El “extenso y documentado informe” que ha presentado esta mañana a la Representación de la Comisión Europea en Madrid la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, una plataforma que aglutina a organizaciones y sindicatos de interinos entre los que está el aragonés STEPA, afirma que “la Unión Europea no puede autorizar la concesión al Estado español de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas”.
El informe detalla cómo la “administración pública española lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa estatal válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además denuncia que cuando el Gobierno del Estado español preparó este Plan de Recuperación, en abril de 2021, “ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público y las cifras de puestos ocupados temporalmente que habría que transformar en fijos para reducir la temporalidad al 8%”.
Según muestran los últimos datos oficiales, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras temporales es del 32,2%, “casi un millón de personas, una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. Además, el 76% de la temporalidad “se da en las administraciones autonómicas”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), tercera fuerza en la Administración General de la DGA, ha subrayado la importancia de dar por fin solución a un problema que afecta de forma especial a nuestro país “con una temporalidad por encima de la media, y que llega al 43,35% de los empleados autonómicos”, según su cálculo “unos 20.000 tienen derecho a la estabilización en su puesto que se reclama a la Comisión Europea”.
“27 años sin cumplir con la normativa europea”
El Informe de situación sobre el abuso de temporalidad en el empleo público “actualiza y reafirma las conclusiones del documento ya presentado hace año y medio y resalta que el Estado español sigue sin cumplir con la normativa europea por no haber transpuesto, 27 años después, la Directiva 1999/70/CE que obliga a que los puestos que cubren necesidades permanentes estén cubiertos con personal fijo, pero es sistemáticamente vulnerada en el sector público”.
Todo ello, a pesar de que en el último año se han producido varios hitos relevantes. En primer lugar, la Comisión Europea ha continuado avanzando en un procedimiento de infracción contra el Estado español, que puede desembocar en una sanción. También ha declarado incumplido el compromiso de reducir la tasa de temporalidad en el sector público por debajo del 8%, ligado a recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) y ha bloqueado el pago de 626 millones.
Finalmente, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a reiterar que los procesos de estabilización para el personal temporal, como los de la Ley 20/2023, no son una solución válida, porque ni garantizan la reparación ni castigan a la Administración abusadora.
La conclusión de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal es que “la única solución es una nueva ley estatal con una medida de estabilización real del personal en situación de abuso y sólo del personal en abuso, junto con la reparación de la infracción del Derecho de la Unión para todas las víctimas”.
El informe es muy crítico tanto con el Gobierno del Estado español “en el que los responsables de Función Pública nunca han recibido a los representantes del personal afectado”, como con el Tribunal Supremo y los sindicatos mayoritarios por su falta de respuesta. Igualmente, incide en el total fracaso de las iniciativas puestas en marcha para reducir la temporalidad mediante convocatorias extraordinarias de estabilización.
“Es evidente que el Estado español mintió a la Comisión sobre el volumen de temporalidad en el sector público. El compromiso adquirido de estabilizar 300.000 plazas era claramente insuficiente”, señala el documento. Por otra parte se subraya que el enfocarse en las plazas y no en las personas, “ha tenido el efecto contrario al esperado: el cese de miles de trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad.
Como primer efecto de esta mínima oferta, “al menos tres cuartas partes del personal en abuso de temporalidad, alrededor de 500.000 empleados públicos, no han podido consolidar su puesto mediante el concurso de méritos, dado que el número de plazas convocadas representó menos del 20% de la temporalidad existente”.
Los sindicatos de interinos denuncian “una falta total de transparencia sobre el número de plazas convocadas” por parte del Estado y, en especial, de las Comunidades Autónomas, que destacan como el gran nicho de la temporalidad.
“Los últimos datos oficiales del Registro Central de Personal, que recopila los datos de los efectivos al servicio de todas las Administraciones Públicas, Estatal, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, cuentan un total de 3.107.195 trabajadores y trabajadoras, de los que son temporales 999.738, el 32,2% del total. Sin embargo, en la Administración General del Estado, la temporalidad es del 4,6%, en las Administraciones Locales llega al 35,7% y en las Comunidades Autónomas supera el 38,7% de media”, destacan.
“Dado que las autonomías son las principales empleadoras públicas, con más de 1.900.000 trabajadores, concentran el 76% de la temporalidad, casi 750.000 personas. El número de plazas sacadas a concursos de estabilización ha sido de 142.400, de esta manera, el número de plazas convocadas ha sido inferior al 20% y debería haber rondado el 80%, si realmente se hubiera aplicado el mandato legal a la totalidad del fraude de ley por abuso de temporalidad acumulado”, aseguran.
Aragón tiene una temporalidad cinco puntos por encima de la media
El sindicato asegura que “dado que el número de personas empleadas en la Administración Pública no ha aumentado de forma significativa en los últimos años, la única explicación posible para unos porcentajes de temporalidad tan altos es que la gran mayoría de estos puestos llevan siendo ocupados de manera temporal durante muchos años y por tanto, que se encuentra en fraude de ley por abuso de la temporalidad, conforme a la normativa europea”, señala el informe.
Además STEPA ha recalcado que “dentro de la general inobservancia de la ley por los gobiernos autonómicos, Aragón está a la cabeza de los infractores y es la quinta comunidad en índice de temporalidad, con un 43,25% de personal con contratos temporales, cinco puntos por encima de la media”.
“El Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a estabilización, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes”, ha recordado el sindicato. De esta manera “la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos: con ofertas ridículas, que solo alcanzaron el 10% de las plazas ocupadas por personal temporal. Se ofertaron apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021, que en muchos casos han sido despedidos sin compensación”.
“La única alternativa económica y socialmente viable”
La transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos es también defendida como “la única alternativa viable económicamente, que no suponga la ruina de las arcas públicas y un incremento del déficit, ya que de optar por el pago de indemnizaciones a las víctimas la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.
Además supone también evitar un importante problema social, ya que como consecuencia de los procesos selectivos comprometidos en el Plan de Recuperación “van a ser cesados o despedidos 600.000 trabajadores temporales, el 70% mujeres con una edad media de 50 años, con nula reinserción laboral”. Por el contrario, esta solución “evitará el desmantelamiento de los servicios públicos, manteniendo los empleados con mejor formación y experiencia de años, que continuarán dando un servicio público de calidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta, el volumen de jubilación en los próximos diez años”.
Como conclusión el informe de STEPA y los sindicatos de interinos demanda a la Comisión Europea su actuación para “no consentir violaciones flagrantes y masivas de derechos fundamentales europeos para lograr un objetivo económico y de bienestar. Los trabajadores víctimas del abuso de contratos de duración determinada deben ser protegidos aplicando los derechos fundamentales europeos”.
