Los datos elaborados por CCOO muestran que de un de total de 12.738 puestos, 1.606 se encuentran vacantes lo que representa el 12,61%. A estos, habría que añadir los aproximadamente 500 puestos de media cuyos ocupantes se encuentran en incapacidad temporal que la administración no sustituye, por lo que la cifra se elevaría al 16% del total de la plantilla. Así lo han denunciado en rueda de prensa celebrada este lunes por la mañana.
Para el sindicato resulta especialmente preocupante que el número de puestos vacantes se haya duplicado en los últimos años, pasando (sin tener en cuenta las bajas) de 819 en 2020 (el 6,66%) a 1.604 en 2024 (el 12,61%). En un análisis más detallado han puesto de manifiesto que algunos departamentos superan el 20% de puestos vacantes como Bienestar Social y Familia o el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Y como ejemplos concretos Tania González, secretaria de Organización de la Sección Sindical de CCOO en la DGA, ha señalado que “la cuarta parte de los puestos de personal administrativo y auxiliar administrativo está sin cubrir, el 20% de los puestos de personal informático se encuentra sin ocupante, y el 23% de puestos vacantes del personal laboral del Departamento de Agricultura puede poner en peligro la percepción de fondos finalistas al no poder finalizarse los trabajos requeridos”.
Además, la sindicalista ha indicado que “CCOO ha tenido conocimiento de que se están dando instrucciones en diferentes centros de las tres provincias para no cubrir puestos vacantes hasta el próximo 1 de enero”. “Si la Administración se niega a cubrir los puestos de trabajo, tras los concursos de traslados y el ingreso del personal aprobado, a final de año se podrían superar el 20% de vacantes”, ha concluido.
Especialmente preocupante para CCOO resultan los 462 puestos vacantes “de carácter perentorio” que por tratarse de atención directa a la ciudadanía o emergencias deben cubrirse de forma urgente o inmediata. Esta cifra supone el 8% de este tipo de puestos y según ha señalado la sindicalista “son los que desempeñan las trabajadoras de las Residencias y centros de servicios sociales, el personal de los centros educativos, el personal de servicios de emergencias… Solo en el Departamento de Educación casi el 12% de puestos de carácter urgente permanece vacío”.
El origen del elevado número de vacantes se debe, según el sindicato, a tres razones principales: para ocultar el error de cálculo presupuestario de las necesidades de personal sanitario y de personal docente, para maquillar la cifra de temporalidad reduciéndola de forma artificial y porque el Gobierno de Aragón puede estar preparando el terreno para una amortización de puestos de trabajo de gran envergadura.
Lo que han negado de forma rotunda es la excusa dada por la Administración que lo achaca a la complejidad del procedimiento para cubrir plazas y a los concursos de traslados. “Con los procedimientos actuales –ha declarado Francisco José González, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA–, la Administración podría resolver la cobertura de los puestos de trabajo de cobertura urgente en el plazo de 10 días hábiles y del resto de puestos en un plazo no superior a un mes”.
Francisco José González ha remarcado que todos los servicios públicos, no solo la educación y la sanidad, “son esenciales y, aunque la lista sería interminable, desarrollan tareas tan fundamentales como la conservación de las carreteras, la prevención y extinción de incendios forestales, la atención de en las Escuelas Infantiles, las Residencias y centros de atención a personas mayores, la vigilancia de la Seguridad Laboral en todos los centros de trabajo y un largo etcétera…”.
Y las consecuencias de tener “el mayor número de vacantes de la historia” se ven reflejadas en la sobrecarga física y mental para el resto de la plantilla, que “debe asumir las tareas de los puestos de trabajo vacantes, pero también en el trabajo cotidiano que se presta a la ciudadanía y el consiguiente deterioro del servicio público”. Así por ejemplo han citado que no se pueden cumplir los plazos para resolver y abonar las ayudas para el alquiler o para la rehabilitación de viviendas, no se atienden en plazo las solicitudes de ayudas para el desarrollo de actividades económicas, las valoraciones de dependencia y ayudas sociales sufren retrasos que provocan situaciones familiares complejas, se tarda más en pagar las facturas a proveedores y contratistas, o no se da abasto para cubrir los puestos de trabajo de los centros educativos.
“Ante este colapso CCOO ha intentado, por todos los medios, buscar sistemas ágiles para cubrir los puestos de más urgente necesidad impulsando un acuerdo e la Mesa de Negociación que permite cubrir todas las vacantes en plazo y cuyas medidas se incorporan en la Ley de Presupuestos desde hace dos años”, han remarcado en la rueda de prensa.
El problema, denuncia el sindicato, es que se está incumpliendo sistemáticamente. “Ni los Departamentos, ni la Dirección General de Función Pública, ni el Departamento de Hacienda quieren cumplir lo acordado”, ha criticado el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la DGA.
Por ello, en julio CCOO presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo, instando al cumplimiento de la Ley, y va a denunciar estos hechos en los juzgados por si los mismos pudieran ser constitutivos de un de delito de prevaricación por omisión.
