En 1991, el alcalde de Ejea firmó un convenio (que no se hizo público hasta 30 años después) con el Gobierno de Aragón para construir en el municipio una residencia pública de la tercera edad. Antes de erigirse, perdió las elecciones, pero el centro se construyó: finalmente fue privado (aunque nadie sabe si recibió dinero público) y el exalcalde se convirtió en su director. Así empieza este turbio relato.














