El Gobierno de Natalia Chueca sigue adelante con dos de las operaciones inmobiliarias más cuestionadas de Zaragoza. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para transformar los terrenos del antiguo convento de Jerusalén en el complejo Living Romareda ha recibido la aprobación definitiva con el respaldo de PP, Vox y la concejala no adscrita, y el voto en contra de PSOE y Zaragoza en Común. En paralelo, el Ayuntamiento impulsa el convenio urbanístico de Instalaza, que permitirá incrementar la capacidad residencial de los terrenos de la fábrica de armamento.
Son dos expedientes diferentes, pero comparten un elemento fundamental: el aumento del aprovechamiento inmobiliario de terrenos privados mediante decisiones urbanísticas municipales. Entre ambos proyectos se contempla la construcción de hasta 359 viviendas, según las cifras actualizadas por el propio Ayuntamiento.
El Gobierno municipal presenta las actuaciones como una respuesta a la necesidad de recuperar espacios urbanos y ampliar la oferta residencial. Zaragoza en Común, por el contrario, denuncia que las modificaciones del planeamiento responden a los intereses de grandes inversores y no a las necesidades de vivienda pública de la ciudad.
Las cifras también revelan diferencias importantes entre ambos proyectos. Living Romareda contempla hasta 204 viviendas, de las que 68 deberán mantenerse en alquiler durante un mínimo de diez años, sin que esa obligación implique necesariamente precios asequibles. Instalaza prevé hasta 155 viviendas, de las cuales 31 serán protegidas y cedidas al Ayuntamiento.
Living Romareda: aprobación definitiva para transformar el antiguo convento
La aprobación definitiva de Living Romareda consolida la transformación de los terrenos del antiguo convento de Jerusalén, en el paseo de Isabel la Católica, en un complejo residencial y asistencial promovido por Enta Properties, vinculada al grupo inversor Bancalé.
El proyecto, que durante su tramitación llegó a contemplar 220 viviendas, fija ahora un máximo de 204. De ellas, 68 estarán destinadas al alquiler de larga duración durante al menos diez años y las restantes serán viviendas libres. La operación incluye además dos residencias, una para personas mayores y otra de carácter sociosanitario, destinada a alojar a personal sanitario y familiares de pacientes desplazados a Zaragoza.
La modificación urbanística también incorpora un nuevo vial que conectará el paseo de Isabel la Católica con la calle de Don Álvaro de Bazán, unas 75 plazas públicas de aparcamiento y la obligación de incrementar un 20% las plazas privadas respecto al mínimo legal exigible. Esta última condición se ha introducido durante la tramitación a petición, entre otros, de Vox.
El convenio fija en 22.432.408 euros la cantidad que Enta Properties deberá abonar al Ayuntamiento en concepto de compensaciones urbanísticas, frente a los 22.030.569 euros estimados inicialmente. El Gobierno municipal sostiene que estos ingresos se destinarán a políticas públicas de vivienda a través del Patrimonio Municipal del Suelo.
Sin embargo, el aumento del aprovechamiento residencial sigue siendo el principal motivo de controversia. La operación permite sustituir la anterior calificación de equipamiento religioso privado por usos residenciales y terciarios, abriendo la puerta a una promoción inmobiliaria en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza.
Más edificabilidad y una rectificación en la información municipal
La aprobación definitiva ha venido acompañada de nuevas dudas sobre la superficie edificable autorizada. Según ha documentado elDiario.es, el Ayuntamiento modificó la nota de prensa con la que anunciaba el acuerdo y eliminó una referencia expresa a los 25.255 metros cuadrados de techo residencial previstos para las 204 viviendas. La primera versión del comunicado contenía ese dato, pero desapareció de la versión corregida.
El mismo medio ha señalado que el expediente incorpora un incremento de casi 3.000 metros cuadrados de techo respecto a la edificabilidad residencial inicialmente contemplada. La controversia adquiere especial relevancia tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 19 de mayo, que fijó en 12.241,50 metros cuadrados la edificabilidad legal de la parcela conforme al planeamiento entonces vigente.
El Gobierno municipal ha relacionado parte de las diferencias de superficie con el cómputo de espacios destinados a sótanos. En cualquier caso, la eliminación de ese dato de la comunicación oficial dificulta seguir la evolución de los parámetros del proyecto a través de las sucesivas versiones difundidas públicamente.
La reducción del número máximo de viviendas, de 220 a 204, tampoco supone una transformación del modelo residencial: el grueso de la promoción seguirá destinado al mercado privado, con una parte sujeta a alquiler temporalmente obligatorio, pero sin una exigencia general de precios protegidos.
Instalaza: de 90 a 155 viviendas en el barrio de Tenerías
La segunda novedad afecta a los terrenos de Instalaza, la empresa armamentística ubicada en el barrio de Tenerías, junto a la ribera del Ebro. El Ayuntamiento impulsa la aprobación de un convenio de planeamiento que facilitará el traslado de la actividad industrial a terrenos próximos al antiguo polvorín de Cadrete y la transformación de su actual emplazamiento en un nuevo desarrollo residencial.
La operación permitirá pasar de las 90 viviendas previstas anteriormente a un máximo de 155. Son 65 viviendas más, un incremento superior al 72%, gracias a los nuevos parámetros urbanísticos.
De las 155 viviendas, 31 serán de protección oficial y se cederán directamente al Ayuntamiento. El acuerdo también contempla la cesión de 6.140,90 metros cuadrados de suelo, dos locales construidos que suman 900 metros cuadrados y una compensación económica próxima a los 987.000 euros.
La actuación permitirá prolongar la calle de Blanco Cordero hasta el paseo de Echegaray y Caballero, así como generar nuevos espacios libres.
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defiende el convenio como una solución para trasladar fuera del casco urbano una actividad industrial cuya ubicación lleva décadas cuestionándose. Según el Gobierno municipal, el traslado deberá ir acompañado del mantenimiento de los puestos de trabajo.
La crítica de Zaragoza en Común se dirige al incremento de edificabilidad concedido a la propiedad y al modelo de desarrollo residencial elegido para esos terrenos.
Suso Domínguez: “Pelotazos destinados a vivienda de lujo”
Zaragoza en Común rechaza las dos operaciones y acusa al Gobierno de Chueca de modificar el planeamiento para favorecer los negocios inmobiliarios.
Su concejal, Suso Domínguez, sostiene que los proyectos del antiguo convento de Jerusalén y de Instalaza son “directamente un pelotazo destinado a vivienda de lujo” y que no responden “en absoluto al interés general”, sino al “beneficio privado de unos inversores” para los que, denuncia, el Gobierno municipal realiza modificaciones del PGOU a medida.
Domínguez señala especialmente el incremento de viviendas previsto en Instalaza, de 90 a 155, y el aumento de edificabilidad en el antiguo convento de Jerusalén, que, según denuncia, se triplica para permitir una promoción de lujo.
A su juicio, ambas decisiones constituyen “un paso más en el proceso especulativo que sirve para alimentar el negocio de la vivienda y sus lobbys”.
El edil de ZeC contrapone estas operaciones a la demanda de vivienda pública. “Realmente lo que el interés público y la ciudadanía reclaman es inversión en vivienda pública”, afirma.
También cuestiona el destino de los ingresos que generarán las recalificaciones. Según Domínguez, los recursos obtenidos no se destinarán a construir viviendas públicas, sino a financiar La Romareda y otros grandes proyectos del Gobierno Chueca.
Esta última denuncia contrasta con la versión municipal, que asegura que los 22,4 millones de Living Romareda se incorporarán al Patrimonio Municipal del Suelo para financiar políticas públicas de vivienda. La existencia de esa previsión no implica, por sí sola, que ya se haya ejecutado ninguna promoción pública con esos recursos.
Una política urbanística con antecedentes
Las decisiones sobre Living Romareda e Instalaza se suman a otras actuaciones cuestionadas durante los últimos meses. AraInfo informó en mayo y junio de las modificaciones urbanísticas del antiguo convento de Jerusalén y de su aprobación inicial, así como del convenio negociado con Instalaza. También ha recogido las movilizaciones vecinales contra la venta de suelo municipal en San José y las críticas a la gestión económica de La Nueva Romareda tras el informe de la Cámara de Cuentas.
El rechazo a este modelo de ciudad también se extiende al movimiento vecinal. Desde San José, cuya asociación vecinal impulsa una segunda “Ruta de la Vergüenza” para reivindicar espacios públicos, hasta Torrero, la FABZ y colectivos como Zaragoza No Se Vende o Salvemos los Pinares de Venecia, se multiplican las denuncias contra la especulación, la pérdida de suelo público y las decisiones urbanísticas que, según estas organizaciones, anteponen los intereses privados a las necesidades de los barrios. También comunidades de propietarios de edificios colindantes, del barrio de la Romareda, han presentado alegaciones a la operación.
En Living Romareda, el Ayuntamiento ha dado ya su aprobación definitiva a la modificación urbanística. En Instalaza, el convenio abre una nueva fase de tramitación. Los dos proyectos plantean, con distinto recorrido administrativo, la misma discusión de fondo: cuánto aprovechamiento privado autoriza el Ayuntamiento mediante sus cambios urbanísticos y qué obtiene realmente la ciudadanía a cambio.
