El papel de las Auxiliares de Educación Especial es primordial en muchas aulas en las que hay alumnado catalogado como ACNEE (Alumno con Necesidades Educativas Especiales). A pesar de su papel no docente, es su labor la que permite que la clase se desarrolle con normalidad, evitando a veces situaciones no deseadas de este alumnado hacia sí mismo o hacia otros, ayudando a mantener sus necesidades cubiertas (higiénicas, de atención, de desplazamientos).
Desde la CGT explican que al menos trece centros del sur de Aragón “han sufrido la anulación de profesionales de esta categoría, la gran mayoría en el medio rural. Estas plazas tenían la aprobación y el respaldo de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica del propio sistema educativo y estaban aprobados para cursos previos la mayoría”.
“El tipo de escenarios que se pueden generar es un aula de un Colegio Rural Agrupado, en la que encontremos ocho alumnos de seis niveles diferentes y tengas un alumno disruptivo y sin control de esfínteres, y no es un ejemplo teórico. Los equipos directivos de estos colegios se encuentran desbordados ante esta realidad, puesto que van a tener que destinar personal docente a tareas de cuidados que no les corresponden, eliminando o reduciendo la atención a otro alumnado con necesidades de apoyo educativo, y empleando horas de gestión de los propios equipos”, lamentan desde la CGT. Que recalca que en los correos remitidos a CGT utilizan expresiones como “inviable”, “desbordados”, “discriminación”, “no debemos tolerarlo”.
Desde una de las comarcas orientales del sur del país, que ha sufrido un recorte de siete plazas de auxiliares, se han movilizado junto con AMYPAS y ayuntamientos, “aunque por el momento no tienen respuesta oficial, siendo hoy el primer día del curso escolar”, señala el sindicato.
La CGT considera esta situación “el enésimo ataque al derecho a una educación de calidad en el medio rural y que entra en contradicción con el espíritu de la Lomloe que aboga por una mayor inclusión del alumnado de Educación Especial. Sus responsables en la provincia exigen la garantía desde instancias oficiales de que esta situación se va revertir”.