El sector de la discapacidad intelectual lanza un SOS al Gobierno de Aragón

Las asociaciones que atienden a las personas con discapacidad intelectual en Aragón reclaman a la DGA “soluciones para poder mantener los servicios que prestan a las personas con discapacidad y a sus familias, tras las dificultades que ha supuesto la pandemia”.

Plena Inclusión Aragón, la asociación mayoritaria de organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a las personas con discapacidad intelectual en Aragón, lanza un SOS al Gobierno de Aragón “para alertar de las dificultades que ha supuesto la pandemia para las entidades” y pedir “soluciones que permitan mantener y transformar los servicios y apoyos que prestan a estas personas y sus familias”.

Estos servicios son fundamentales para asegurar una vida digna a las personas con discapacidad intelectual y su entorno familiar. Y son también la garantía de los derechos subjetivos que este colectivo tiene reconocidos a través de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y que, por ello, son inalienables. El sobreesfuerzo que han soportando estas entidades durante más de un año de pandemia es considerable y cada vez tienen menos margen de maniobra. Por todo ello, las 40 entidades de atención a la discapacidad intelectual agrupadas en torno al movimiento asociativo de Plena Inclusión Aragón instan al Gobierno de Aragón a recoger sus demandas:

  • Financiación adecuada para el mantenimiento de los servicios.
  • Compensación por el sobrecoste soportado a causa del COVID-19, en unos recursos que están siendo muy necesarios para afrontar esta pandemia.
  • Sostenibilidad de la nueva realidad de los servicios.
  • Un plan de reconstrucción urgente, que tenga en cuenta las transformaciones pertinentes en los modelos de atención y apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, que este sector ya venía reclamando hace tiempo, pero cuya necesidad de implantación ha evidenciado y acelerado la pandemia.
  • Dignidad para las plantillas, que han demostrado su profesionalidad y su compromiso con las entidades, las personas con discapacidad y las familias, una dignidad que no se quede en meras palabras, sino que se traduzca también en su salario, ya que este sector, pese a ser esencial, tiene uno de los convenios más bajos del mercado laboral.
  • Dignidad para las familias, que en esta pandemia se han sentido solas y desatendidas por la administración, dotándolas de medios para poder llevar a cabo un acompañamiento que es cada vez más necesario, a través de programas o servicios que les demuestren que no están solas.

Las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector gestionan la práctica totalidad de la cartera de servicios sociales especializados de atención integral a la discapacidad intelectual, y han demostrado durante la emergencia sanitaria que lo hacen “con compromiso, con profesionalidad y poniendo los intereses de estas personas, a lo largo de todo su ciclo vital, por encima de cualquier otra cosa·, recuerdan. Además, lo hacen desde el arraigo territorial, generando empleos cualificados, estables y que no se pueden deslocalizar, ayudando a luchar contra el desempleo y la despoblación, especialmente en el medio rural aragonés.

Desde Atadi, una de las entidades que se integra en Plena Inclusión Aragón apoyan estas reivindicaciones porque “la implementación de medidas de higiene y seguridad en los centros para contener el coronavirus, bajada de las ratios de atención, refuerzos de limpieza, etc, ha requerido de la ampliación de las plantillas de profesionales”.

También ha habido que aumentar los recursos materiales para la transformación y adecuación de instalaciones y espacios, la prestación de servicios como transporte o comedor o la adquisición de equipos de limpieza y de protección e higiene personal”, relatan, así como que “todo ello ha supuesto un considerable incremento sobre las previsiones de gasto”.

En Aragón, muchas entidades se han visto muy afectadas por la crisis provocada por la pandemia, que ha agravado la complicada situación financiera que ya venía arrastrando el sector desde la anterior crisis económica “lastrado por los recortes que ya sufrió en su día”, recuerdan. A ello hay que añadir “las subidas salariales fruto del convenio colectivo sectorial y del incremento del salario mínimo interprofesional, que nunca se han visto reflejadas en la financiación que perciben las organizaciones de la discapacidad como prestadoras de servicios públicos”, recalcan, y señalan que esto sucede cuando “al mismo tiempo, han caído los ingresos procedentes de las aportaciones que hacen las personas que disfrutan de plazas concertadas en los centros, especialmente en residencias, debido a aquellos usuarios que se han trasladado a su hogar familiar durante estos meses de pandemia”.

Aseguran desde Atadi que se trata de “unas plazas concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS- que ya de por sí estaban infrafinanciadas, y cuya dotación no ha aumentado pese al incremento de los gastos, como tampoco lo han hecho los conciertos y subvenciones que financian el resto de los servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, y que en paralelo “han decaído otras vías de ingresos de algunas de las entidades del sector, como por ejemplo aquellas que tienen centros especiales de empleo, cuya actividad ha bajado considerablemente”.

A todo ello, aseguran, “hay que sumar más de 700.000 euros por los atrasos acumulados en los plazos de aplicación del incremento de los conciertos de las plazas desde 2019 a 2021. Estas subidas, anuales, fueron pactadas en el año 2019 a través del CERMI que, en representación de todas las entidades aragonesas de discapacidad, suscribió un protocolo con el IASS para los tres años siguientes”.

En 2019 fueron cuatro meses de retraso, de junio a septiembre, en 2020, la subida se demoró los tres primeros meses del año, y, en 2021, el aumento del coste por plaza no ha entrado en vigor hasta mayo, con lo cual, en tres años, se acumulan once meses de retrasos, en los que el precio de las plazas concertadas no se ha actualizado a tiempo”, denuncian las entidades.

Finalmente, las 40 entidades pertenecientes a Plena Inclusión Aragón alertan “de la delicada situación financiera que atraviesa el sector y piden soluciones urgentes para poder mantener los servicios y apoyos que garantizan los derechos de este colectivo y sus familias”.

La consejera Broto asegura tener “una relación fluida con Plena Inclusión”

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Marivi Broto asegura que “nos hemos reunido en muchas ocasiones, casi a diario, y cuando hemos realizado cambios se han hecho escuchando las opiniones” de Plena Inclusión.

En estas conversaciones “hemos explicado nuestros planes de futuro” asegura Broto, y entre ellos que “dentro de los fondos de resilencia habrá una convocatoria para la mejora de equipamientos de los centros de personas con discapacidad, o centros de mayores, en la que podrán participar” las entidades.

Broto destacaba otra propuesta de “una convocatoria para los gastos excepcionales que hayan podido tener los centros por motivo de la COVID, que podrán justificar con carácter retroactivo”, aunque la consejera señala que esta convocatoria esta pendiente del gobierno del Estado español.

“Por lo tanto el Gobierno de Aragón lo que va a hacer es trabajar con las entidades de Plena Inclusión, como lo ha hecho hasta ahora, con nuestra convocatorias de subvenciones del IRPF, del IASS, etc. Nosotras entendemos su situación, una situación difícil, como en muchos colectivos, y seguiremos trabajando conjuntamente para mejorar esta situación, como ya he tenido ocasión de explicarles personalmente”, concluía Broto.

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