El abogado Javier Araúz, impulsor de algunas de las principales sentencias europeas sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas, aseguró este miércoles en Zaragoza que las recientes resoluciones judiciales suponen “pasos agigantados” hacia la estabilización de las personas interinas que encadenan años de contratos temporales.
Araúz participó en una charla organizada por el sindicato STEPA, donde analizó las consecuencias de los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo. Según explicó, Europa sigue presionando al Estado español para que adopte medidas efectivas contra el abuso de la temporalidad en el sector público y advirtió de que el procedimiento abierto por la Comisión Europea podría derivar en sanciones económicas.
Durante su intervención, el jurista defendió que la solución pasa por una ley estatal que permita estabilizar al personal afectado. “La precariedad laboral en las Administraciones Públicas es una esclavitud del siglo XXI y tiene que derogarse”, afirmó.
Araúz rechazó además la idea de que solo una oposición con plaza permita acceder a la condición de personal fijo. Recordó que todas las personas que acceden al empleo público han superado algún proceso selectivo y reivindicó la experiencia acumulada por quienes llevan años desempeñando su trabajo en las administraciones.
El abogado también puso el foco en Aragón. Según los datos aportados por STEPA, alrededor de 20.000 personas trabajadoras de la Diputación General de Aragón se encuentran en situación de abuso de temporalidad, una cifra que equivaldría a aproximadamente un tercio de la plantilla. Por ello, calificó a la Administración autonómica como uno de los principales incumplidores a nivel estatal.
Frente a esta situación, destacó que numerosas administraciones locales aragonesas han avanzado más en el reconocimiento de la estabilidad laboral de sus plantillas. Araúz concluyó animando a las personas afectadas a continuar reclamando sus derechos por la vía administrativa y judicial, convencido de que los avances logrados en los últimos años son fruto de esa movilización colectiva.
