En una sentencia de 28 de febrero, notificada este miércoles 11 de marzo, la Sección nº 1 de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha resuelto definitivamente el recurso interpuesto en 2020 por una decena de entidades ciudadanas, sindicales, políticas, ecologistas y de comerciantes contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 20 de diciembre de 2019. Acuerdo por el que se daba luz verde, con los votos de PP —entonces con Jorge Azcón como alcalde—, PSOE, Ciudadanos y Vox, a la aprobación definitiva de la modificación aislada nº 171 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la operación urbanística que permitió construir La Torre Outlet, conocida coloquialmente como el “Outlet de Pikolin”, impulsada por la familia Solans.
La modificación pretendía legalizar la construcción del complejo comercial después de otra sentencia previa contra el plan especial para esta zona aprobado en 2016, con el que se pretendía dar luz verde a los usos comerciales y terciarios. Este fue anulado por el TSJA en febrero de 2019. En diciembre de ese mismo año se aprobó de forma definitiva una modificación aislada que pretendía legalizar las actuaciones urbanísticas iniciadas al amparo de dicho plan especial. El fallo conocido este miércoles, por el que la sala del TSJA estima la demanda de las entidades, ha declarado nula de pleno derecho la modificación aislada con expresa condena en costas a los demandados, el Ayuntamiento de Zaragoza y el grupo Iberebro —sociedad patrimonial de Pikolin—.
"La participación en cuestiones como el urbanismo es un derecho y una garantía frente a los abusos de poder"
Las entidades que interpusieron el recurso, Asociación de Comerciantes ‘Yo compro en las Fuentes’, la Federación de Servicios de CCOO, Zaragoza en Común, Izquierda Unida, Podemos, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Ecologistas en Acción, la asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT, han comparecido este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento para celebrar la sentencia y poner en valor "la participación social y vecinal en la defensa de los intereses públicos".
En la rueda de prensa, han querido lanzar un mensaje colectivo: "La participación en cuestiones como el urbanismo es un derecho y una garantía frente a los abusos de poder". "Lo que deja claro la sentencia es que la operación Pikolin fue una operación claramente ilegal", y que "pese a la primera sentencia de nulidad del plan especial que la posibilitó, se siguieron concediendo licencias para construir el centro comercial y para intentar que por la vía de los hechos se legalizara esta operación".
Esto es algo que el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoce que "no es posible". Por esta razón, las entidades consideran que esta sentencia "debe acarrear responsabilidades políticas inmediatas", ya que "pone de manifiesto el desvío de poder" que permitió a Pikolin y la familia Solans "obtener beneficios y vender por 130 millones el centro comercial y continuar como si nada hubiera sucedido".
Para las entidades, esta sentencia reconoce que este caso es un ejemplo de "urbanismo a la carta" y rechaza "los intentos de zonificar de forma incorrecta unos espacios en beneficio de un promotor". En el fallo del TSJA, "también se reconoce lo que la defensa de este grupo de entidades sostuvo en el procedimiento que el Ayuntamiento incurrió en una desviación de poder para cambiar unas zonas y con ello intentar salvar un complejo ilegal", han remarcado en la comparecencia.
Además, han recordado que "el grupo de Pikolin, o Iberebro, salió de la propiedad y gestión de este complejo en una especie de entrega de la operación al fondo inversor que le financió el complejo y no es plausible que aparezca en los recursos".
"Firmes en la defensa de la ciudad y contra operaciones especulativas"
Las entidades han criticado que el PP utilice "de forma constante" la modificación del planeamiento "a la carta" para "dar respuesta a necesidades particulares en lugar de satisfacer el interés general". En este sentido, han puesto otros ejemplos actuales, como las recalificaciones de los suelos de Vía Hispanidad y en la ampliación del Parque de Atracciones que afectará a los Pinares de Venecia.
En 2023, el TSJA ya declaró que la operación urbanística de La Torre Outlet había sido ilegal. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que "la modificación del PGOU que se hizo en 2019 ampara los usos de los comercios que están implantados". Este nuevo fallo deja en evidencia a Serrano y los gobiernos municipales del PP, el de Azcón y el actual de Natalia Chueca.
Por eso, tras este nuevo varapalo judicial, han requerido al Ayuntamiento de Chueca que "deje de identificarse con unos intereses que no representan los de la ciudad y no son sostenibles, ni para el pequeño comercio, ni ambientalmente". Asimismo, han pedido al Gobierno municipal del PP que no recurra la sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo y que ejecute el fallo. También han exigido que se paralice "toda concesión de licencias" en el complejo comercial La Torre Outlet y "en especial una nueva modificación a la carta del PGOU para, en ese caso, construir un hipermercado".
Por último, han afirmado que "seguirán firmes en la defensa de la ciudad y contra operaciones especulativas" y han animado a otros colectivos afectados por este tipo de "urbanismo a la carta", como al tejido vecinal de la Romareda y el entorno del skate park de Vía Hispanidad o de los montes de Torrero y Pinares de Venecia, a que lleven sus reclamaciones a la vía judicial.
