Entidades vecinales de los diversos territorios del Estado español se han reunido este fin de semana —24 y 25 de febrero de 2024— en Vigo con motivo de la celebración del Consejo Confederal de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). Allí, han aprobado una resolución que insta a diferentes instituciones y representantes de la sociedad civil a firmar un "Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda".
Desde CEAV se apunta que el acceso a la vivienda debe considerarse un derecho fundamental y que la Ley 12/2023 de Vivienda, en vigor desde el 26 de mayo, "no es suficiente para garantizar el derecho a un techo digno para toda la ciudadanía", ya que su aplicación "está totalmente condicionada por las Comunidades Autónomas, que tienen la mayor parte de las competencias en materia de vivienda". "Algunas CCAA ya han asegurado que no van a desarrollar en sus territorios el contenido de la ley, salvo las escasas determinaciones de competencia estatal", añaden en una nota de prensa.
El texto acordado recuerda que "es imprescindible reforzar los parques públicos de vivienda, casi inexistentes en el Estado español si se comparan con la media de la Unión Europea, y paliar con esta y otros medidas los efectos de los desajustes del mercado". Según las últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, existe un parque de 290.000 viviendas sociales que apenas ofrece cobertura a un 1,6 % de los 18,6 millones de hogares que habitan en el Estado español.
Por otro lado, en el documento acordado se apunta que la regulación del precio de los alquileres en las áreas tensionadas "debe empezar a implementarse cuanto antes, acelerando la publicación del índice de precios de referencia para establecer el precio del alquiler en esas zonas". Así mismo, la resolución indica que el motivo que más influye en la proliferación de esas áreas tensionadas es la gran cantidad de viviendas destinadas a alquileres de uso turístico, temporal y con fines comerciales, que "hacen subir los precios de forma desorbitada, provocando además la expulsión de las personas más vulnerables de los barrios afectados, en procesos de gentrificación". "Es urgente su regulación y limitación", se indica.
Respecto a las viviendas vacías, la CEAV considera imprescindible saber su número y la causa, así como poner en marcha medidas para garantizar la seguridad e incentivar el alquiler por parte de pequeños propietarios y propietarias, y simultáneamente "forzar a los grandes tenedores a incorporar sus viviendas al mercado de alquiler".
El presidente de la CEAV, Julio Molina, ha asegurado que a partir de estos momentos "la entidad va a llamar a todas las puertas hasta conseguir un gran pacto de estado que ponga fin a los problemas derivados de la falta de vivienda". "Necesitamos con mucha urgencia un acuerdo social de amplios consensos para solucionar el problema de vivienda de nuestro país y por eso hacemos este llamamiento al conjunto de fuerzas políticas, sindicales y sociales. En este pacto no pueden faltar ni el gobierno español, ni los autonómicos, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones", ha resaltado Molina.
Apoyo al pueblo palestino
El Consejo Confederal de la CEAV también ha aprobado una resolución de apoyo al pueblo palestino, coincidiendo con la ornada de manifestaciones que se han desarrollado este fin de semana en más de cien ciudades, once de ellas aragonesas. "Exigimos el alto el fuego inmediato y la adopción tanto por parte de Israel como del conjunto de la comunidad internacional de medidas concretas y eficaces contra el genocidio en la Franja de Gaza y la ocupación, el apartheid y el colonialismo en Palestina", reza el documento aprobado.
Las entidades vecinales consideran que "ahora más que nunca es el momento de que España actúe, se sume a la demanda sudafricana e imponga sanciones a Israel para forzar a su gobierno a cumplir la ley". Es por ello que se ha acordado exigir al Gobierno español de Pedro Sánchez y a los partidos que lo sustentan, que "presionen y tomen medidas inmediatas y proactivas en la defensa y la protección de los derechos humanos en Palestina", y en concreto, se pide que el gobierno del Estado español que "lidere un alto el fuego inmediato y permanente; ponga fin a la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel; apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio; recupere la jurisdicción universal; rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel; y que ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la Ley Mordaza".
