La sección sindical de CGT en Correos Zaragoza ha denunciado este martes los “continuos incumplimientos” de la empresa pública en materia de prevención de riesgos laborales y ha asegurado que la situación está “poniendo en riesgo la salud y la seguridad de la plantilla”, especialmente tras el traslado de las unidades de reparto de paquetería al Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de San Juan de Mozarrifar.
Según el sindicato, desde el traslado forzoso de las unidades ubicadas en Avenida Clavé y Actur se han producido “diversas lesiones entre los trabajadores”, además de problemas recurrentes en las zonas de carga de las furgonetas. CGT sostiene que ya advirtió desde el inicio que las instalaciones “no reunían las condiciones adecuadas para desarrollar las tareas de reparto”.
La organización sindical presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo el pasado mes de noviembre, resuelta en marzo, aunque denuncia que “dos meses después Correos sigue sin cumplir la resolución” y que las incidencias “continúan produciéndose con normalidad”.
CGT extiende además estas deficiencias al conjunto de unidades urbanas y rurales de Correos y señala el “deficiente mantenimiento” de herramientas de trabajo como jaulas y carros de reparto, así como el estado de las furgonetas, algunas de las cuales “pueden pasar semanas averiadas antes de ser reparadas”.
El sindicato critica también que muchos vehículos aún no disponen de las balizas V-16 obligatorias desde enero y acusa a la empresa de no haber establecido “un protocolo claro y serio” ante la llegada de episodios de calor extremo.
“Los trabajadores están completamente desprotegidos tanto en reparto como en los centros logísticos, donde además existe una refrigeración deficiente”, denuncia la sección sindical.
CGT alerta asimismo de que la falta de contratación para cubrir vacaciones provocará una mayor sobrecarga de trabajo en unas plantillas que considera “ya saturadas por el ERE encubierto que la empresa lleva años aplicando”.
Por último, el sindicato acusa a Correos de “desoír las quejas de los trabajadores” y de incumplir las obligaciones impuestas por la autoridad laboral “en una empresa pública que debería ser ejemplar”.
