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ALAZ: “No existe una actividad real para erradicar la tortura en las cárceles del Estado español”

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, tales como el derecho a la libertad, igualdad, seguridad e integridad corporal
| 22 enero, 2018 07.01
ALAZ: “No existe una actividad real para erradicar la tortura en las cárceles del Estado español”
Lourdes Barón Jacques, Paula Hormigón y Altamira Guelbenzu (ALAZ). Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Lourdes Barón Jacques, Paula Hormigón y Altamira Guelbenzu pertenecen a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ). Su objetivo es la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, tales como el derecho a la libertad, igualdad, seguridad e integridad corporal. Trabajan asimismo por la erradicación de la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, y la abolición de los sistemas penitenciarios represivos. 

¿Cuándo y por qué motivos surge ALAZ?

Altamira Guelbenzu: Surge en el año 2013 cuando un grupo de abogados y abogadas que éramos afines en distintas asociaciones o movimientos políticos decidimos crear en Zaragoza una asociación similar a ALA (Asociación Libre de Abogados y Abogadas) en Madrid. Veíamos que coincidíamos en diferentes espacios pero era una forma de llevar a cabo todos los fines que pretendíamos.

Paula Hormigón: Lo que pretendíamos era darle forma a un ente y la creación de esta asociación nos permitía comparecer en procedimientos como acusación popular y poder llegar a sitios que a nivel particular no puedes llegar como garante de procedimientos en los que se cumplieran todas las prescripciones legales internacionales, que es muchas veces lo que más se echa en falta en procedimientos penales, sobre todo.

A nivel jurídico nosotros considerábamos que la abogacía tiene una función social pero también tiene un componente político. De hecho, no es aséptica para nada. Entonces, la función social de la abogacía se puede plasmar en diferentes ámbitos por eso considerábamos que había un retroceso en diferentes terrenos jurisdiccionales, sobre todo en penal, penitenciario y en laboral, y era una manera de garantizar tanto derechos individuales como colectivos.

¿Cuál es la labor que desarrolla ALAZ? 

PH: Sobre todo comparecer en procedimientos judiciales de muertes bajo custodia, erradicación de la tortura, tratos degradantes, cumplimiento de todas las prescripciones internacionales de garantías del derecho a la defensa, etcétera. En lo que se refiere a muertes bajo custodia, sí que detectamos que hay muy pocas investigaciones en casos de muertes en comisarías y en centros penitenciarios, por eso es importante que se cumplan determinadas prescripciones para llegar a saber por qué una persona ha fallecido en prisión.

Sí que es verdad que a veces los juzgados nos ven con un poco de recelo porque parece que estamos metiendo la nariz donde no nos importa, cuando en realidad tendrían que mirarnos como a personas que intentan que se realice un procedimiento con todas las garantías. De hecho, cuando ha habido un procedimiento en el que hemos visto que no había ninguna actuación irregular, nos hemos retirado.

¿Pero qué es lo que pasa? Que nos ponen muchos impedimentos. Ahora, por ejemplo, en un procedimiento nos han pedido 5.000 euros de fianza para poder estar como actuación popular. ¡5.000 euros! Claro, entonces tendremos que dejar de estar porque no podemos pagar esa cantidad. Hay, en ocasiones, un impedimento económico que no nos permite realizar uno de los fines de la asociación, aunque hay más.

AG: También estamos en el Observatorio Aragonés de los Derechos del Sáhara Occidental, porque este año se ha firmado un convenio con ALAZ para ir a Marruecos a los juicios que se hacen contra los saharauis y desarrollar la labor de observadores y observadoras internacionales.

Desde el año 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español hasta en seis ocasiones por falta de investigación en las denuncias por torturas. ¿Demuestra esto que continúan existiendo las torturas en las cárceles y calabozos del Estado español?

PH: No hay más casos porque no se denuncian. En el Estado español se llevan pocos casos al Tribunal de Derechos Humanos. En relación a otros países existen menos condenas pero porque vamos menos, pero por supuesto que hay condenas. Solamente hay que leer el informe que publica todos los años la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Lo que ocurre es que todavía no hay una actividad real para poderlas erradicar, y de hecho siempre se niega su existencia.

Desde vuestra experiencia, ¿el machismo también se encuentra instalado en el ámbito judicial? 

AG: Rotundamente sí. Por ejemplo, en los juzgados de violencia el cuestionamiento que sufren las mujeres cuando denuncian es una barbaridad. En Aragón se contempla la custodia compartida, una ley que está haciendo mucho daño a las mujeres, y cuando hay un procedimiento penal abierto, éste es incompatible con la custodia compartida.

Por eso, cuando una mujer acude a un proceso penal de violencia de género siempre se le cuestiona que está utilizando ese proceso penal para llevar un beneficio en un procedimiento de familia. Sólo con ver cómo está montado todo el sistema desde el momento en el que una mujer interpone una denuncia, el ver cómo se le trata, las veces que tiene que repetir su testimonio… es una barbaridad. Y sobre todo la falta de empatía de los funcionarios y las funcionarias. No existe una perspectiva de género para nada.

Por ejemplo, hace poco fui a un Juzgado de Violencia a poner una denuncia por malos tratos de un maltrato habitual y poner él también una denuncia a la mujer por decirle que era un maltratador. Ella acabó condenada por un delito leve de vejaciones y él absuelto. Esa es ahora la nueva estrategia del machismo, poner una contradenuncia.

¿Observáis que se hayan reformado, o más bien evolucionado, las políticas penitenciarias en el Estado español de un tiempo a esta parte? Es decir, todo lo que tiene que ver con el aumento de penas, la restricción de derechos, etcétera.

PH: No. De hecho, la Ley General Penitenciaria fue de las primeras leyes que hubo en democracia y fue bastante progresista, pero a partir de ese momento todo lo que ha venido ha sido regresivo, por ejemplo en las reformas del Código Penal por supuesto, y también a nivel penitenciario. Luego por otro lado tenemos que en proporción se condena más a las mujeres. Es decir, tienen más tiempo de condena incluso que los hombres.

También lo que ocurre en prisión es que los hombres suelen tener siempre mucho apoyo fuera: las madres y hermanas siguen estando… Sin embargo, cuando las mujeres entran en prisión suelen estar bastante solas, se quedan sin compañeros, sin hijos… entonces tienen más dificultad para llegar a un tercer grado o para disfrutar de permisos porque siempre tienen que tener un domicilio de referencia. Entonces tú puedes tener una condena más larga pero conseguir un tercer grado más pronto, dependiendo de las circunstancias que tengas, para poder acceder a un trabajo… todo va unido. Al final, la condena que te comes a pulso –que se dice en el talego- es más larga.

En vuestra opinión, ¿garantiza la Constitución la separación de poderes en el Estado español?

PH: La separación de poderes es totalmente inexistente. Por ejemplo, la Fiscalía es el garante de la legalidad y al mismo tiempo es un órgano jerarquizado, pero la elección del Fiscal General del Estado es una decisión política. Y los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial… también se deciden mediante una decisión política. Es decir, todos los organismos que luego tiene que decidir si un estatuto es correcto… al final todos son órganos políticos. La composición de un organismo judicial no puede ser determinada por el partido que está en el gobierno porque entonces ya no es independiente.

22 enero, 2018

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @mr_belbedere


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