La operación urbanística, presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza como una solución a una “cicatriz urbana” de más de dos décadas, permite aumentar la densidad de edificación prevista en el suelo de Aloy Salas y alrededores, elevando de 90 a 155 unidades residenciales el número de viviendas, de las cuales solo 31 serán de protección pública y cedidas al consistorio. Como pequeña compensación, Instalaza aportará cerca de 987.000 euros y dos locales de 900 m² al municipio como parte del acuerdo.
Para Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del equipo de Natalia Chueca, la iniciativa “soluciona un problema urbanístico histórico”. El concejal también asegura que la modificación ‘a medida’ del planeamiento “mejora la integración de ese ámbito con el corredor verde del Ebro y el parque Bruil”.
Críticas de la oposición: especulación y falta de viviendas asequibles
Para Zaragoza en Común (ZEC), el convenio con Instalaza es parte de una política municipal “que favorece la especulación inmobiliaria y no atiende a las necesidades reales de acceso a la vivienda de la mayoría de la población”. El grupo municipal ya denunció a mediados de año que la operación de compraventa de 323 viviendas en el barrio de Aloy Salas, promovida por el gobierno de Natalia Chueca, puede “expulsar a los vecinos y vecinas” y beneficiar a fondos de inversión, en lugar de facilitar la ampliación del parque público de vivienda.
El concejal de ZEC, Suso Domínguez, criticó que operaciones como esa “demuestran que en materia de vivienda el Ayuntamiento del PP -Vox no defiende el derecho a la vivienda, sino que promueve la especulación y contribuye a agravar la crisis habitacional” de Zaragoza. Desde ZEC recordaron que la compra pública de las viviendas en venta, que costaron un precio medio de unos 68.000 euros por unidad, habría permitido que el Ayuntamiento controlase más del 50 % de la propiedad y gestionase con criterios sociales su rehabilitación.
Domínguez también cuestionó las inversiones y reurbanizaciones impulsadas por el gobierno municipal, como la reurbanización de la calle Pedro de Alvarado y el uso de fondos europeos para rehabilitar viviendas que ya pertenecen a inversores privados, señalando que estos movimientos “revalorizan suelos para beneficio de unos pocos y perjudican a los inquilinos actuales con subidas de alquiler previstas de hasta un 50%”.
El PP se ha especializado en “hinchar la burbuja inmobiliaria”
La crítica de ZEC no es puntual. El grupo municipal ya había puesto en cuestión la política de vivienda del PP por “hinchar la burbuja inmobiliaria” en proyectos como la subasta de suelo municipal en Montecanal o Vía Hispanidad, orientada más al negocio libre que a la construcción de vivienda social o protegida.
Recientemente, la formación también calificó de “cosmético” el desalojo de personas sin hogar del Parque Bruil, instando al Ayuntamiento de Zaragoza a abordar soluciones habitacionales reales en lugar de “medidas puntuales de saneamiento”.
Además, agentes vecinales y asociaciones han denunciado la degradación urbana y social en barrios cercanos al entorno de Aloy Salas y Bruil, señalando que la falta de políticas integrales agrava problemas como el sinhogarismo, la inseguridad y la falta de servicios públicos, algo que persiste pese a las publicitadas inversiones municipales.
El PP acrecienta la tensión política y social
La aprobación del convenio con Instalaza pone de manifiesto una profunda tensión política en Zaragoza: por un lado, la narrativa oficial que prioriza soluciones urbanísticas supuestamente consensuadas, por el otro, una oposición crítica que denuncia que muchas de estas operaciones responden más a la dinámica del mercado y la especulación que al derecho a la ciudad y a la vivienda digna, junto a la ciudadanía zaragozana que observa como la gestión del PP enriquece a los fondos de inversión e inmobiliarias mientras impide la emancipación de la juventud zaragozana.
ZeC ha anunciado que exigirá en los próximos plenos “claridad sobre la participación municipal en estas operaciones, el uso real de los fondos europeos en rehabilitación y el impacto en los precios del alquiler”, y seguirá impulsando iniciativas para fortalecer el parque público de viviendas en la ciudad.
