El lawfare no empezó con Pedro Sánchez y va a continuar

A raíz de la carta de Pedro Sánchez a la militancia en la que anunciaba que cancelaba su agenda y que reflexionaría si seguir como presidente del Gobierno español tras la "campaña de acoso" de la ultraderecha, se ha vuelto a poner el termino lawfare en el centro del debate

El lawfare no empezó con Pedro Sánchez y va a continuar
Los ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo en Libertad Digital | Fotograma de vídeo

Pero, pese a que el lawfare lleva operando décadas en el Estado español -y a nivel internacional- hay quienes intentan imponer un relato interesado donde el lawfare lo estuviera sufriendo exclusivamente el PSOE, algo totalmente alejado de la realidad. Ya que, como explicamos recientemente en AraInfo, hemos presenciado persecuciones político-mediático-judiciales contra Podemos, EH Bildu, los jóvenes de Altsasu, los 6 de Zaragoza, Mónica Oltra, los ocho de Yesa, Vicky Rosell, Pablo Iglesias, Irene Montero, Tsunami Democrátic, Alberto Cubero, sindicatos como el SAT, etc. Del mismo modo, a nivel internacional, el expresidente Rafael Correa en Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas también en Ecuador, el presidente de Brazil Lula da Silva o el periodista encarcelado injustamente Julian Assange, han sido todos victimas de operaciones de lawfare.

El lawfare: demoler del Estado de derecho en nombre de la ley

Cuenta la politologa Arantxa Tirado, autora del libro ‘El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley’, que el lawfare es “un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda”. Asimismo, señala que en el origen del lawfare está “una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica”. Señalando que “si en décadas precedentes los golpes de estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas”. Estamos asistiendo “a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley”, advierte Tirado.

Si nos centramos en el caso de la denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, evidenciamos de una forma muy clara que en dicha operación de lawfare ha sido necesaria tanto la participación de los sectores mediáticos, dando visibilidad a ese montaje, como de los sectores judiciales, dándole recorrido judicial, como de los sectores políticos de la derecha y la ultraderecha, potenciando y beneficiándose de dicha operación golpista.

La mentira se recompensa

En todo este escenario golpista de las derechas y las extremas derechas, hay un factor que muchas veces se menosprecia, pero que es fundamental: el apoyo institucional a los medios que abiertamente difunden bulos y manipulan la realidad colaborando con las estrategias golpistas.

Como informamos desde AraInfo, desde el Gobierno de Aragón dirigido por Jorge Azcón y desde el Ayuntamiento de Zaragoza de Natalia Chueca, ambos del PP, se ha estado regando con dinero público a medios que abiertamente se han dedicado a manipular, mentir y a ser la pata mediática de diferentes estrategias de lawfare. Veamos algunos de ellos. En el año 2023 esRadio recibió de la DGA 11.404€, OkDiario 13.826€, EDATV 7.000€, Periodista Digital 2.960€ y Hoy Aragón 21.811,95€. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza gasto en esRadio 5.917€, en 13TV 11.000€ y en Hoy Aragón 11.200€.

El lawfare continua

Los golpes a través del lawfare van a seguir dándose mientras periodistas vinculados a las cloacas mediáticas como Ferreras, Eduardo Inda, Javier Negre, Ana Terradillos o Vito Quiles sigan teniendo altavoz y no sean apartados de la profesión y mientras jueces como García Castellón sigan ejerciendo.

Y, buena prueba de que el lawfare va a seguir instalado en nuestra sociedad, es que la Radio Televisión Pública Española -la televisión pública que pagamos entre todos y todas- decidió dar altavoz al lawfare y entrevistar el pasado jueves a uno de los máximos exponentes de la corrupción mediatica: el presentador de esRadio y presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos. Recordemos que Losantos, junto a Pedro J Ramirez y Casimiro García Abadillo, propagaron las teorías de la conspiración que pretendían hacer creer a la opinión pública que el atentado del 11M había sido ETA y no Al Qaeda.

Otra prueba de la impunidad con la que siguen actuando los promotores del lawfare la vimos recientemente cuando en un ejercicio humillante para el periodismo, el cazafantasmas Iker Jiménez decidió analizar el lawfare de la mano de, nada más y nada menos, que el ‘cloaquero hermano’ de Ferreras y director de OkDiario, Eduardo Inda.

Por eso, independientemente de la decisión que tome este lunes el presidente Pedro Sánchez, si se sigue permitiendo que jueces y periodistas corruptos sigan actuando con total impunidad, continuaran los golpes de estado contra la democracia y, por ende, la izquierda seguirá siendo fulminada con denuncias falsas como ya advirtió Mónica Oltra.

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