El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) reclama “la conversión en fijos a extinguir de todos los funcionarios interinos en abuso de temporalidad” mediante la aprobación inmediata por parte del Gobierno del Estado español de un decreto ley. “Debería ser la respuesta a a las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Rimvydas Norkus”, aseveran desde STEPA, que destaca que su pronunciamiento avala “la fijeza como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría un colapso económico y judicial”.
Norkus ha respondido a una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo (TS) tras la “condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al Reino de España por no tomar medidas contra el abuso de temporalidad en el sector público”. El TS preguntó si había obligación de convertir en fijos a estos interinos, como ocurre en el sector privado, o si sería suficiente aumentar la indemnización por despido, actualmente fijada en 20 días de salario por año trabajado.
Asimismo, el abogado general ha señalado que “la UE no exige necesariamente la fijeza”, pero incide en que “es una solución jurídicamente válida y proporcionada” y destaca que “el ordenamiento jurídico español no contempla actualmente una alternativa que suponga tanto una sanción para las Administraciones incumplidoras como un resarcimiento justo para el trabajador víctima del abuso”. Así señala que “ni la indemnización legal máxima correspondiente a treinta días por año de servicio, con un límite de veinticuatro mensualidades, permite la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso” y reclama un nuevo sistema, con cuantías mucho más altas.
“La fijeza es el único camino”
Por todo ello, STEPA señala que “este contundente pronunciamiento muestra que, como siempre hemos defendido, la fijeza es el único camino y la mejor solución para los afectados, las arcas públicas y los ciudadanos”. Aunque las conclusiones del abogado general todavía deben ser asumidas por el Tribunal de Justicia en su fallo definitivo, el sindicato reclama “al Gobierno de Pedro Sánchez actuar ya y aprobar de manera urgente una norma que garantice el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad de todas las Administraciones Públicas, así como de los ya cesados que presentaron reclamación contra su despido”. En la misma línea, en el ámbito de sus competencias “debería actuar el ejecutivo aragonés de Jorge Azcón”, subrayan.
El sindicato ha incidido en que “el reconocimiento a los interinos en abuso como personal fijo a extinguir es una figura totalmente constitucional y reconocida, que por ejemplo se aplicó a los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua”. Además “servirá para cumplir ya con la exigencia europea de disminuir la temporalidad en el sector público. Y, sobre todo, permitirá recuperar a miles de trabajadores, con años de experiencia y dedicación, y romper el deterioro de los servicios públicos”, aseguran.
Por el contrario, indican que “si el TS opta por las indemnizaciones, esto supondrá un quebranto del erario público porque al importante aumento de las cantidades se va a sumar que todas las víctimas se van a animar a demandar”. Igualmente subraya que “la Comisión Europea estaba esperando estos pronunciamientos para acelerar los procedimientos de infracción contra el Estado español, por lo que el Gobierno de Sánchez está acorralado”.
Finalmente, STEPA ha resaltado que este dictamen del abogado general “tiene especial trascendencia en Aragón, ya que la tasa de temporalidad en la DGA es del 46% (27.700 de un total de 60.400 trabajadores y trabajadoras), sensiblemente peor que en otras Administraciones Públicas”. Según sus cálculos “cerca de 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla, podrían lograr la fijeza al estar en fraude de ley tras años e incluso décadas de abuso de temporalidad”.
