El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de “Clasificación Internacional de Enfermedades” con el consenso generalizado de que la homosexualidad es una “variación natural de la sexualidad humana” y, desde 2015, se conmemora esa fecha en todo el mundo como un día de acción global que tiene el propósito de visibilizar la discriminación y violencia que viven las personas LGTBI y promover acciones para poner fin a los actos y expresiones de odio que siguen existiendo.
El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón (OPPA LGTBI) reconoce “el enorme avance que se ha logrado a nivel global en las políticas públicas para que la población LGTBI vea reconocidos sus derechos fundamentales, partiendo de la no criminalización, el reconocimiento al derecho a la libre autodeterminación del género, el matrimonio igualitario, el acceso a servicios de salud adecuados o el impulso de espacios educativos libres de discriminación”. Pero a la vez sigue alertando de que “hay países no sólo que criminalizan las realidades LGTBI, los hay que condenan a muerte a parte la comunidad”, afirma Loren González, director del Observatorio.
“En el país vemos con preocupación cómo las leyes aragonesas trans y LGTBI que aprobaron las Cortes de Aragón en 2018 por unanimidad de las fuerzas políticas presentes en la cámara (PSOE, PP, Podemos, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Aragonés) actualmente no cuentan con garantías de mantenerse”, apostilla González.
Según el Observatorio, tres son los indicios claros de que la comunidad LGTBI aragonesa debe estar alerta. El primero de ellos se fundamenta en las declaraciones en sede parlamentaria del presidente Jorge Azcón en las que afirmó que el Gobierno de Aragón tiene la intención de modificar la ley trans aragonesa en todo cuanto tiene que ver con los protocolos clínicos para personas trans.
El segundo indicio de que la comunidad LGTBI aragonesa debe estar alerta es la aprobación de la Proposición no de Ley relativa a la libertad de educación, presentada por Susana Gaspar (PP) y Fermín Civiac (Vox) el mes pasado y que salió adelante con los únicos votos a favor de esos grupos y el posicionamiento en contra del resto de los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes, en la que se aboga por implantar el pin parental en Aragón. “Todo esto, a la par que el tripartitito PP- Vox- Par no está haciendo movimientos para diseñar y desarrollar el Plan integral sobre educación y diversidad LGTBI al que obligan las leyes aragonesas”, recuerdan desde el OPPA LGTBI.
Por último, un tercer indicio de posible volatibilidad de las políticas LGTBI en Aragón es que no existe una hoja de ruta, una estrategia o un plan de acción claro que estipule cómo implementar la normativa propia. “Y, es que, la Comunidad de Madrid, adalid de las políticas neoliberales y conservadoras en el Estado español, comenzó operando de esta manera desde los gobiernos de Cristina Cifuentes para, en 2023, reformar y recortar sus propias leyes trans y LGTBI con el Gobierno de Díaz Ayuso, siendo la primera y única región que, a diferencia de la tendencia generalizada, da pasos hacia atrás”, recalcan desde el Observatorio.
A nivel global, comenta el director del Observatorio, “es preocupante asistir a la defunción de las políticas de cooperación al desarrollo del Gobierno de Aragón porque supone mirar hacia otro lado en lo que se refiere a discriminación estructural, pobreza y violencia que vive la población LGBTI y aquella otra que ve vulnerados los derechos humanos”. Y, es que, proyectos en África, Latinoamérica y en otras partes del mundo “se han quedado sin financiación tras el tijeretazo del tripartitito derechista: un recorte del 80% en 2023 que ha pasado de 6,2 millones a 1,2 y que se ha visto incrementado en ciudades como en Uesca, donde el tijeretazo se ha elevado al 94%, y, en Zaragoza, al 42%”, destalla, para añadir que “si bien es cierto todo esto, desde hace dos días sabemos que el Ayuntamiento de Uesca ha rectificado sus políticas en materia de cooperación destinando una partida de 39.000 euros este año, que dista mucho de los 100.000 anteriores y que corrigen lo que a todas luces era una equivocación”, aseguran desde el Observatorio.
Así mismo, la entidad explica que “no abordar adecuadamente las políticas de cooperación al desarrollo es un ejemplo de políticas públicas que no compartimos. La protección y promoción de los derechos humanos, también los de las personas LGTBI, es una cuestión que nuestra legislación aborda de manera explícita”.
En el Día Internacional contra la LGTBIfobia, el Observatorio destaca la importancia de seguir apostando por políticas públicas que garanticen los derechos humanos y prevengan la violencia, los discursos e incidentes de odio y toda forma de discriminación por motivos de identidad y expresión de género, características sexuales, orientación sexual o pertenencia a una familia arcoíris.
Sobre el Observatorio
El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón es un centro de investigación y análisis dedicado a monitorear y evaluar las políticas públicas relacionadas con la comunidad LGTBI en nuestro país.
El Observatorio se constituye como una herramienta de evaluación de las políticas públicas LGTBI “apoyando y acompañando a administraciones públicas, empresas, instituciones educativas, fundaciones y organizaciones del tercer sector en la puesta en marcha de procesos de gestión de la D&I LGTBI”, concluyen.
⚠️Este #17M estamos en alerta en #Aragon⛰️
🏳️⚧️¡Feliz y reivindicativo día contra la #LGTBIfobia! 🏳️🌈 pic.twitter.com/lXQtyH3toA
— Observatorio Privado de Políticas Públicas LGTBI (@OPPA_LGTBI) May 17, 2024
