El Partido Verde alerta a Europa sobre los pactos PP-Vox “por posible discriminación en servicios públicos”

Ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que analice “los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Aragón”, al considerar que la introducción del “principio de ‘prioridad nacional’ en el acceso a servicios públicos, ayudas sociales o vivienda protegida podría ser contraria al Derecho de la Unión Europea”

La formación ecologista advierte de que este tipo de medidas pueden suponer “una discriminación por razón de nacionalidad, afectando también a ciudadanos de otros países de la Unión Europea residentes en Aragón, y vulnerando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la no discriminación”.

En este sentido, el Partido Verde Aragón ha pedido a la Comisión Europea que evalúe “si la ‘prioridad nacional’ es compatible con el Derecho comunitario, que supervise su aplicación para garantizar que no se discrimina a ciudadanos de la Unión” y que actúe en caso de confirmarse una vulneración, incluyendo “la apertura de un procedimiento de infracción” contra el Estado español.

“Estamos ante un acuerdo que introduce criterios discriminatorios en el acceso a derechos básicos. En Aragón no podemos permitir que se priorice a unas personas frente a otras en función de su origen”, ha señalado Jorge Luis Bail coportavoz del Partido Verde, antes Verdes Equo, en Aragón.

“La llamada ‘prioridad nacional’ supone un retroceso que nos aleja de los principios de igualdad que deben regir las políticas públicas. Nos preocupa profundamente que este tipo de medidas se impulsen desde las instituciones. La normativa europea es clara: no puede haber discriminación por nacionalidad en el acceso a servicios públicos”, ha afirmado, por su parte, Silvia Mellado coportavoz del Partido Verde en Aragón.

Finalmente, la formación ha reiterado su compromiso “con la defensa de los derechos sociales, la igualdad y el cumplimiento de la normativa europea”, y ha advertido de que seguirá vigilante “ante cualquier medida que suponga un retroceso en derechos”.