El del Outlet de Pikolín Torrevillage es un caso más de la forma en la que PP, PSOE o Cs entienden la cosa pública: ocupar puestos de decisión política y administrativa para favorecer los intereses de las empresas y empresarios de su entorno, que tiempo tendrán de cumplir aquello de “favor con favor se paga”. Los partidos del Régimen del 78 se han especializado en el “capitalismo de amiguetes”, retorciendo la ley cuanto haga falta para adaptarla a los intereses privados de su gente, aunque entren en colisión con los intereses públicos o de toda la ciudadanía.
Por eso, la alcaldesa, Natalia Chueca, y su concejal de urbanismo, Víctor Serrano, se atreven a publicar en sus medios de comunicación afines que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) no tendrá valor real en la práctica, asegurando que “el centro comercial no corre peligro, la modificación del PGOU que se hizo en 2019 ampara los usos de los comercios que están implantados”, espetaba Serrano en repuesta a la sentencia del TSJA, mientras la alcaldesa Chueca reiteraba, que “la Torre Outlet no corre peligro, es perfectamente legal y la modificación del Plan General que hizo el PP ya en la legislatura pasada es precisamente lo que avala su continuidad”.
Ambas políticas, Chueca y Serrano, están pues dispuestas a convertir el Outlet de Pikolín Torrevillage en nuevo Algorrobico, o Mularroya, en versión casposa zaragozana. En el caso del Hotel el Algorrobico destaca que pese a las sentencias en contra nadie se hace cargo de su demolición, mientras que el caso de Mularroya todavía es más obsceno, las sentencias contrarias al proyecto no han impedido que las administraciones públicas sigan dilapidando millones de euros en las obras del pantano y el trasvase del Jalón.
Con estos antecedentes, no sorprende que los cambios y reveses legales del proyecto del PP para una nueva Romareda hayan activado todas las alarmas en la ciudad de Zaragoza. Del “cero euros para las arcas públicas” el PP ha pasado a ‘vender’ como óptimo un gasto de 40 millones de euros para las zaragozanas y zaragozanos, y otros 40 millones para el conjunto de aragoneses y aragonesas. Eso sí, con parte de este millonario gasto sufragado por Ibercaja y sus consiguientes beneficios.
La ‘Plataforma contra el Outlet de Pikolín’ celebra la sentencia en un proceso abierto “contra el urbanismo a la carta”
Aseguran que “esta sentencia es un paso más dentro de un proceso judicial que sigue abierto con dos causas pendientes, y que pretende proteger el comercio local y las afecciones medioambientales y de movilidad que suponen situar otro gran centro comercial en Zaragoza, la ciudad con mayor apertura de centros comerciales y también con mayor tasas de cierre”.
Las entidades vecinales, sindicatos, comerciantes y organizaciones: Izquierda Unida Aragón, Yo compro en las Fuentes y alrededores, Movilidad y Consumo de UGT, la Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza, la Federación de Asociaciones de Barrio Saracosta de Zaragoza, la Federación de Servicios de CC.OO, Podemos Aragón, Zaragoza en Común y la Asociación Ecologistas en Acción conformaron la ‘Plataforma contra el Outlet de Pikolín’, con el fin de presentar la demanda contra la construcción de dicho outlet.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha reconocido que la construcción de dicho outlet Pikolin, ahora Outlet Torrevillage vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza, la normativa que rige el urbanismo de la ciudad.
Tal y cómo denunciaron las entidades firmantes, esto supuso “un flagrante caso de urbanismo a la carta en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que participaron PSOE, PP y Ciudadanos, que antepusieron los intereses particulares de la familia propietaria de estos terrenos a los de la ciudad, debiendo haber llevado a cabo un desarrollo urbanístico sostenible, respetuoso con el comercio local y paulatino en esa zona”, como recogía la memoria del Plan General.
La reciente sentencia en casación ratifica la primera sentencia de febrero de 2019, que estimaba el recurso de la Plataforma contra el Outlet de Pikolín, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de intervención H-61-5, promovido por Iberebro -de la familia Solans/Pikolín- .
La Plataforma ha celebrado que los tribunales han ratificado su postura en este asunto desde el comienzo del planteamiento del proyecto. Sin embargo, ha lamentado “que la denegación de la suspensión cautelar de las licencias por parte de los tribunales en su día, así como la negativa a paralizar las licencias que propuso el Gobierno de Zaragoza en Común y la posterior modificación del Plan, desoyendo la primera sentencia por parte de PP, PSOE y Ciudadanos, haya posibilitado la construcción y apertura de este centro comercial, en clara vulneración del PGOU y en perjuicio de los intereses de la ciudad”.
La sentencia recoge la principal denuncia de la Plataforma, al señalar que: “Debe atenderse cualquier interpretación de las normas del PGOU que resultan de aplicación al Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza que se impugnó por la Federación, lo que recoge claramente la memoria del plan General, en relación al uso comercial admitido, que lo es especializado para determinadas mercancías”. También argumenta el texto judicial que “dada la previsión específica que en la Memoria se recoge, esta debe entenderse como elemento estructural del planeamiento y también lo es la exigencia de que el cambio de uso del suelo de un uso industrial a un uso comercial, de oficinas, hotelero o recreativo, tiene que ser paulatino”. Es decir que el cambio de uso comercial solo podría realizarse, en todo caso, para determinadas mercancías y que, además, debe ser paulatino.
Reiteran desde la Plataforma que “la sentencia reconoce que el acuerdo para aprobar la construcción del Outlet Pikolin vulnera el PGOU que proponía un cambio a uso comercial paulatino y sólo para determinadas mercancías tiendas de muebles etc…, que no supusieran un grave daño al comercio local”. Esta sentencia “es un paso más dentro de un proceso judicial que inició esta la Plataforma contra la apertura del Outlet Pikolin y que aún tiene recorrido, puesto que sigue abierto con dos causas pendientes de resolución”.
“Este desarrollo se llevó a cabo vulnerando la normativa vigente y una política urbanística en la que siempre ganan los mismos, los especuladores, que se benefician de este urbanismo a la carta propiciado por algunos grupos políticos de esta ciudad, que son los que deberían dar cuenta a la ciudadanía”, concluyen.
