La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha manifestado su oposición frontal a las inversiones referidas a las infraestructuras hidráulicas en Aragón, por considerarlas continuistas, en las formas y en el fondo, con los presupuestos anteriores del Gobierno del Partido Popular.
Para COAGRET el aumento que conllevan estos presupuestos en el caso del recrecimiento de Yesa es una demostración clara de la nula intención del actual Gobierno Central de cambiar la política hidráulica en ningún sentido; ni las dudas, más que razonables, sobre la seguridad de ese recrecimiento, ni el desfase en el presupuesto –que según cifras ministeriales alcanza los 253 millones, un 110% más de lo previsto– han provocado cambios del actual Ministerio en relación a esta obra. "Si el pasado año las partidas presupuestarias del recrecimiento de Yesa rondaban los 25 millones en este año se pretende alcanzar los 31 millones, más dinero público para enterrar en las laderas de Yesa", denuncian desde la coordinadora.
En los casos de Biscarrués y Almudevar entienden que lo que pretende el Ejecutivo es ignorar las dificultades legales que tienen esos proyectos por la legislación medioambiental, y que ya se ha puesto de manifiesto con la sentencia contraria al embalse de Biscarrués, y que podría llevar a una paralización del proyecto como ocurrió en 2013 con la sentencia del Tribunal Supremo que paró la obra de Mularroya. Tampoco con las dudas de viabilidad de este proyecto generan en el Ministerio el mínimo gesto de serenidad y prudencia, al contrario se destinan otros 36 millones de euros.
Advierten también que los presupuestos denotan una "renuncia a acometer cambios en la gestión del agua, en lugar de actualizar esa gestión en relación de los cambios que nos empieza a exigir el cambio climático, se insiste en un modelo cortoplacista que prima la construcción de infraestructuras y la expansión del regadío, sin considerar los descensos de precipitaciones previstas en la cuenca del Ebro y la falta de disponibilidad de agua que ello provocará".
Desde COAGRET también muestran preocupación en el aumento de partidas presupuestarias a sociedades como ACUAES (Aguas de las Cuencas de España), que ha pasado de gestionar 8,7 millones en el 2018 a 12 millones en el 2019. "La apuesta de la administración a favor de este tipo de entidades hace que sea más difícil para la sociedad civil y los partidos políticos la vigilancia y el control sobre esos proyectos y sus presupuestos", concluyen.
