Ante las elecciones del 8 de febrero, el sindicato ha mantenido reuniones con las fuerzas representadas hasta ahora en las Cortes para transmitirles la necesidad de impulsar una nueva Ley de Función Pública que "avance en la planificación de los recursos humanos" y "cumpla con la Ley estabilizando al personal en abuso de temporalidad"
El sindicato aragonés denuncia que la DGA mantiene una temporalidad del 47,7% y exige investigaciones parlamentarias mientras las organizaciones de interinos advierten de sanciones europeas de hasta 3.000 millones si no se frena el abuso.
La temporalidad en la DGA alcanza el 47,7%, muy lejos del 8% legal, "lo que demuestra el completo fracaso de los Ejecutivos de Javier Lambán y Jorge Azcón", denuncia el sindicato para advertir que el número de trabajadores en abuso ha subido a 20.000
Rimvydas Norkus, abogado general del TJUE, le ha respondido al Tribunal Supremo español “que la fijeza es una medida válida y proporcionada” para el sector público, y que la alternativa sería “un importante aumento de las indemnizaciones que causaría un colapso económico y judicial”. STEPA recalca “la especial importancia de este pronunciamiento, ya que en la DGA hay unos 17.000 trabajadores en abuso”.
Los y las interinas “víctimas del abuso de temporalidad en el sector público”, se concentraron este pasado martes, convocadas, entre otros, por el sindicato aragonés STEPA, que destaca que “el Gobierno de Aragón está entre los mayores incumplidores de la normativa. Hay unos 17.000 trabajadores públicos aragoneses con derecho a consolidar su puesto”.
El último Boletín de personal del Gobierno de Aragón señala que al cierre de 2024, el 46% de la plantilla tenía contrato temporal “y por lo tanto el consejero de Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, mintió en las Cortes de Aragón, al asegurar que el año se había cerrado con un 30% de interinos”, recalcan desde STEPA
El sindicato propone incluir en el texto una disposición transitoria, para que con carácter excepcional todo el personal víctima del abuso permanezca en su puesto y dar así solución definitiva a un problema que afecta al 30% de la plantilla de la DGA. STEPA subraya que "compensar con la fijeza a estos 17.000 trabajadores de la Administración autonómica es una obligación impuesta por la UE y una cuestión de justicia". Esta medida evitaría que "se repita el recorte de 626 millones en los fondos europeos NextGen anunciado por la Comisión Europea" como sanción al Estado español por no compensar debidamente al personal interino.
El sindicato entiende que “los mismos argumentos para justificar la estabilización de 1.500 trabajadoras en Sanidad deberían aplicarse al resto de la administración aragonesa, donde hay 17.000 en la misma situación”. STEPA acusa al presidente de Aragón de “crear tremendas desigualdades dentro de los trabajadores de la DGA. Primero no reconociendo a los interinos de larga duración sus derechos. Y ahora con el anuncio de que algunas van a consolidar su plaza y otras no”.
El sindicato ha lanzado la campaña #HelpMeHelpNow, que llama a todas la víctimas a mandar correos a parlamentarios y comisarios europeos pidiendo que no se demore el procedimiento sancionador abierto en octubre
En este Primero de Mayo los cuatro sindicatos han querido denunciar "la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos, el incremento del gasto militar y el apoyo a políticas coloniales y represivas". Los actos han concluido en los Pozos de Caudé con la ofrenda de flores a las víctimas del fascismo.
Zaragoza, Uesca, Teruel, Andorra y Tarazona vuelven a ser los escenarios de las principales convocatorias sindicales en Aragón para este jueves, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Los sindicatos CGT, CUT, OSTA, SOA, CNT, ISTA, IA, STEA, STEPA, CCOO y UGT llaman a la ciudadanía a movilizarse por sus derechos. También se organizan actos en homenaje a las personas asesinadas por el fascismo.
El sindicato STEPA ha realizado una acción de protesta en Binéfar –La Llitera–, donde el ministro de Función Pública, Óscar López, ha participado en un acto “coincidiendo con la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Función Pública en el que podrían aprobarse nuevas medidas para sancionar el abuso de temporalidad, que en el Gobierno de Aragón bate récords”
El sindicato aragonés pide un cambio de rumbo en la administración para garantizar el cumplimiento de las leyes de estabilización y "poner fin al caos y deterioro de servicio público". El último boletín de la DGA muestra que, de los 70.000 empleados públicos, casi la mitad sigue con contratos temporales, a pesar de los intentos de estabilización y los recortes de personal. “El Gobierno del PP incurre en una continua falta de transparencia”, denuncian.
La medida, aprobada en mayo y modificada en octubre tras las críticas de STEPA, obliga a cesar automáticamente a las y los trabajadores temporales a los tres años y en otros supuestos, aunque "también permite saltársela en casos excepcionales". El sindicato aragonés ha presentado un recurso contencioso-administrativo, admitido ya a trámite por el TSJA, contra una "ilegal extralimitación de funciones, que convierte al director general de Función Pública en legislador", tras haber demandado sin éxito su retirada. "El Ejecutivo del popular Jorge Azcón sigue agravando el deterioro del servicio público y con un índice de temporalidad desbocado que intenta maquillar con actuaciones sin sentido como esta", denuncian.
Los sindicatos STEPA y CATA se han concentrado este miércoles ante la sede en Zaragoza de Función Pública del Gobierno de Aragón “para reclamar al PP que deje de cesar interinos con incluso décadas de experiencia y cumpla las sentencias de la UE y la legislación propia que instan a su estabilización”. “Faltan médicos, faltan profesores, faltan administrativos, y sin embargo siguen los ceses masivos de personal interino en abuso de temporalidad, el próximo tendrá lugar este viernes 1 de noviembre, cuando se incorporen a sus nuevos destinos los más de 600 funcionarios de carrera del segundo macroconcurso de traslados”, enfatizan.
La denominada Unión Sindical contra la Temporalidad en el Empleo Público, compuesta por un crisol de sindicatos, ha movilizado este sábado, 19 de octubre, a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público en abuso de temporalidad en una manifestación en Madrid
A juicio del sindicato “los resultados del concurso de traslados” así lo indican. “No ha habido candidatos para 3.207 de las 3.872 plazas ofrecidas a los funcionarios de carrera mientras se continúa echando a la calle a quienes las ocupan”. STEPA afirma que “el ejecutivo del popular Jorge Azcón sigue provocando el deterioro del servicio público, mantiene una alarmante temporalidad y perpetúa un continuo baile de destinos que afecta a la calidad del servicio público, agravando la situación al imponer el despido automático de los temporales a los tres años o si el titular pasa a un puesto diferente, dejando el puesto sin cubrir”
Vuelta al cole, vuelta a las calles. Este miércoles Zaragoza, Uesca y Teruel fueron escenario de movilizaciones "contra los recortes, la improvisación y el caos" al que el Gobierno de Jorge Azcón ha sometido a la educación pública. "Por un educación de calidad para todos y para todas: ¡Defendamos la Escuela Pública!", fue el lema principal de las protestas convocadas por la comunidad educativa, familias, docentes, sindicatos y partidos.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos oficiales del Gobierno de Aragón siguen mostrando la "desastrosa política de gestión de la temporalidad" del Gobierno de Jorge Azcón: una de cada dos personas empleadas es interina
El gobierno de coalición PP-Vox-PAR liderado por Jorge Azcón, “después de incumplir totalmente la Ley 20/21 y no estabilizar a 17.000 interinos en fraude, se agarra a un punto de la norma que pretendía evitar el abuso de temporalidad en el futuro para realizar otro despido masivo”, resalta el sindicato aragonés, y recalca “la total incompetencia de los responsables del Departamento de Hacienda y Función Pública, dirigido por el consejero Roberto Bermúdez de Castro”
Así lo señala el sindicato aragonés STEPA, que destaca que “el atasco en servicios básicos como la dependencia o el INAGA” demuestra que el gobierno PP-Vox-PAR de Jorge Azcón “ha aumentado la nefasta gestión de personal y el deterioro de la administración del anterior gobierno” de Javier Lambán
El sindicato aragonés ha celebrado, con un acto reivindicativo en la sede del Gobierno de Aragón, la sentencia que exige “que todas las empleadas y empleados públicos que superen los tres años con contratos temporales deben convertirse en fijos”. La decisión del Tribunal europeo afecta directamente a unos 3.500 trabajadores y trabajadoras de la DGA “y debe hacerse también extensiva a los 17.000 interinos en abuso de temporalidad”
Así lo denuncia el sindicato STEPA, que se concentró en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para “alertar de las consecuencias de pérdida de calidad del servicio sanitario por estos ceses, que afectan a un colectivo vulnerable al tratarse en su mayoría de mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares”, responsabilizando a Jorge Azcón “de no cumplir con la Ley de estabilización de personal temporal” y de “las graves consecuencias que esto puede tener para la llegada de fondos europeos”
Estas acciones del sindicato aragonés forman parte de la campaña de protesta que está llevando a lo largo de febrero, que se destaca como "un mes decisivo" tras el macroconcurso de traslados en la DGA que ha supuesto el inicio de nuevos ceses masivos de temporales que amenazan con un "colapso de la administración"
El sindicato aragonés avisa de que el macroconcurso de traslados de este 1 de febrero, cuando se moverán de puesto 1.050 trabajadores y trabajadoras, supone que "perderán su empleo unos 200 trabajadores temporales y quedarán vacantes y sin atender otros tantos puestos". Denuncian las "mentiras" de Azcón al frente de un Gobierno de Aragón que "sigue sin cumplir con las leyes sobre los derechos de las y los trabajadores temporales", y avanzan un "colapso de la administración".
El sindicato asegura que la norma que incorpora al ámbito legal aragonés la Directiva europea de protección de los informantes es “papel mojado por la falta de desarrollo”, medio año después de su aprobación. La DGA “incumple con la obligación legal impuesta por la Unión Europea. A Jorge Azcón y su gobierno se les llena la boca denunciando desigualdades y arbitrariedades, pero en la práctica no muestran ningún respeto por la ley”, recalcan.
El sindicato aragonés, tercera fuerza en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, anuncia una avalancha de acciones y movilizaciones ante "el incumplimiento del PP de la ley" y "de su compromiso electoral de estabilizar a los temporales de larga duración"