Dos años ha tardado la familia Soláns en poner el cartel de “Se vende” en la Torre Outlet, antes llamada TorreVillage, de Zaragoza. Después de una dura batalla municipal, de varios movimientos urbanísticos, y de una oposición férrea de parte de la ciudadanía zaragozana la empresa Iberebro ha contratado a dos inmobiliarias internacionales para que sondeen si existen posibles compradores. Las mismas que estuvieron buscando compradores para la sede del PP en la calle Génova de Madrid.
El propósito de la familia Soláns es traspasar el centro por alrededor de 130 millones de euros aunque tal y como está ahora el mercado y las deudas que contrae la empresa podría producirse por mucho menos.
El centro comercial está controlado por la filial Kiros Iberia, a su vez participada por una sociedad luxemburguesa llamada Luxemburg Investment Company 246, dependiente de Iberebro.
Kiros cuenta con una deuda con terceros de 74,7 millones de euros, según se recoge en las cuentas de la empresa de 2020, las últimas presentadas al Registro Mercantil.
En octubre de 2016, pese a los informes técnicos que lo desaconsejaban, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza de PP, Ciudadanos y PSOE aprobaron el Plan Especial del Área de Intervención H-61-5 para poder construir un gran centro comercial en los antiguos terrenos de la fábrica de Pikolín junto a la carretera de Logroño.
La oposición contra Torre Outlet
“Nuestra oposición se fundamentaba en que la operación lo único que se perseguía era un puro y duro pelotazo urbanístico, con el beneplácito de los 3 grupos municipales citados. Al tiempo que denunciábamos otro duro mazazo para el comercio de proximidad de nuestros barrios y para el modelo de ciudad consolidada”, explican desde la FABZ.
Y por ello diferentes entidades y partidos políticos recurrieron en diciembre de 2016 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que falló el 19 de febrero de 2019 declarando nulo de pleno derecho el Plan Especial por vulnerar el PGOU. Posteriormente se recurrió en casación el fallo ante el Tribunal Supremo, estando pendiente de sentencia 6 años después.
Pero la propiedad, la familia Solans, no se iba a quedar de brazos cruzados y poco después, con la connivencia de los tres grupos municipales (PP, Ciudadanos y PSOE), sacó adelante la modificación del Plan General para que pudiese tener cabida su operación especulativa.
“Basta ojear la prensa de 2019 para recoger los argumentos de la propiedad y de los defensores del proyecto. Todo serían impactos positivos: nuevo modelo comercial con marcas de lujo, 60 millones de inversión para la ciudad, 1.800 puestos de trabajo a crear, sinergias con el comercio digital local de la ciudad, formación especializada puntera, etcétera”, recuerdan con sorna desde la Federación de Barrios de Zaragoza.
A la espera del Tribunal Supremo
Las organizaciones sociales y vecinales, que se oponian a este proyecto no vislumbraban nada de eso: “Contrariamente lo considerábamos como una recalificación a la carta para que una familia incrementase su ya de por sí abultado patrimonio”.
Pero, sobre todo, fueron muy críticos con los apoyos institucionales y municipales recibidos porque en lugar de velar por el interés general de la ciudad y sus barrios, “favorecieron iniciativas basadas en el pelotazo, vulnerando el PGOU, emulando el modelo de grandes superficies, forzando la sostenibilidad ambiental del proyecto con una movilidad basada en el vehículo privado con desplazamientos fuera de la ciudad consolidada”.
Ahora, tras conocer el intento de venta tan solo dos después de su inauguración, desde la FABZ se acuerdan de las declaraciones de algunos directivos de la propiedad, y de algunos cargos institucionales y representantes electos de nuestra ciudad, que esgrimían “el compromiso a ultranza de la familia Solans con Zaragoza con sus vecinos y vecinas. A algunos ese compromiso nos sonaba a vacua justificación que enmascaraba una pura y dura operación especulativa”.
De momento, podría pasar de manos este complejo comercial y todavía no habrá llegado la sentencia del Supremo que podría ilegalizarlo.
