato de la web no esté actualizado. Pero vacantes, hay, y no pocas. Entonces, ¿porqué no se han sorteado ya las plazas, y más sabiendo que el Ayuntamiento está recibiendo «peticiones de nuevos puestos», como ha reconocido la propia Carmen Herrarte?.

Desde Ciudadanos insisten en que se va a hacer, y en que de momento se valoran 30 puestos, y que para ello se está estudiando el tema. “La idea general es que no se va a dejar de lado el tema, que se va a trabajar mano a mano con los y las comerciantes. Hay voluntad por parte del Ayuntamiento para mejorarlo y potenciarlo”.

Ahora, tendremos que esperar a ver para quién y cómo se quiere potenciar. Por tanto, mi conclusión es que en el «para quién» y en el «cómo» está el centro del tema, el quid de la cuestión, el meollo del asunto…

Mientras, se atiende la petición de Iberebro y se hace «lo que sea» por TorreVillage

La rapidez en darle la vuelta a todo lo anterior está siendo una de las características principales de este nuevo Gobierno de Zaragoza. Apenas se tardaron cinco días en volverse una realidad el anuncio de Carmen Herrarte de aumentar la seguridad y el control en el mercado ambulante y en el Rastro. Apenas había pasado un mes y ya se realizó el primer control de acceso para vendedores y vendedoras de ambos mercados.

Pero si hablamos de rapidez, el proceso de «allanamiento jurídico» del futuro centro comercial TorreVillage tiene, sin duda, el record a la rapidez. A principios de este mes, el proyecto TorreVillage se encontraba en una “ratonera”. Una recalificación «a la carta» parecía ser la única fórmula de poder continuar con el proyecto para la apertura de otro megacentro comercial en la capital aragonesa, ya que el plan especial ha sido tumbado por los tribunales hasta en dos ocasiones.

Dicho y hecho. Aunque todavía quedaba la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, el nuevo consistorio «no podía esperar más», y el lunes 22 de julio el Ayuntamiento de Zaragoza se pronunció a favor de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo, encajar el plan especial para la instalación del «outlet» de TorreVillage. Incluso la concejala del PSOE María Ángeles Ortiz criticó la «precipitación» con la que se planteó este pronunciamiento previo echando en falta mayor estudio y concreción. No obstante, el PSOE votó a favor del pronunciamiento, al igual que PP, C’s y Vox. En contra votaron ZeC y Podemos-Equo.

A partir de ahora, dejan la puerta abierta para que en el momento que Iberebro (promotora de TorreVillage) presente la solicitud de modificación del PGOU, se proceda a encajar TorreVillage sin ninguna dificultad jurídica. Una modificación «a la carta», un recordatorio de que la «vieja política» no ha muerto.

La alternativa defendida por la Plataforma Social Rastro

Quizás sean ciertas las ideas sobre las que charré hace unas semanas con una persona activista de la Plataforma Social Rastro. Comentábamos que existe una tendencia a eliminar los rastros en beneficio de la gentrificación y los centros comerciales. También me explicó las medidas valientes realizadas en otras ciudades, que habían apostado por la integración con normalidad de los mercados ambulantes en el interior de las ciudades y barrios, reconociendo su valor, tanto histórico como social, e incluso turístico. Y se apenaba de que esto en Zaragoza no había sido así, y no parecía seguir la misma dinámica ni hay visos de que cambie.

En torno a 2014, un grupo de personas de diferentes ámbitos y movimientos sociales, comenzaron a proponer cosas alrededor del Mercado Ambulante y el Rastro. Según escribe en un artículo uno de sus militantes, «siempre nos pareció un tesoro de la ciudad». También afirma que les indignaba «el acoso policial a las personas que venden sin licencia (estás una semana recogiendo cosas por la calle para sacar unos pocos euros porque no tienes otra cosa, y en un momento unos locales te multan y te lo tiran todo a la basura). Nos parecía que habiendo sitio suficiente se podría buscar una alternativa para esa gente que trataba de sobrevivir».

«Montamos la llamada Plataforma Social Rastro, un pequeño grupo de trabajo cuyos manifiestos y peticiones son apoyados por un sector de las asociaciones vecinales, las formaciones políticas (Podemos, PCA, Puyalón, Anticapitalistas) y los sindicatos (CGT, CNT, CUT); además de asociaciones culturales, de reciclaje, de inmigrantes, de lucha contra la pobreza…». Empezaron a hacer propuestas a través de un plan integral de reforma del Rastro, un plan muy modesto en cuanto a inversión económica. Entre estas propuestas, el traslado del rastro del miércoles a la ciudad consolidada (Romareda, Macanaz, Cesáreo Alierta o donde se vea), añadir el sábado para segunda mano en los alrededores de la Plaza de Toros, legalizar a los sin licencia los domingos con cien nuevas plazas con su correspondiente cuota (rotando allí doscientos vendedores), más ratio de autobuses al Parquin Sur, además de alguna fuente, bancos, papeleras, algo de protección para el sol y el viento, publicitar estos mercadillos, un plan de reducción de bolsas de plástico y de limpieza al acabar. Según refleja en el artículo, todo en diálogo permanente con las Juntas de Vendedores. Los resultados no han sido los esperados.

Rastro

Momento de la protesta en el Rastro el domingo 4 de agosto. Foto: Pablo Ibáñez.

He vuelto a hablar con la persona de la Plataforma Social Rastro con la que hace unas semanas mantuve una charrada informal. Hablamos del aumento de la presencia policial, del control de accesos de este pasado domingo 28 de julio, de la amenaza no hecha realidad de suspender la actividad del CSC Luis Buñuel, etc. «Nuestra posición resumida es que eso no soluciona una realidad que se da desde 1985, cuando la gente empezó a pagar tasas para tener sitio reservado». Por cierto, no he nombrado en este artículo que cuando nombramos las tasas, hablamos de menos de 30 euros trimestrales de media en el caso del de segunda mano y de menos de 100 euros mensuales de media en el caso del de primera mano. Se entiende, pues, que no es un problema de no querer pagar.

«Todo seguirá igual. La presencia policial masiva es insostenible en el tiempo. Todos los actores del Rastro lo saben. O se crea el tercer espacio (nuevas plazas para los Sin licencia) o todo seguirá igual», concluyen desde la Plataforma Social Rastro.

5 agosto, 2019

Autor/Autora

Roberto Seral Marcén. Colaborador de AraInfo. @SeralRoberto


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