El porcentaje de temporalidad en la DGA es del 45,8%, según el último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos oficiales “ponen de manifiesto el absoluto fracaso de la política de gestión de personal del gobierno de Jorge Azcón y el PP, pese a los ilegales despidos masivos de temporales en abuso y las declaraciones triunfalistas, que han situado este índice incluso en la mitad del ahora demostrado”.
A la fecha del último Boletín, la plantilla de la administración aragonesa estaba compuesta por 60.437 trabajadores y trabajadoras, 27.713 temporales (45,8%) y 32.724 fijos (54,2%). En el momento de celebración de las últimas elecciones aragonesas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran de 59.800 trabajadores y trabajadoras, 30.500 de ellas temporales, el 51%, “por lo que el índice de temporalidad apenas se ha reducido en un 5%. Además, el documento no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley, cerca de 17.000”, subrayan desde STEPA.
El Gobierno de Aragón “oculta la realidad”
STEPA ha recordado que el consejero de Hacienda y Función Pública de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro “presumió en las Cortes de Aragón de una rebaja histórica del número de interinos, asegurando que en 2024 se había reducido al 30%, y ahora sus propios datos han mostrado que era, simple y llanamente, una mentira”. En otro ejemplo, este mismo mes de julio el Departamento de Sanidad ha presentado un plan para reducir “una temporalidad del 26%”, pero lo que dice el Boletín estadístico es que el número real es el 44,9%, aseveran desde el sindicato.
La organización sindical ha subrayado que la misma publicación del Boletín es “una muestra más de la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre “pero se ha presentado el de diciembre de 2024 en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente, fuera del periodo de sesiones de las Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales, como el de realizar un mapeo de los trabajadores en abuso de temporalidad”, recalcan.
STEPA ha recordado también “los cientos de plazas docentes que han quedado sin cubrir en las últimas oposiciones”, para incidir en que “los reiterados anuncios desde el Gobierno de Aragón sobre las ofertas públicas de empleo convocadas son solo falso autobombo”. y la repetida meta de llegar a fin del presente año a un 20% de temporalidad “una quimera”. También han subrayado “el incumplimiento flagrante de la ley por el Gobierno de Aragón”, que fija un máximo del 8% de contratos temporales, y ha recordado que “la falta de acción contra el abuso de temporalidad en el sector público ya ha supuesto para el Estado español un recorte de 626 millones en los fondos europeos NextGen”, y que mantener esta situación “dará lugar a nuevas sanciones”. Por ello, ha reclamado “un giro total de una política con graves consecuencias para toda la ciudadanía”.
El panorama real de la temporalidad en la DGA
El Boletín estadístico revela que a 31 de diciembre de 2024, la plantilla de la administración aragonesa estaba compuesta por 60.437 trabajadores, de los que 27.713 (45,8%) tenían contrato temporal y 32.724 eran fijos (54,2%). Por sectores, la temporalidad es especialmente alta en Administración General (48,6), frente a Educación (46,8%) y Sanidad (44,9%).
Respecto al anterior Boletín, de junio de 2024, la temporalidad se ha reducido en un 1,8%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 562 empleados más “lo que muestra que la mayor parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo”,indican desde STEPA.
“En diciembre había menos trabajadores públicos que en junio en los servicios generales, en Educación y en Sanidad, pero es evidente que no se necesitaba atender menos necesidades, Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados”, asevera STEPA.
Respecto a los datos de junio de 2023, cuando el PP llegó al Gobierno de Aragón de la mano de la ultraderecha de Vox “la mejora ha sido mínima. En esa fecha, por primera vez, el número de empleados públicos temporales superó al de fijos y llegó a suponer el 51% de la plantilla, así que la reducción ha sido de cinco puntos, un porcentaje que supone un total fracaso según la ley, que imponía como obligación no superar el 8% a fin de 2024, con la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, que el Gobierno de Aragón ha incumplido por completo”, enfatizan desde STEPA.
Los datos del Boletín oficial muestran que el gobierno de Azcón “también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas, y así el porcentaje de empleados con destino fijo está en el 47,2%. Tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad apenas ha variado de 46,7 a 46,4 años”, destaca el sindicato.
Para STEPA, el dato más “sangrante” de la gestión del gobierno de Jorge Azcón “es la destrucción de plazas en la Administración General. En su mandato, el número total de trabajadores en la DGA, ha aumentado en 643 personas, pero han sido más las suprimidas en este sector, que tiene 660 empleados menos, y es la causa del atasco en servicios básicos”.
“El Gobierno de Aragón incumple la Ley”
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón recalca que, según los datos de la EPA, en el cuarto trimestre de 2024 la tasa de temporalidad en el Estado español fue del 15,5%, el 12,4% en el sector privado y el 28,8% en el público. “Es decir, la DGA supera en más del triple la proporción de contratos temporales en las empresas y es también sensiblemente peor que en otras Administraciones Públicas”, destacan.
STEPA subraya que la razón es “la insumisión del Gobierno de Aragón a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización, con lo que ha incumplido el mandato de la Ley estatal 20/21. De esta manera, los responsables de vigilar por la calidad del empleo y de castigar el abuso de temporalidad siguen siendo los principales incumplidores de la directiva europea 199/70/CE, que obliga a que las necesidades permanentes estén cubiertas siempre con contratos fijos”.
Las denuncias “por este histórico incumplimiento” motivaron la aprobación de la Ley 20/21, que permitía consolidar el puesto de trabajo “en un proceso extraordinario a los empleados públicos que llevaran más de tres años encadenando contratos temporales”. Según los cálculos de STEPA “cerca de 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla, podía acogerse a esta posibilidad, pero el Gobierno de Aragón, no ha realizado el mapeo de estos puestos, pese a que era un acuerdo incluido en la ley de presupuestos de 2024 (los últimos que Azcón ha sido capaz de aprobar), ha convocado una cantidad mínima, sin justificar sus números, y ni siquiera ha concluido en plazo estos procesos, que debían haber finalizado el 31 de diciembre y haber servido para que la temporalidad no superara el 8%”, aseguran desde STEPA.
“Este incumplimiento de la obligación de castigar el abuso de temporalidad va a suponer nuevas sanciones europeas, como la reciente por las indemnizaciones de despido, a los que habrá que sumar las indemnizaciones judiciales a las víctimas”, aseguran desde STEPA. Para dar solución definitiva, el sindicato demanda que “la nueva Ley de Función Pública de Aragón, ahora en preparación, incluya una disposición transitoria para que todo el personal afectado por abuso de temporalidad permanezca en su puesto actual con los mismos derechos y bajo el mismo régimen de estabilidad e igualmente se restituya de oficio en su puesto, a todas las personas cesadas que hayan recurrido administrativa o judicialmente el acto”, concluyen desde STEPA.
