El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha solicitado a las Cortes de Aragón la creación de una comisión de investigación para determinar por qué el Gobierno de Aragón ha incumplido de "forma flagrante" en las dos últimas legislaturas su obligación legal de reducir la alta temporalidad. "Tampoco ha tomado las suficientes medidas contra el abuso de estos contratos, como sí han hecho el resto de instituciones y administraciones aragonesas", señala STEPA que considera que "esta incorrecta aplicación, la peor de todas las comunidades autónomas, ha tenido un impacto directo y muy negativo en hasta 20.000 trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad y en toda la ciudadanía".
El sindicato ha anunciado la presentación de esta solicitud en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, donde este miércoles por la mañana ha desgranado un informe sobre el abuso de temporalidad en el empleo público de Aragón en los últimos cinco años. En él se muestra que este problema está en crecimiento "y compromete la calidad y sostenibilidad de los servicios". Por ello, ha reclamado que se resuelva la situación de las personas afectados mediante nuevos procesos de estabilización o declarando su condición de fijos a extinguir.
STEPA señala que los datos oficiales del último "Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón", publicado este mismo mes, muestran la gravedad del problema y el "total fracaso" del Ejecutivo de Jorge Azcón y el PP para reducir la temporalidad. El 47,7% de las personas empleadas tiene contrato temporal, cuando no deberían sobrepasar legalmente el 8%. STEPA calcula que, además, 20.000 están en situación de abuso "y evidencian la insumisión del Gobierno de Aragón a cumplir la ley 20/21, que exigía que todas estas plazas se ofrecieran en concursos de estabilización".
"Esta falta de respuesta vulnera derechos laborales, deteriora la calidad del servicio público y expone a Aragón y al Estado español al riesgo de sanciones millonarias. Garantizar esta protección no es solo una obligación legal, sino una cuestión de justicia y sostenibilidad para los servicios públicos", ha incidido STEPA.
La representación del sindicato ha expuesto en su comparecencia ante las y los diputados aragoneses, para reclamar su intervención, que "la Ley 20/2021 no cumple con Europa, pero mientras esté vigente, hay que cumplirla, y el Gobierno de Aragón no lo ha hecho".
STEPA ha señalado que el ordenamiento jurídico del Estado español sigue sin trasponer debidamente, "26 años después de su publicación" la directiva europea 1999/70/CE, que "exige que todos los empleadores cubran sus necesidades permanentes con contratos fijos". "Mientras que en el sector privado los infractores se enfrentan a sanciones que incluyen la fijeza de los trabajadores al sobrepasar los tres años con contratos temporales, el sector público ha sido un histórico incumplidor", continúa el sindicato.
La amenaza de sanciones llevó a la aprobación de esta Ley 20/21, que obligaba a ofrecer estas plazas en ofertas extraordinarias de estabilización. "Sin embargo, el Gobierno de Aragón no realizó lo esencial: identificar las plazas susceptibles de incluirse, pese al mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular", ha denunciado STEPA.
De esta manera, la gran mayoría de las víctimas del abuso de temporalidad no han visto reconocidos sus derechos "con ofertas ridículas, que solo alcanzaron el 10% de las plazas ocupadas por personal temporal". "Se ofertaron apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021, en su mayoría mujeres mayores de 50 años, que no solo han visto limitado su derecho a la estabilización, sino que en muchos casos han sido despedidas, sin compensación", incide STEPA.
Además, "este impacto ha trascendido a la sociedad aragonesa, como evidencian las noticias sobre la falta de personal en institutos, oficinas comarcales agroambientales o Inaem, afectando directamente a toda la ciudadanía". "Si a la exclusión del personal temporal con notable experiencia acumulada se une la alta rotación y la falta de relevo generacional, las consecuencias son retrasos, menor eficacia y deterioro progresivo en la atención", recalca el sindicato.
"Determinar las causas y responsabilidades"
Ante esta situación, STEPA ha reclamado crear una comisión de investigación "con el objetivo de esclarecer el grado real de aplicación de la Ley 20/2021 por parte del Gobierno de Aragón, así como determinar las causas, responsabilidades y consecuencias derivadas de su incumplimiento".
Esta reclamación se ha formulado en la comparecencia y también se ha presentado formalmente mediante un escrito de petición. Según el reglamento de las Cortes, su constitución, que tiene que ser aprobada por el pleno, puede ser promovida por dos grupos parlamentarios, por lo que STEPA ha señalado que contactará con los distintos representantes "en defensa de las víctimas del abuso y de la calidad del empleo público en Aragón".
"El fin es determinar si Función Pública está cumpliendo con los requerimientos del ordenamiento jurídico; tanto en la actual etapa, con el PP, como en la anterior, con Javier Lambán y el PSOE. Fue entonces cuando se aprobó la ley estatal y se publicó la primera oferta ilegal de plazas de estabilización, que tampoco se ha solucionado luego con Jorge Azcón, pese a que el Partido Popular se comprometió por escrito", detalla el sindicato.
En la Comisión de Peticiones, también ha pedido "instar al Gobierno de Aragón a cumplir con su obligación de aprobar todas las plazas omitidas en las ofertas de empleo público; para garantizar transparencia, corregir errores y dar respuesta a la ciudanía y al personal afectado". Igualmente, ha solicitado que respalden la propuesta que ha llevado a la Ley de Función Pública de Aragón de estabilizar a las personas afectadas por el abuso, en activo o ya cesadas, como personal fijo a extinguir "una vía real para reparar el daño, dar seguridad jurídica y evitar nuevas sanciones europeas".
El 48% de las personas empleadas en la DGA son temporales
El sindicato ha abogado por acabar con la "intolerable temporalidad en la DGA2, que el Ejecutivo de Jorge Azcón "intenta maquillar en sus declaraciones", pero que "es patente en los datos oficiales". "Según la Ley 20/21, la tasa de temporalidad debía estar por debajo del 8% a fecha 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, según el último Boletín estadístico de la DGA, con datos de 30 junio de 2025, se acerca al 48%, incluso resolviendo todas las convocatorias pendientes, es imposible alcanzar el objetivo legal", sostiene el sindicato.
En la fecha del último boletín, la plantilla de la administración aragonesa estaba compuesta por 62.097 trabajadores y trabajadoras, 29.617 temporales (47,7%) y 32.480 fijos (52,3%); "pese a que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, han declarado en varias ocasiones que la temporalidad había quedado por debajo del 30% ya en 2024", afea STEPA.
"En el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.794 trabajadores en total y 30.540 temporales, el 51%, por lo que el índice de temporalidad se ha reducido en poco más del 3% en dos años. Además, el porcentaje de temporales en el anterior Boletín, a 31 de diciembre de 2024, era del 45,8%, por lo que el empleo fijo ha retrocedido dos puntos en los últimos seis meses de este año, lo que pone de manifiesto el absoluto fracaso de la política de gestión de personal del Gobierno de Aragón", recuerda el sindicato.
Por otra parte, STEPA afirma que la DGA se niega a especificar cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley "despreciando la transparencia a la que está obligada, el mandato de la última Ley de Presupuestos y el compromiso que adquirió el PP con este sindicato antes de las elecciones". La fuerza sindical estima que "en estos momentos son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total". Y añade: "Esta cifra no deja de crecer, ya que en los últimos años calculábamos que eran 17.000".
Como resumen, STEPA ha señalado que el Gobierno de Aragón "ha incumplido la Directiva Europea, la Ley estatal y su propia Ley de presupuestos; ha causado mucho sufrimiento a miles de trabajadores con muchas décadas de dedicación, y ha afectado gravemente al funcionamiento de la Administración y sus servicios básicos, lo que justifica plenamente esta Comisión de Investigación".
Igualmente, ha incidido en que la estabilización sin oposición es un sistema que "ha avalado claramente la Unión Europea" como "solución para evitar las sanciones, que ya se están produciendo, por no respetar la normativa de calidad en el empleo". También ha recordado la "discriminación injusta" del propio Gobierno de Aragón, ya que "se niega a aplicar esta posibilidad en otras categorías profesionales, pero se está ya empleando con los médicos, con una norma que permite obtener la plaza fija en puestos de difícil cobertura tras tres años de contrato temporal".
Finalmente, STEPA ha preguntado a los diputados y diputadas si van a permitir "una plantilla envejecida y precarizada, porque de la respuesta a esta pregunta dependerá la calidad de los servicios públicos de los próximos años".
