El pasado octubre moderé una mesa redonda sobre la situación de las trabajadoras sexuales en Europa, en el marco de la XXI Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres de Zaragoza, y quería relatar las cuestiones planteadas por las ponentes, que aportan luz al debate actual en el estado español, ya que hicieron un repaso de la situación en varios países europeos como Suecia, Noruega, Francia, en los que se han implementado legislaciones de modelo nórdico con respecto a la prostitución similares a la que el PSOE quiere proponer en España. El interés de esta mesa redonda estribó en que las ponentes nos hicieron llegar una información a la que no tenemos acceso por los canales ordinarios, elaborada con un importante esfuerzo de traducción. También nos ofrecieron otras visiones de la realidad del trabajo sexual diferentes a las oficiales, y, como feministas, hemos de recordar que a la hora de poner en marcha políticas públicas es imprescindible tener en cuenta las consecuencias que van a tener.
La mesa redonda tuvo lugar tras la proyección del documental “Allí donde las putas no existen” de la realizadora francesa Ovidie, y la actividad en su conjunto se realizó en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza. Este documental realiza una demoledora crítica del modelo sueco a partir del caso real de una mujer, Eva-Maree, que se dedicó temporalmente a la prostitución, motivo por el cual los servicios sociales le quitaron la custodia de sus hijos, y que acabó siendo asesinada a puñaladas por el padre de los niños, quien tenía su custodia legal pese a haber sido condenado anteriormente por episodios violentos. Se da la paradoja de que en Suecia las prostitutas son consideradas víctimas de abuso sexual pero deben elegir entre la redención o la muerte social, el ocultamiento, la clandestinidad y la pérdida de derechos humanos; terapias para seguir el “camino correcto”... Suecia se desdibuja como país ideal en este film mostrando cómo la represión de la prostitución se convierte en realidad en represión para las mujeres que la ejercen y abriendo interrogantes acerca de si el modelo sueco, más que un modelo ideal, es una realidad fallida que no ha dado alternativas reales al ejercicio de la prostitución, sino que ha convertido a las mujeres que la ejercen en víctimas del control social por parte del estado sin darles la posibilidad de participar en la construcción de alternativas.
Francia
La primera ponente en la mesa redonda fue Laure Vazquez, directora del Instituto Francés de Zaragoza, quien hizo un análisis de la situación en Francia, que desde 1947 no había legislado en materia de prostitución, poniendo en relación la aprobación en 2016 de la ley francesa que penaliza la compra de servicios sexuales, siguiendo el modelo sueco de abolición de la prostitución que penaliza a los clientes, con el contexto sociopolítico francés de 2016: Es víspera de elecciones presidenciales, se acaba de vivir el fracaso del desmantelamiento de la Jungla de Calais, uno de los mayores campos de refugiados del norte de Francia. La acogida de refugiados se está convirtiendo en un problema que actualiza viejos fantasmas, o de hecho no tan viejos. El debate sobre la prohibición de la prostitución es apoyado por una rama del feminismo que a su vez aboga también por la prohibición del velo. Se suceden informes que alertan del aumento de prostitución infantil -trata- en los campos de refugiados, de redes de prostitución conectadas con la inmigración o de prostitución ocasional de jóvenes que pagan así sus estudios o sus salidas de ocio.
La Ley francesa de 2016 prevé varios focos de lucha contra la prostitución con una voluntad de proteger a lxs trabajadrxs del sexo. El primer foco es la educación en los institutos: en la educación secundaria se enseñará la realidad de la prostitución a lxs jóvenes. El segundo punto es la penalización de los clientes que se enfrentan a multas de entre 1.500 y 3.500 euros. El tercer punto es un cambio de consideración sobre las personas que ejercen la prostitución, ya que el propio código penal establece que son víctimas de un acto delictivo, dado que sin ello no se podría condenar a los clientes. Además se crean recorridos de salida ofreciendo vías para las personas que deseen dejar de ejercer la prostitución.
Esta ley no entra en vigor sin debates y el propio sindicato de lxs trabajadorxs del sexo, creado en 2009, ya alertaba sobre los riesgos de dicha reforma. Ocurre que la prostitución como termino genérico no existe, porque los perfiles de personas que se dedican a ella son muy variados, y por lo tanto tal vez no se debería de hablar de prostitución sino de prostituciones. De aquí podemos deducir que una ley genérica no aportará solución al conjunto de situaciones, aunque sí trata de proponer vías de salida incluyendo la obtención de un permiso de residencia para las personas en situación irregular sobre el suelo francés si optan por el recorrido de salida.
La prostitución se declara oficialmente legal en Francia sin haber sido nunca ilegal, y su consumo se vuelve delito. En 2017 la aplicación de esta ley provoca una gran manifestación en Francia de lxs trabajadrxs del sexo, que denuncian el aumento de la precariedad de sus condiciones de trabajo, y apenas un año después de la entrada en vigor de la ley se multiplican los informes alertando de las consecuencias nefastas de dicha reforma.
Este pasado verano, el asesinato de una prostituta transexual en París vuelve a abrir el debate y a poner la aplicación de la ley en primera linea de los medios de comunicación. A dos años de la aplicación de la ley, se estima que hay entre treinta y cuarenta mil personas que se dedican a la prostitución en Francia, de las cuales el 80% serían extranjerxs. Se han impuesto unas dos mil multas y sesenta personas se han beneficiado de los recorridos de salida. Estas cifras parecen muy pobres en comparación con el aumento de las violencias verbales y físicas con las que lxs trabajadrxs del sexo tienen que lidiar. Efectivamente el número de clientes ha disminuido y el cliente que a pesar del riesgo de ser multado decide acceder a los servicios de una prostituta no está dispuesto a no obtener todo lo que desea y tiende a imponer sus propias condiciones. Debido al descenso en el número de clientes, la competencia es mayor entre las personas que se dedican a esta actividad y se ven obligadas a bajar sus precios y su precauciones. También tienen que ampliar su radio de actividad acudiendo a sitios más aislados y con mayor posibilidad de riesgos. Si bien la ley tiene vocación de extinguir la prostitución -si no hay cliente no hay trabajo- y por lo tanto surte efectos, no hay que olvidar que olvidar que esta ley tenía como linea de fondo la protección de las personas que ejercen ese trabajo.
Sorprenden las pocas personas que han accedido al recorrido de salida. Hay que saber que el acceso a esa salida sólo puede darse si se ha abandonado el ejercicio de la prostitución de manera duradera. Los dossieres tardan meses en ser examinados, mientras tanto la persona está sin ingresos y sin ninguna garantía de que su petición será aprobada. Además el hecho de que se pueda obtener un permiso de residencia a través de este recorrido, hace que el acceso sea aún más complicado para las personas extranjeras, ya que ese permiso se traslada a las administraciones locales que tienden a bloquear la resolución de los casos para no tener que otorgar ese permiso. Finalmente, la condición de víctima otorgada a las trabajadoras del sexo crea una descredibilización ya reconocida de su palabra , ya que cualquier argumento que podrían expresar quedaría nulo porque son víctimas y en cierto modo se las considera incapaces de tener una opinión libre sobre este tema. En resumen, es un balance negativo para algunos, prematuro para otros, dado que la ley no se aplica aun de manera uniforme sobre el conjunto del territorio, pero se trata de una ley que no pone fin de ningún modo a la actividad de la prostitución, ya que sólo se desplaza a otros sitios que no tienen por qué ser la calle: cada hogar tiene un acceso a internet. Y parece evidente que el tema de la prostitución, y de las prostituciones, en Francia está muy ligado a otros temas de los que habría que ocuparse si queremos avanzar.
Posteriormente a la mesa redonda, el 12 de noviembre, el Consejo de Estado francés ha publicado una resolución favorable a revisar en tres meses la constitucionalidad de la penalización de compra de servicios sexuales. Si se declara inconstitucional, la penalización de los clientes podría ser derogada en Francia. La demanda al Consejo Constitucional ha sido interpuesta por Médicos del Mundo y por el sindicatos de trabajadorxs del sexo STRASS. La ley no penaliza la prostitución, por lo que penalizar a quienes recurren a ella atenta contra la libertad de empresa de las prostitutas. La justicia reconoce el trabajo sexual como una actividad económica legal en su forma autónoma. Existe, pues, una incoherencia jurídica al dificultar el ejercicio de una actividad legal y fiscalmente imponible.
Noruega
La educadora social Inés Rivero, del Centro Alba trajo a la mesa redonda el estudio publicado en 2016 por Amnistía Internacional con el título “El coste humano de machacar el mercado. Criminalización del trabajo sexual en Noruega”. El modelo nórdico de legislación con respecto a la prostitución se inaugura en 1999 con la ley sueca, seguida por Finlandia en 2006 y por Noruega en 2009. Esta legislación consiste en convertir en delito la compra de servicios sexuales y la organización o promoción de sexo de pago. El objetivo es reducir la demanda del sexo de pago y convertir al país que implementa esta legislación en un destino poco atractivo para las redes de trata. La evolución de la opinión pública ha cambiado mucho: desde los años setenta hasta principios de los dos mil la evolución del modelo nórdico era muy rechazada en Noruega. Pero a partir de 2003 empezó a haber mayor presencia de mujeres nigerianas en la calle provocando una sensación de inseguridad, miedo a la inmigración, miedo al crimen organizado, y todo esto aumentó el apoyo al modelo nórdico. Las penas en Noruega por compra de servicios sexuales presentan multas entre 1.700 y 2.800 dólares o no más de un año de prisión. Sin embargo, la promoción de sexo de pago incluye multas o prisión de hasta seis años. En teoría ninguna de estas penas criminaliza ni penaliza a las trabajadoras sexuales, pero la aplicación real de esta legislación ofrece datos muy diferentes.
La policía de Oslo ha adoptado lo que llama una aproximación preventiva, con el objetivo de, en palabras textuales del representante policial a Amnistía Internacional “ahogar o machacar el mercado, estresar a las personas que constituyen el mercado”, es decir, estresar a las trabajadoras sexuales. El primer ejemplo de cómo generan este estrés es la “operación sin hogar”, realizada entre 2007 y 2011, consistente en en un refuerzo de la aplicación de la ley contra la promoción del trabajo sexual, que criminaliza la cesión de instalaciones para la práctica del trabajo sexual. Este refuerzo se tradujo en desahucios sistemáticos y repentinos, con un resultado de 550 apartamentos usados por trabajadoras sexuales, para trabajar o como residencia habitual, que sufrieron redadas y posterior cierre sólo en Oslo.
El segundo ejemplo de este método del estrés son las identificaciones por perfil racial. Las trabajadoras sexuales de calle son regularmente sujetas a paradas de la policía, interrogatorios, identificaciones, que concluyen en multas, detenciones o deportaciones. Las penalizaciones pueden incluir notificaciones por escrito a los propietarios de los pisos que alquilan las chicas con mensajes del tipo “hemos detectado que su inquilina ejerce el trabajo sexual y le recordamos que es delito ceder instalaciones para esta práctica”. Esto basta para fomentar los desahucios exprés de las inquilinas y dejarlas en un estado de extrema vulnerabilidad. Los registros que se dan en la calle o también en apartamentos, incluyen la búsqueda de preservativos como prueba fehaciente de venta de servicios sexuales. La consecuencia es el miedo a trabajar con preservativos, miedo a llevar preservativos encima, lo que constituye una barrera importante a la consecución del derecho a la salud sexual y reproductiva, un retroceso enorme.
El tercer ejemplo del método del estrés es la violencia que se ejerce contra las trabajadoras sexuales. Los clientes, las terceras partes, el público en general, viandantes, etc., aprovechan el aislamiento de las trabajadoras sexuales y la persecución a la que son sometidas. Aumentan los casos de abuso, de explotación, de violencia, de extorsión, porque saben que la policía no es un recurso al que acudir para ellas, ya que hacerlo supone un alto riesgo de sufrir desahucios, persecución, pérdida de ingresos o deportación. En 2012 sólo el 16% de 123 mujeres entrevistadas, afirmó recibir ayuda de la policía después de un incidente violento. Citando a una chica de una entrevista “sólo llamas a la policía si crees que vas a morir, si les llamas te arriesgas a perderlo todo”.
La consecuencia de esta forma de aplicar la ley es la falta de seguridad de las mujeres. Tradicionalmente las prostitutas de calle aplican estrategias de prevención como mantener conversaciones cortas para evaluar al cliente o evitar ir a su casa, pero actualmente las trabajadoras sexuales en Noruega acuden mucho más a casas de clientes que anteriormente. Primero porque ellas no tienen casa propia, segundo porque si llevan al cliente a su piso de alquiler se arriesgan a ser desahuciadas, y también porque los clientes insisten ahora más en hacer los encuentros en sus casa para no ser vistos por la policía. La consecuencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres aumenta y con ella la incidencia de situaciones violentas. Esta realidad ha sido admitida por la policía de Oslo, su representante para este estudio dice “ los clientes buenos que respetaban la ley y a las mujeres han desaparecido tras la ley, pero los clientes malos continúan ahí”.
También el gobierno de Noruega ha admitido un aumento de las situaciones de violencia. ¿Qué alternativas tienen estas mujeres para trabajar si no pueden ir a sus casas y no pueden ir a casas de sus clientes? Los hoteles y similares las rechazan sistemáticamente porque están instruidos por la policía para hacerlo. La consecuencia es que se dan todo tipo de discriminaciones por perfil racial o de género. Otra alternativa sería acompañarse entre ellas. Si comparten un piso para trabajar juntas y protegerse mutuamente, también tienen el problema de que la titular del contrato de alquiler será acusada de promocionar y beneficiarse del trabajo sexual de sus compañeras, por recibir parte del alquiler de cada habitación, por ejemplo. Cualquier otro apoyo como guardas de seguridad, taxistas, limpiadoras, pueden ser acusados de promoción de sexo de pago ya que la naturaleza inconcreta de la ley hace que se pueda interpretar de muchas maneras, con lo que nadie quiere apoyarlas.
Otra de las consecuencias es la cultura del estigma y de la criminalización. En Suecia, antes de la aparición de la ley, en 1996 sólo había un 32% de población que apoyara la criminalización de la prostitución. Después de la aparición del modelo nórdico, en el 2002, ya el 76% apoyaba esta medida. ¿Por qué? Porque la percepción social ha cambiado. El hecho de perseguir la prostitución ha hecho que las prostitutas sean percibidas como ilegales, cuando en sí la prostitución no es una actividad ilegal. Es un rechazo entrelazado con el racismo y con el discurso anti inmigración. En un estudio del lenguaje más usado en 27 artículos de prensa sobre prostitución en Noruega entre los años 2004 y 2006, las palabras más repetidas eran invasión, mareas de personas, criminales extranjeras, amenaza a la decencia pública, focos de infecciones, focos de enfermedades africanas y amenaza a nuestras fronteras. Si unimos el discurso de los mass media y la judicialización del trabajo sexual obtenemos un aumento del rechazo y de la violencia. Después de la aplicación de la ley las mujeres nigerianas han sufrido un 50% más de agresiones, empujones, insultos, escupitajos, patadas, en su mayoría por parte de clientes, en un 67%, pero no deja de llamar la atención el 22% de agresiones provenientes de viandantes fortuitos, que se permiten la licencia de insultar, escupir, etc. Esta cultura del estigma produce exclusión, prohibición de entrada en espacios públicos, en base a género, raza, etnicidad, nacionalidad.
Criminalizar el trabajo sexual deja a las trabajadoras sexuales más vulnerables con respecto a los propietarios de los pisos que alquilan, que las extorsionan subiéndoles el alquiler o exigiéndoles servicios sexuales gratuitos a cambio de no denunciarlas a la policía. Las terceras partes también se aprovechan de esa situación de sin hogarismo repentino que tienen las mujeres cuando se ven en la calle sin nada. Por último, es interesante ver que una ley que se ideó para luchar contra la trata tiene una respuesta muy ineficaz. Bajo las leyes internacionales, Noruega tiene el compromiso de prevenir la trata, proteger a la víctimas y llevar a juicio los crímenes de trata, protegiendo los derechos humanos de las partes implicadas. Sin embargo las actuaciones punitivas del gobierno noruego lo que están haciendo es comprometer la seguridad de las personas y contribuir a la violación de los derechos humanos. Las pruebas de efectividad que presenta el gobierno, basadas en una supuesta disminución del trabajo sexual del 25% desde que se aprobó la ley, son muy cuestionadas por entidades que trabajan con el colectivo de prostitutas, y por el ámbito académico.
De hecho lo que están haciendo es dejar en mayor desprotección a las víctimas de trata, porque si las chicas tienen miedo a la policía aumenta su vulnerabilidad a la explotación. Las mujeres no acuden a la policía y esto provoca un fallo en la detección de situaciones de trata, a las autoridades no les llega ninguna información y los responsables de las situaciones de trata no son llevados a la justicia. En 8 años sólo 280 casos de trata han sido denunciados y de ellos sólo 32 han acabado en condena. ¿Por qué? Porque la medida de éxito del modelo sueco es la reducción del comercio del sexo, ya que presupone que a menos trabajo sexual, menos trata, pero la realidad es que las medidas que se adoptan son la deportación y el rechazo a la entrada en el país. Ese es el objetivo, y no la protección de las víctimas. En un sólo año, de 2014 a 2015, tanto las deportaciones como las denegaciones de entrada en el país a mujeres nigerianas han aumentado un 33% en Noruega, sólo en un año. Según el representante de la policía, “deportamos a las víctimas de trata, sí. Muchas de ellas no saben que lo son, pero lo son de acuerdo a la ley.”
Estado español
La trabajadora sexual y estudiante de Derecho, Lucía Fernández, comenzó recordando cómo la Constitución define al estado español como un estado social democrático de derecho. Esto no es casual, sino que muestra que el legislador quería dar prioridad a los derechos sociales. Estos derechos sociales están articulados bajo dos premisas fundamentales: una es el derecho a la igualdad formal -reconocida para todos- y material -es una obligación de los poderes públicos que todas las personas que estén en situaciones adversas puedan acceder a condiciones de igualdad en la sociedad en la que viven. Por tanto, la afirmación por parte de algunos sectores de que las prostitutas o trabajadoras sexuales en general, están perjudicando al resto de mujeres no se sostiene si creemos en el derecho a la igualdad. Las mujeres que son prostitutas y que son perseguidas por ello son privadas de ese derecho fundamental. En los primeros años de aplicación de la ley Mordaza, el anterior ayuntamiento de Barcelona ingresó un millón de euros. ¿Quién es el proxeneta?, nos preguntaba Lucía.
Después pasó a contarnos cómo trabajan las prostitutas. De cuatro maneras.
Hay chicas que trabajan en la calle, lo cual está sancionado en la ley orgánica de seguridad ciudadana con multas entre 3.000 y 6.000 euros.
Hay chicas que trabajan en pisos, normalmente lo hacen de plaza o de turno. Las plazas consisten en 21 días encerradas en un piso bajo las órdenes de un gestor. Esto está prohibida en el código penal pero nadie lo persigue ¿Por qué? Porque tanto la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana como las normas administrativas que sancionan la oferta de servicios de naturaleza sexual en la calle, no persiguen acabar con la prostitución sino con la visibilidad de la misma.
Las plazas consisten en estar 21 días 24 horas disponibles para mantener relaciones sexuales con terceros. Muchas veces se les retiene a las mujeres el dinero que ganan hasta que no acaban la plaza, para que se queden los 21 días. Así, si una mujer va a trabajar a un piso porque necesita 3.000 euros y los consigue en una semana buena, se tiene que quedar los 21 días para poder cobrar. Sin contrato, sin descanso, etc.
Otra modalidad es trabajar en clubs. Una compañera de Madrid actualmente va por la calle con un bate por miedo a las represalias de sus anteriores jefes, por ponerse en huelga, un derecho fundamental recogido en la constitución. Evelyn trabajaba en el club 'Flowers', y vivía allí. Tenían que pagar la toalla, los condones, etc, cada vez que subían con un cliente. Estas condiciones en derecho laboral se llaman modificaciones sustantivas del derecho al trabajo. El club les restringió a una hora el tiempo para comer, y les empezó a cobrar más por cada hora de uso. Esta mujer se plantó ante el empeoramiento de las condiciones y al día siguiente el jefe la echó. Se atrincheró en la habitación, las chicas le subían comida y clientes para que tuviera dinero, la policía fue a desahuciarla... Lo que hizo esta mujer es sindicalismo, lo que se hace en un trabajo cuando te imponen unas condiciones injustas. Muchas mujeres no tienen casa porque no tienen nómina, no pueden darse de alta en la Seguridad Social si no es mintiendo sobre su actividad, lo que es un fraude de ley porque te tienes que registrar con una actividad de la que el estado no te va a responder. Por eso, al no tener justificación de ingresos, muchas chicas tienen que vivir en los clubs o en las plazas. Lucía Fernández explicó que ella sí tiene casa, pero porque le ha pagado a su casera un año por adelantado.
Y finalmente están las chicas independientes que trabajan en pisos o alquilan habitaciones para poder atender a los clientes.
Con respecto a las relaciones de poder entre prostitutas y clientes, Fernández explicó que frecuentemente es la prostituta quien pone las normas. En este sentido, las políticas de multa a los clientes generan en estos una situación de riesgo en la que ya no están dispuestos a atenerse a las normas de la trabajadora sexual, tales como uso de preservativo, u otras, porque es el cliente el que paga pero en una situación de mayor clandestinidad. Las medidas de penalización de los clientes no van acompañadas de derechos, ni de renta, para las prostitutas, sino, en todo caso, de cursillos de reciclaje para ellas hacia trabajos altamente feminizados y desvalorizados social y económicamente. ¿Eso es feminista? nos preguntaba la ponente. También se preguntaba porqué el gobierno quiere ilegalizar el sindicato OTRAS mientras que la Asociación Mesalina, que es el nombre de la patronal de proxenetas, lleva constituida legalmente en España desde 2004. El motivo es que el alterne -tomar copas-, ser camarera/o o guardia de seguridad son actividades reconocidas, las personas que las realizan tienen derecho a ser trabajadoras, pero las putas no.
Tampoco son iguales todas las relaciones sexuales que se mantienen con los clientes. Cuando un cliente solicita BDSM, ser dominado o penetrado, ¿qué integridad física o moral está en peligro ahí? Tal vez lo que ocurre es que tenemos una mala concepción de cuáles son los elementos que integran el trabajo sexual.
El trabajo sexual tiene una serie de necesidades a las cuales la ley tiene que darles respuesta. Las prostitutas no tienen paro, ni jubilación, nada. No es una cuestión de abolir o no abolir, remarcaba Fernández, sino que mientras que nosotras estamos aquí discutiendo un montón de mujeres en la calle, en clubs y en pisos no tienen derecho ni a tener derechos. Fernández explicó que no estaba dando la cara por ella sino por muchas compañeras que están en situaciones muy vulnerables. ¿Porqué tienen que entregar el 40% de lo que pagan a un proxeneta? Si se sanciona el proxenetismo no se pueden dar licencias a los clubs. Todo esto está muy mal construido y perjudica a las mujeres que se dedican a la prostitución, desobedeciendo el mandato del artículo 9.2 de la Constitución que dice que los poderes públicos están obligados a mantener las condiciones de igualdad , remover los obstáculos para que la igualdad sea efectiva. Y no lo está siendo.
La encuesta sobre feminismo en España presentada el pasado noviembre por Contexto en las Jornadas Feministas de Zaragoza, plantea claramente, junto a una abrumadora mayoría social que percibe la necesidad de reformar una Judicatura especialmente machista que debe formarse en Igualdad, a un 11,5% de población partidaria de abolir la prostitución, un 60,4% de legalizarla, y lo que es más interesante, un contundente 94,6% que es partidario de que las administraciones públicas concedan a las prostitutas derechos, seguridad social y posibilidad de pagar impuestos, y un 74,8% que opina que las administraciones públicas deberían apoyarlas en su transición a una nueva vida.
Es preocupante observar cómo el auge de políticas punitivistas con respecto a la prostitución ha crecido en distintos países en paralelo al miedo o rechazo a la inmigración de uno u otro modo. Preocupante también el hecho de comprobar que no todas las feministas consideran a las putas parte de ese feminismo del 99% que queremos construir, que está atravesado por el sexo, la raza y la clase social (al menos). Preocupante que el gobierno nos quiera vender como novedosas políticas que han fracasado en Europa. Estamos viviendo un momento de explosión, expansión y profundización feministas en la sociedad que están convirtiendo al feminismo en un movimiento hegemónico capaz de articular alternativas globales al sistema. Es responsabilidad de todas ser capaces de trabajar juntas en las muchas cuestiones en las que podemos llegar a acuerdos sobre este tema -lucha contra la trata, derogación de la ley de extranjería, renta digna para todas las mujeres, especialmente para las más desfavorecidas- y no dejarnos llevar por debates dicotómicos que buscan enfrentamientos y rupturas que nos debilitan como movimiento. Y no olvidar nunca que implementar políticas públicas feministas significa atender al bienestar, a la dignidad y a los derechos de todas las mujeres.
