El Estatuto de Aragón, en su artículo 71, reconoce como competencia propia de nuestro país la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de colectivos especialmente vulnerables, como las personas mayores y aquellas con discapacidad. El Gobierno de Aragón, por tanto, tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios sociales de calidad en todo el territorio, especialmente en el medio rural donde la prestación de estos servicios es más costosa y compleja.
Mascún Ariste, teniente-alcalde del Ayuntamiento de Sariñena recuerda que “contamos con una residencia municipal de mayores inaugurada en 1984, la cual constituye un referente comarcal en la atención a personas mayores, no solo de Sariñena, también del entorno, pero que atraviesa dificultades en los últimos años”.
Entre 2007 y 2010 se invirtieron más de dos millones de euros en un proyecto de ampliación, para habilitar 46 nuevas plazas “que quedó paralizado y no fue retomado hasta 2022, cuando se destinó más de un millón de euros adicionales, más de 600.000 euros de ellos provenientes del Gobierno de Aragón”, relata.
El portavoz municipal de CHA explica que “lamentablemente a pesar de contar con una subvención del anterior Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, las nuevas instalaciones no han podido entrar en funcionamiento porque existen problemas de cumplimiento de la normativa vigente, que según criterios técnicos exigiría adaptar instalaciones y servicios sanitarios y de alimentación a la nueva configuración de la Residencia, con un coste estimado cercano al millón de euros”.
Esta compleja situación ha generado “un grave perjuicio económico para nuestro ayuntamiento, que ha tenido que afrontar en solitario el mantenimiento de un servicio deficitario, que en los últimos cinco años asciende a 1,76 millones, lo que equivale a una carga de 425 por habitante”, subraya Ariste, y recuerda que “la delicada situación financiera del Ayuntamiento, que mantiene en vigor un Plan de Ajuste que impide la solicitud de nuevos préstamos, deriva directamente de la deuda heredada de más de seis millones de euros del gobierno municipal del PSOE encabezado por Lorena Canales en 2007, una losa que seguimos arrastrando y que limita la capacidad de inversión del actual consistorio”.
Ariste denuncia que “la falta de apoyo técnico y financiero para completar la obra y obtener la licencia de actividad, impide no solo la atención a nuevos usuarios, sino también la creación de empleo estable en una comarca necesitada de oportunidades”.
“Resulta por tanto necesario y urgente que el Gobierno de Aragón actúe en el marco sus competencias y en cumplimiento del principio de cohesión territorial, para evitar el abandono institucional de un proyecto socialmente necesario, técnica y políticamente respaldado, y ya cofinanciado por la propia administración aragonesa”, recalca, y en esa línea la portavoz de CHA en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una Proposición no de Ley “para solicitar una partida explícita y nominativa, por un millón de euros, para tal fin”.
